Si no fuera ocioso y pretencioso, qué ganas de decir “te lo dije”. Tantos estuvieron meses y meses señalando que el Caso Bombas era una causa que no se sostenía, que se había construido en base a infracción de garantías, que tenía prueba ilícita, impertinente e insuficiente y que respondía a la obstinación irresponsable y tendenciosa del fiscal (hoy ex) Peña y del ministerio del Interior.

No hay sorpresa en la absolución salvo la valentía de los jueces en dictarla, pese a la presión insistente de autoridades, investigadores, medios y prejuicios.

Una investigación que se llevó por años por un fiscal que no encontró antecedentes para acusar a nadie y que al ser traspasada al Elliot Ness del MP da un vuelco y con sólo darle una lectura diferente al cúmulo de evidencias que había acumulado, logra un éxito rotundo, deteniendo a los culpables que nadie había logrado adivinar. Un fiscal Peña que renuncia a la fiscalía para asumir un puesto en el ministerio del Interior cuando ya ha hecho su tarea.

Deja imputados presos, deja miles de pruebas insustanciales y deja una acusación por delitos terroristas instalada.

Desde siempre, las complicaciones de la causa han sido numerosas y variadas. Desde lo político a lo mediático. Y ha estado rodeada de denuncias y cuestionamientos. Como los peritajes presentados como pruebas en juicio que no pertenecían a quienes aparecían como sus autores, como el intento de recusación a los jueces que conocían de la causa, como la difusión del mito de que los bombazos terminaron apenas se apresó a los anarquistas.

Afortunadamente gracias a la gran labor de la defensa las cosas corrieron por otro carril. Hicieron palpable la verdad de que sin defensa no hay justicia. Sin el trabajo acucioso de sus defensores, el de ellos sí, otro gallo cantaría.
Los delitos existieron. Se investigaban cerca de un centenar de instalaciones de bombas o artefactos incendiarios ocurridos en los últimos 4 años. Y cada uno de ellos tiene un culpable que hay que perseguir para sancionar. Pero debe ser el auténtico responsable y no chivos expiatorios que sirven para mostrar triunfos temporales y mentirosos que no alcanzan sino para un titular.

Este resultado genera un daño no sólo al prestigio del ministerio público y el ministerio del Interior, poniendo en duda su eficiencia, sus intenciones y objetivos e imparcialidad, sino también a los principios y fundamentos del sistema procesal penal. No han respetado la presunción de inocencia, no han hecho valer estándares exigentes de prueba para intentar destruirla y han afectado a todos y cada uno de los ciudadanos que debiéramos estar protegidos por ella.
En parte en todo caso, se podría decir que ambas instituciones han logrado su objetivo. La duda está sembrada y mucha gente piensa que se trató de un problema de prueba y no de que los acusados fueran inocentes. La persecución de ideas campea oronda por la autoridad y obtiene con esta causa su triunfo limitado de instalar que grupos como anarquistas o mapuches son por esencia terroristas. Sólo falta probarlo. Minucias.

Y ¿qué hacen para intentar probar los hechos y sobre todo la participación de algunas personas? Pues recurren al subterfugio de darles antojadizamente el carácter de terroristas para poder investigar con las ventajas espurias que entrega la ley de delitos terroristas.

De Cañete pocos se enteraron. Persecución a mapuches, abuso de los mecanismos que entrega la ley antiterrorista, acusaciones livianas y faltas de evidencia llevaron a absoluciones y a que no se calificaran los hechos como terroristas. Un resultado silencioso que sin embargo es tan similar al de hoy.

Nuevo daño social, del que instituciones públicas no sólo no se hacen cargo sino que lo alientan, sembrar la idea de que en Chile existe terrorismo, con financiamiento, organización y poder, aunque no haya nada de eso.
Pero este fracaso no puede ser gratuito para quienes lo propiciaron. Meses de privación de libertad de inocentes que sólo piensan diferente no puede quedar impune. Irregularidades a raudales no pueden dejarse como anécdotas. Alguien debe responder por ello y sabemos quién.