Al vivir en sociedad, los seres humanos acordamos ciertos aspectos básicos de la convivencia que tienen como objetivo el ‘bien común’ y el ‘interés colectivo’. Por ejemplo, deseamos la paz y armonía social, repudiamos los abusos y la desigualdad, nos duelen las injusticias y la pobreza, nos escandaliza la corrupción y la evasión tributaria, y rechazamos la violencia social y familiar. Para los ‘libertarios extremos’ (que se topan con los anarquistas) las personas se deberían arreglar por sí solas, el Estado no debería regular nada, es decir ‘cada cual se debería rascar con sus propias uñas’; por ello aplauden un Estado pequeño, débil y por ende una tributación bajísima, suelen descalificar al mundo político y muchos de ellos asocian Estado a ineficiencia, y pobreza a flojera.

Sin embargo la historia de la humanidad, las sociedades más avanzadas y desarrolladas que solemos poner como ejemplo, demuestran que la construcción de una nación requiere de esfuerzos persistentes de todos los ciudadanos, que rinden frutos maravillosos a mediano y largo plazo, y que el rol del Estado, de la empresa (mercado) y de la sociedad civil resultan fundamentales para salvaguardar que dicho crecimiento sea integral, justo y humano.

La codicia es el más grande enemigo del cual se cuelgan muchos para estimular el crecimiento del PIB y señalar luego que vivimos en un país exitoso. A ella poco le importa el bien común, no le desvelan las desigualdades e insiste en la desregulación del mercado para mantener su apetito incontrolable de riqueza y la alta rentabilidad de sus inversiones (ojalá con una carga insignificante de impuestos). Esa es la codicia que ha llevado a varias empresas y naciones a la ruina, es la que hace sentir a algunos dueños de los países, inversionistas imprescindibles e insustituibles, casi elevados al rango de ‘santidad’, como si le hicieran un favor al Estado y que gracias a su actividad ‘los otros pueden vivir’.

Lo publicado en el número anterior del The Clinic acerca de la gran evasión-elusión tributaria de varias empresas chilenas (y grupos empresariales) en décadas pasadas demuestra que la codicia no tiene límites, que inclusive llega a tal grado de insensibilidad que puede aprovecharse de situaciones dolorosas desde el punto de vista social para enriquecerse, deteriorando la vida personal, familiar y comunitaria, y empobreciendo la política pública.

¿Por qué varias empresas y empresarios en nuestro país prefieren donar dinero a obras sociales y no pagar los tributos que corresponden ni los salarios que en justicia -y de acuerdo a sus utilidades- deberían pagar? Simplemente por desconfianza y nuevamente por algo de codicia, no creen que el Estado lo haga bien y desean mantener un nivel alto de utilidades teniendo la libertad de donar a lo que ellos consideren importante.

Si bien el problema de la ejecución de las políticas sociales no se debe sólo a la falta de recursos si no que también se vincula a la deficiente gestión, se reconoce de todas maneras que es urgente el adicionar recursos económicos como se demuestra en la necesidad de una educación igualitaria, acceso a una salud de calidad y a lograr viviendas dignas ubicadas en lugares que favorezcan la integración social.

El dinero no pagado en los impuestos (eludido o evadido) enriquece más a quienes ya tienen mucho y priva de oportunidades de desarrollo a quienes menos poseen bienes y capital económico, es fuente de desigualdad social y por lo tanto de malestar social, y es la cuna de la injusticia que posteriormente se expresa en violencia. Cuando hablamos de `empresas (empresarios) socialmente responsables’ partamos por cumplir lo que en justicia nos corresponde hacer y tengamos como horizonte prioritario el ‘bien común’ y no el ‘bien individual’.