Ilustración Marcelo Calquin

El 28 de diciembre de 2000 la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins resucitó. La empresa, que durante la década del 70 y parte del 80 integró el grupo económico del Banco Hipotecario de Crédito y Fomento (BHC), de propiedad de Javier Vial Castillo, uno de los empresarios más ricos e influyentes de esa época, llevaba casi dos décadas sin movimientos financieros. El 14 de marzo de 1983, un convenio extrajudicial preventivo de quiebra la dejó sólo como una empresa de papel: sin capital, bienes, trabajadores ni movimientos financieros. Tal era el abandono, que los papeles que le devolvieron la vida ese 28 de diciembre permanecieron guardados y empolvados por más de 17 años en unas bodegas que la familia Vial tenía en el Fundo La Palma, en Pomaire.

A diciembre de 2000, la propiedad de esta sociedad había cambiado. En agosto de ese año, Javier Vial Castillo se la vendió a la familia Said, que entre otras empresas es dueña de un porcentaje de Parque Arauco, del banco BBVA y de Embotelladora Andina, holding que agrupa a marcas como Coca Cola y Vital. La única razón del negocio -ponga atención- era el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) negativo que tenía Libertador Bernardo O’ Higgins.
En palabras simples, el FUT es un libro donde se anotan las utilidades o pérdidas que las empresas arrastran. Si una sociedad tiene utilidades debe pagar el Impuesto de Primera Categoría. Si hay pérdida, no paga nada. En este caso, Libertador Bernardo O’Higgins tenía una atractiva y abultada pérdida tributaria de $46.283.837.955.

Ese 28 de diciembre, Osvaldo Garay Arriola, representante legal de la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins y director de la compañía Vital S.A., presentó -en un solo acto- las 13 declaraciones tributarias anuales (formulario 22) al Servicio de Impuestos Internos (SII), que Libertador Bernardo O’Higgins no había presentado desde 1987. Eso le dio vida a este “zombi”. Al día siguiente esta sociedad se fusionó con Vital S.A. La primera, una empresa sin bienes y sin trabajadores, extrañamente, absorbió a la segunda, una empresa sólida y con utilidades al año 2000 por $8.137.553.340. La idea era descontar de la pérdida tributaria de Libertador Bernardo O’Higgins las grandes utilidades que estaba generando Vital S.A. Con esto se ahorrarían pagar el Impuesto de Primera Categoría hasta que el saldo fuera positivo.

Así, el 1 de enero de 2001 Vital S.A. -la que resultó de la fusión- ya no tenía utilidades. Su negocio estaba con números rojos: $38.146.000.000 en pérdidas. Durante los años 2002, 2003 y 2004 esta cifra negativa le permitió a Vital ahorrarse $1.820.000.000 en impuestos.

La Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins no fue la única empresa que los abogados de Javier Vial revivieron. Más de 16 sociedades “zombis” del grupo BHC fueron a parar a los pujantes holding de los grupos económicos más grandes del país. Pero no les salió gratis, en el 2002 el SII inició una investigación y las auditorías para recuperar los dineros no pagados. Según un informe de este servicio, entre el 2001 y el 2004, las pérdidas que esta veintena de empresas le originaron al fisco es tan grande, que cuesta leer la cifra: $24.521.682.331 (veinticuatro mil quinientos veintiún millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y un pesos). Un poco menos que lo que recaudó la última Teletón.

EL ORIGEN DEL ARDID

A comienzos de la década de 1980, uno de los principales grupos económicos del país era el BHC, de Javier Vial Castillo, que controlaba el Banco Hipotecario de Chile, el Banco de Chile y el Banco Andino. El grupo económico, además, enlistaba unas 150 sociedades productivas y de inversión que se financiaban con los préstamos de estos bancos, y que traspasaban los recursos obtenidos a sociedades relacionadas. Es decir, lo que era deuda en una sociedad era crédito en la otra. El 13 de enero de 1983, en medio de una de las mayores debacles financieras del país, la dictadura militar intervino el Banco Hipotecario y el Banco de Chile, y cortó todos los créditos que alimentaban a las firmas del BHC.

Las empresas del grupo Vial no pudieron pagar los préstamos y se formó una gran telaraña de deudas. Como muchas de las sociedades de inversión no tenían bienes ni trabajadores, porque no los necesitan para funcionar, la liquidación del patrimonio no alcanzó para pagar los créditos. Muchas de las comisiones liquidadoras, con funciones similares a las de un síndico, terminaron su trabajo en el año 1985, dejando a las sociedades con deudas, pero sin activos. Entre esos años, también, se dejó de llevar la contabilidad y el grupo se desintegró.

El proceso dio origen a una causa penal por estafa, que se cerró en el año 2005 sin culpables, tras 22 años de tramitación y luego que muriera Javier Vial. La defensa del grupo estuvo en manos de dos reconocidos abogados: Alberto Coddou Claramunt -que también asesoró al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su fideicomiso-, y Aníbal Correa Barros. El primero de estos juristas fue quien recomendó, a fines de 1983, que Javier Vial mantuviera la propiedad de las sociedades. Para eso le encargaron al abogado Alfredo Farías Parada, quien trabajaba con Vial desde 1981, y a Juan Peña García de la Huerta, quien era jefe de compra de otra empresa del grupo BHC, que adquirieran las acciones a nombre de ellos, pero por encargo de Vial.
-Las acciones las compramos con dinero de Javier Vial Castillo en unos $200 el paquete. Esto, ya que Vial no podía figurar con bienes a su nombre, porque eran embargados por el Banco de Chile -contó Alfredo Farías al SII el 10 de marzo de 2005.

En el 2000, Javier Vial le pidió a Farías y Peña que le traspasaran todas las acciones a la Sociedad Agrícola y Comercial O’Brian, de su propiedad, y a la Sociedad Longitudinal S.A., del empresario y abogado panameño Rolando Candanedo, quien estaba vinculado al abogado Aníbal Correa. Según Farías, las sociedades, que no tenían bienes ni estaban regularizadas, fueron traspasadas a un valor simbólico, mil pesos aproximadamente por empresa. La idea era reactivarlas para -según la defensa del empresario- demostrar la inocencia de Vial.

-En el juicio penal se acusaba a la directiva del grupo BHC de estafa, por haber otorgado créditos del Banco de Chile a las sociedades del mismo grupo. Las quiebras eran importantes, porque si quienes obtuvieron los créditos no habían cometido delito en la administración de sus empresas, no podía existir la estafa en haber otorgado dichos créditos -declaró al SII el abogado Alberto Coddou.

El proceso de reactivación de las sociedades lo encabezó, en lo penal, Alberto Coddou, quien pidió los sobreseimientos y declaración de quiebra fortuita en todos los juicios de las sociedades que estaban en la causa por estafa. De la parte civil se encargó el abogado Alfredo Farías, quien además había trabajado en el departamento de delitos tributarios del SII, entre 1977 y 1981.

Todos los involucrados dicen que el negocio de vender sociedades con pérdidas nació accidentalmente.
-De las cerca de 150 empresas que formaron el grupo BHC, unas 10 o 12 fueron regularizadas. Durante este proceso, las propias auditoras y otros profesionales del mercado advirtieron la posibilidad de que estas sociedades podían ser enajenadas al amparo de la legislación vigente en ese momento -dijo a los fiscalizadores del SII el abogado José Aníbal Correa Barros.

Mientras los abogados de Javier Vial apelaron a que esto era una elusión tributaria, el SII consideró que estas empresas “evadieron” impuestos. Argumentaron que las sociedades no existían desde 1987, cuando dejaron de presentar sus declaraciones. En un informe interno, que los fiscalizadores elaboraron con todos los antecedentes del uso de las sociedades en pérdida del BHC, para el jefe de investigación de delitos tributarios, el SII concluye que la única razón para adquirir estas sociedades “es una supuesta pérdida tributaria que les permitiera evadir el pago de los impuestos que debían satisfacer, al imputar dicha pérdida a sus crecientes utilidades”.

LOS QUERELLADOS

La pérdida tributaria que la empresa Vital S.A. usó fue el único caso de las empresas del BHC que llegó a la justicia. El proceso fue conocido como la “causa Vital”.

El 17 de julio de 2004, Juan Toro, director del Servicio de Impuestos Internos de ese tiempo, se querelló en contra de los vendedores y compradores involucrados en el negocio, en el 33 Juzgado del Crimen de Santiago. Por estos últimos estaban Osvaldo Garay Arriola, César Vargas Pacheco y Augusto Veas Rojas, todos como representantes legales de la Sociedad Vital S.A. Toro responsabilizó también a los máximos ejecutivos de Embotelladora Andina: Jaime García Rioseco, vicepresidente ejecutivo, y Pedro Pellegrini, gerente general del grupo y hermano de Manuel Pellegrini, ex entrenador del Real Madrid.

Los querellados como vendedores eran el contador Carlos Jiménez Olea, representante legal de la Sociedad Agrícola y Comercial O’Brian, de propiedad de Javier Vial, y el ex coronel de Carabineros Sergio Ravanal Seguel, representante de la Sociedad Longitudinal S.A., del abogado y empresario panameño Rolando Candanedo. Ambos aseguran que ellos sólo fueron la cara visible del negocio. Así lo dicen sus declaraciones contenidas en el informe Nº 7438 que la PDI elaboró en noviembre de 2004.

-El que decidió la venta por parte de O’Brian fue don Javier Vial Castillo. Los dineros por concepto de la venta ingresaron a la contabilidad de la empresa vendedora -contó Carlos Jiménez Olea a los detectives.

Sergio Ravanal Seguel, agregó: “recibí instrucciones de Aníbal Correa respecto que la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins S.A. se iba a vender. Prepararon el documento de la venta y lo tuve que firmar en la notaría. Ignoro quiénes compraron y el precio de la venta. No recibí ningún dividendo. Firmé el contrato como representante legal de la sociedad Longitudinal S.A. una vez que don Javier Vial había aceptado el precio que se le había propuesto en las negociaciones”.

Los tres tomos que llegó a tener la “causa Vital” explican el negocio e identifican seis etapas, desde que las empresas de papel son reactivadas hasta que los compradores evaden el pago de los impuestos.
-La conducta desarrollada es especialmente grave toda vez que trasunta una maquinación, una planificación, cuyo único objetivo ha sido defraudar al fisco -dice la querella.

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

El primer paso de este negocio fue la reactivación de las empresas con pérdidas del BHC. La mayoría de las sociedades que este grupo vendió fueron resucitadas durante el año 2000, luego de una exhaustiva revisión de las cuentas. Este proceso estuvo a cargo, en primera instancia, de dos contadores: Arturo González Pérez y Raimundo López López. Los informes elaborados por el SII permiten contar cómo fue la intrincada tarea de darle vida a estos “zombis”.

González declaró al SII que su trabajo consistió en “poner al día las contabilidades de unas 20 empresas del grupo BHC”. Tuvo -dijo- que estudiar, clasificar y ordenar los antecedentes contables y administrativos que Javier Vial y el abogado Alberto Coddou le proporcionaron.
El centro de operaciones fue un departamento ubicado en la calle San Pío X, en la comuna de Providencia. Allí funciona hoy la auditora de Raimundo López, quien en ese tiempo asistió a Arturo González en la confección de los libros de balances. Hasta esa oficina llegaron cajas y cajas con todos los papeles que Vial había guardado en las bodegas del Fundo La Palma.

Para darle vida a estas empresas muertas no fue necesario un ritual, ni magia, ni hechiceros. Bastó con un equipo de astutos contadores, de destacados abogados y de prestigiosas auditoras, para que las contabilidades quedaran al día.
El rudimentario trabajo se hizo a pulso, sin hojas de cálculos ni computadoras. Los contadores llenaron día a día los casi 18 años de celdas en blanco que tenían los libros. La querella repara en un burdo detalle: “los registros que se realizan desde el año 1981 hasta 1999, aparentemente los hacen con el mismo tipo de lápiz y letra mano escrita”.

Según explica una fuente que estuvo en la oficina de San Pío X, ese año se conformó un equipo de tres contadores que revisaron y reajustaron los intereses de las deudas que las empresas del BHC no pagaron. Así nació la pérdida tributaria. Cada análisis duró tres semanas. El informe en borrador era revisado por una auditora reconocida, como Deloitte, Arthur Andersen, o Price Waterhouse Coopers, hoy también cuestionada por sus malas prácticas en el caso La Polar.

Pero las auditoras no sólo se dedicaron a revisar los balances. En el mercado se había echado a correr la voz de que Javier Vial había abierto su “tienda de empresas con pérdida” y las auditoras fueron el “buitre” del negocio. En el caso de la compra que hizo Embotelladora Andina fue Cristián Lefevre, socio de Arthur Andersen, hoy llamada Ernst & Young, el que comenzó con las gestiones. Esta era la segunda etapa del negocio.

Lefevre declaró a la PDI que Andina le había pedido que buscara una empresa con $27 mil millones de pérdidas. Se contactó con el abogado Aníbal Correa Barros y en una reunión en el estudio de Alberto Coddou, le preguntó si había alguna sociedad en venta: “según recuerdo su primera respuesta fue que no, pero después dijo que sí y nos entregó los antecedentes de la Sociedad de Inversiones Marmolejo, que tenía una pérdida de poco más de $28 mil millones”.
Pero Marmolejo no cumplía con todos los requisitos. Ahí apareció el nombre de la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins, que al año 1983 mantenía una deuda de $250 millones con otras sociedades relacionadas del ex BHC, como Hoteles Sol de Viña del Mar o Inversiones Hualañé. Según un informe pericial contable del OS9, a ese dinero le aplicó un interés máximo y un reajuste. Al año 2000 tenía una pérdida de arrastre de $46.283.837.955. Una cifra para sobarse las manos.

Pedro Pellegrini, gerente general del grupo Andina, declaró a la PDI que las motivaciones para comprar una empresa con pérdida las tenían desde 1997. Y agregó que fue Osvaldo Garay Arriola, representante legal y director de Vital S.A., quien se hizo cargo del negocio:

-Buscábamos una empresa con FUT negativo, con vendedores serios, con monto y precio razonable, y con antecedentes relativamente completos. En la evaluación de empresas con pérdidas nos asesoró Price Waterhouse. La opinión de Price Waterhouse para nosotros era trascendental, lo que ellos demoraron en analizar los antecedentes de la empresa fue lo que nosotros nos demoramos en sentarnos a negociar, último proceso que demoró una semana.

En la auditora el negocio quedó en manos de Germán Campos Kennett, socio de Price Waterhouse desde 1988. Campos encabezó un equipo que se encargó de revisar los aspectos tributarios y legales de la sociedad. El trabajo se hizo sólo por acuerdo verbal.

Antes de cerrar el trato, los ejecutivos de Andina tomaron la decisión de dejar expresamente escrito que el negocio se hacía únicamente para aprovechar las pérdidas. La firma del contrato de compra y venta de acciones fue el 16 de agosto de 2000, en la Sexta Notaría de Santiago. El grupo Andina adquirió la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins a través de dos empresas: Andina Inversiones Societarias S.A. y Andina Bottling Investments.
-Las sociedades compradoras tienen el interés de adquirir la sociedad antes indicada (Libertador Bernardo O’Higgins) siempre y cuando las pérdidas tributarias mencionadas sean legal y tributariamente aprovechables al 1 de mayo del año 2001 –dice el contrato.

Además se fijó una cláusula llamada “Condición Suspensiva”, que resguardaba a Andina ante cualquier problema que pudiese surgir -ley, decreto, norma jurídica, interpretación u oficio del SII- y que no la dejara hacer uso de las pérdidas que estaban comprando. También se dejó constancia que la sociedad Libertador Bernardo O’Higgins no tenía empleados.

El precio que Andina pagó por la pérdida de $46.283.837.955 estaba dividido en dos paquetes accionarios. La Sociedad Agrícola y Comercial O’Brian S.A. cobró $77.580.781 y Longitudinal S.A. $33.296.473.

Si esto hubiese sido un juego, la teoría matemática diría que esto es un “win win”. Es decir, un negocio donde ambas partes ganan. Sin embargo, en este mundo de los resquicios, en el extraño mercado donde las pérdidas se convierten en utilidades, también hay perdedores. El fisco es uno de ellos.

LA FUSIÓN

Price Waterhouse Coopers entregó un informe final sobre el estado de la pérdida de la Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins el 7 de noviembre de 2000. Llegaron a la conclusión de que la pérdida era aprovechable y que nada ilegal había en la operación. El texto se lo enviaron a Pedro Pellegrini y a Osvaldo Garay. En marcha estaba la tercera etapa del negocio: sanear la empresa para dejarla lista para el siguiente paso.

Ese mismo mes, el 30 de noviembre, en una junta de representantes de accionistas, el perito independiente Luis Álamos -que contrató Andina para auditar las empresas- entregó una copia de un informe que comparaba los estados financieros de las sociedades Vital y Libertador Bernardo O’Higgins. Era el primer paso para una fusión. Según el informe, el resultado de ésta no alteraba en nada las finanzas de la empresa resultante. Algo así como una multiplicación por uno. Ponga atención, porque los números son grandes, y las diferencias entre ambas sociedades también. Mientras Vital tenía un patrimonio total de $9.804.647.490, el de Libertador Bernardo Ohiggins alcanzaba los -$115.891; mientras Vital tenía un saldo de utilidades tributables de $8.137.553.340 (FUT positivo), Libertador Bernardo O’Higgins acarreaba pérdida de $46.283.837.955 (FUT negativo). Una fusión de vivos con muertos.

La primera noticia que el directorio de Vital tuvo sobre la compra de Libertador Bernardo O’Higgins fue el 4 de diciembre de 2000. En una sesión extraordinaria se les informó que iban a fusionar esta empresa con pérdida con Vital.

El 28 de diciembre Osvaldo Garay presentó las 13 declaraciones anuales de impuestos que Libertador Bernardo O’Higgins había dejado de presentar desde 1987. Al día siguiente ocurrió la fusión. En la IV notaría de Santiago, de Eduardo Pinto Peralta, quedó el registro de la operación. Fuera de toda lógica comercial, fue Libertador Bernardo O’Higgins la que absorbió a Vital. Es decir, una empresa sin trabajadores, con deudas, con pérdidas y que había estado sin movimientos financieros y productivos desde 1987, amalgamó a una sociedad que tenía un futuro esplendor. Según el informe 43-A, que el SII elaboró para presentar el caso a la justicia, la nueva empresa mantuvo el RUT de la sociedad con pérdida, pero adoptó el nombre de la que tenía utilidades. Según los ejecutivos de Andina, ésta era la única forma que había para hacer el negocio.

-Las normas legales dicen que la única que puede hacer uso de las pérdidas tributarias es la empresa que las generó. Es decir, las pérdidas están asociadas al RUT, por lo que a contar de esa fecha seguimos trabajando con el RUT de Sociedad de Inversiones Libertador Bernardo O’Higgins S.A., pero con el nombre de Vital, ya que le cambiamos el nombre a la empresa absorbente –declaró Osvaldo Garay a la PDI.
El traspaso de la contabilidad manual de Libertador Bernardo O’Higgins a los sistemas computacionales de Vital marcó el fin de la fase cuatro del negocio.

“EVADIENDO” IMPUESTO

Al 1 de enero de 2001 Vital S.A. no sólo tenía un RUT distinto. Sus utilidades por $8.137.553.340 se habían descontado de los $46.283.837.955, quedando con una pérdida de $38.146.284.615. En tres días los números convirtieron a esta empresa en un muy mal negocio, pero eso no era real. En la práctica, Vital S.A. seguía igual de competitiva que antes. Tenía una proyección de crecimiento de un 27% de sus utilidades tributables anuales, salvo que ahora no pagaría impuestos por ellas.

La situación fue tan descarada que Vital S.A. no sólo descontó los impuestos por las utilidades. Según dice el relato que Osvaldo Garay le dio a la PDI, el 30 de abril de 2001 Vital S.A. presentó su declaración de impuesto a la renta. Como ahora el negocio tenía pérdidas pidió una devolución millonaria del impuesto de primera categoría: $1.220.633.001.

La querella identifica esta etapa como la número cinco. Dice, además, que la sexta es la que le permite a Vital S.A. continuar evadiendo impuestos durante los años posteriores. Así lo hizo.

Según el informe 15-A, del SII, en los años siguientes Vital continuó descontando sus utilidades de las pérdidas que pertenecían a Libertador Bernardo O’Higgins. Ponga atención nuevamente: el 2002, Vital dejó de pagar al fisco $605.622.308 en impuesto de Primera Categoría; el 2003 $657.370.513; y el 2004 $519.766.821. Sumando todo, la compañía del Grupo Embotelladora Andina, en cuatro años, dejó de pagar la suma de $1.782.759.642. A esta cifra hay que agregarle los $1.220.633.001 que pretendían obtener como devolución.

La querella identifica actitudes dolosas tanto de la parte vendedora como de la compradora. Sobre los primeros, dice que “queda de manifiesto que hay sujetos cuyo negocio consiste en rescatar empresas que se encuentran inactivas, que han tenido millonarias pérdidas y que las ofrecen luego a distintas empresas para que éstas puedan rebajar sus cargas tributarias”. De los segundos, afirma que el dolo radica “en la realización de una serie de conductas tendientes única y exclusivamente a obtener una disminución indebida de la carga tributaria de la sociedad Vital S.A. y la obtención indebida de devoluciones de impuestos”.

Asombra que la resurrección de estos “muertos” sucediera a plena luz del día y que la ley tuviese espacios oscuros tan grandes como para generar interpretaciones tan diferentes.

EL TRIUNFO DE LOS ZOMBIS

La madeja comenzó a desenredarse en la Dirección de Grandes Contribuyentes, departamento del SII que se encarga de fiscalizar a las empresas y personas más ricas del país. La alerta la dio la millonaria devolución que solicitó Vital. Pero no fue la única que cayó. Hurgando en las contabilidades, descubrieron que muchos grupos económicos compraron las sociedades con pérdida del BHC. Un equipo del Departamento de Delitos Tributarios rearmó las operaciones y determinó la cantidad de dinero que debían. Se creó un procedimiento especial donde se citaba a los ejecutivos para cobrarles. Al verse expuestos, la gran mayoría de los empresarios pasó por caja.

-Ellos consideraban legítimos los negocios, pero al escuchar la argumentación del servicio se daban cuenta que su legitimidad era frágil, porque nosotros considerábamos que esto era una evasión dolosa. En estas reuniones participaron los más altos ejecutivos y en muy pocos días se resolvía el camino -recuerda Benjamín Schutz, ex subdirector de fiscalización del SII, el único ex funcionario que quiso hablar dando su nombre.
Para evitar que más casos se repitieran, a mitad del año 2001 el SII iluminó los espacios oscuros de la ley. Pretendía terminar con las interpretaciones antojadizas y reguló el uso de las empresas con pérdida, evitando nuevas avivadas. El cambio en la legislación, sin embargo, no impidió que se siguiera fiscalizando retroactivamente.

Pero el SII tuvo una dura derrota. Luego de tres años, el 22 de mayo de 2007, la “causa Vital” se sobreseyó definitivamente, por no acreditarse el delito. Como ningún abogado del servicio reclamó, en septiembre de 2007 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida.
Según recuerda Benjamin Schutz, el SII había estado invicto en batallas judiciales hasta esta causa. La omisión de los abogados al no apelar al sobreseimiento siembra dudas sobre cuál fue la señal que se quiso enviar al mercado.

Algunos de los ex funcionarios del SII con quienes conversamos para este reportaje y que trabajaron en las fiscalizaciones de las sociedades del BHC, identifican un punto de inflexión en esta historia: el arribo a la dirección del SII -en marzo de 2006- de Ricardo Escobar, sobrino del ex presidente Ricardo Lagos.

Habría sido Escobar -que venía del estudio Carey, donde había sido abogado tributario- y el subdirector jurídico de la época, Pablo González Suau, quienes dieron la orden de no apelar. Según se comentaba al interior del servicio, el argumento era que simplemente no era importante cobrar estos dineros.

-No sé si hay una motivación política o fáctica, pero el nuevo director llegó con una misión y una de las cosas que se hicieron bajo su período fue dejar morir estas causas -dice un ex subdirector del SII.

Otra versión pone un matiz. Concuerda en que esta causa se dejó morir, pero previamente la administración de Ricardo Escobar, al darse cuenta que el SII podría perder el juicio, se arregló a la buena con Vital.

Iván Beltrand, subdirector de fiscalización del SII, argumentó que por secreto tributario no puede hablar de casos particulares, pero que en términos generales las empresas que usaron pérdidas devolvieron los dineros y “los intereses del fisco quedaron rectificados”. Respecto de la querella contra Vital, agrega que esta tenía un efecto disuasivo que se logró.

-Si se llega a un acuerdo con la empresa, se eliminan las pérdidas que se utilizaban y la empresa rectifica sus declaraciones de impuestos pagando lo que dejó de pagar, se llega a buen término desde el punto de vista del interés fiscal… El SII se la juega entero por recaudar, en la medida en que esto se cumple está ok. Ese es nuestro fin último -agrega Beltrand.

El arreglo a la buena, sin embargo, dejó sin sanciones los delitos que los contribuyentes cometieron. Un trato especial que ejemplifica la delicadeza que tuvo el SII con Vital y el resto de los grandes contribuyentes involucrados en la compra de las empresas con pérdida del ex grupo BHC.
Intentamos hablar con Ricardo Escobar, quien ahora ostenta un alto cargo en la auditora Ernst & Young (American Tax Policity Leader) pero no le interesó responder a nuestras preguntas. Pablo González, en tanto, se excusó argumentando que no podía hablar de nada relacionado con su ex cargo. Los abogados Alberto Coddou y Aníbal Correa recibieron nuestros mensajes, pero no quisieron hablar. Pedro Pellegrini, quien ahora es abogado del estudio Guerrero y presidente del Directorio de la Casa de Monedas de Chile, dijo no tener tiempo porque estaba en reuniones. Los otros ejecutivos de Andina tampoco respondieron nuestros llamados.

*En el próximo número de The Clinic: las otras empresas que intentaron usar el beneficio de las sociedades “zombis” del ex grupo BHC.

Colaboración: Carola Julio