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Opinión

12 de Junio de 2012

Comisión de Relaciones Exteriores exigirá antecedentes a Moreno sobre denuncia de espionaje en Bolivia

El ministro de Relaciones Alfredo Moreno concurre hoy a la instancia parlamentaria para explicar además el impasse diplomático que tuvo el país en la última reunión de la OEA en Cochabamba. En la oportunidad deberá ahondar en las razones que lo llevaron a iniciar una investigación por un supuesto espionaje en el consulado chileno en La Paz, tal como lo dio a conocer ayer este diario.

Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
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A las 15.30 de hoy el canciller Moreno enfrentará a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para entregar su versión respecto al impasse diplomático que Chile tuvo con Bolivia, en el marco de la asamblea que la OEA realizó en Cochabamba.

Moreno, además, deberá responder las preguntas de los parlamentarios sobre una investigación por espionaje que se realiza en el consulado de Chile en La Paz, divulgada ayer por The Clinic Online, donde aparece vinculado un funcionario formalizado por el robo de discos duros desde la Cancillería que aún permanece en su cargo.

El presidente de la instancia, el PPD Jorge Tarud fue preciso: “Quiero saber los antecedentes que tiene la Cancillería sobre la denuncia de espionaje”.

El parlamentario indicó que la situación debe ser aclarada, porque está en directa relación con lo sucedido en Cochabamba, donde Chile debió enfrentar varias hostilidades por parte del gobierno vecino en torno a la salida al mar. En todo caso explicó que los temas de esta naturaleza deben ser analizados con prudencia.

Grave a simple vista

Su colega de la DC, Gabriel Ascencio, opinó en la misma línea: “Todo es muy raro, demasiado raro. Prometo que no lo entiendo, así que le llevaremos el texto publicado por ustedes para que el canciller nos cuente de qué se trata, si la investigación es reservada o si no lo es, así veremos qué nos dirá, aunque de todas formas hay que oír sus explicaciones, pero parece grave a simple vista”.

La historia detrás de la investigación interna, a cargo del fiscal administrativo Ricardo Fiegelist, comenzó el pasado 4 de mayo, cuando dos funcionarios de informática -Alex Urra y David Bustamante- se reunieron con el canciller Moreno para explicarle las anomalías que existían en la unidad. La reunión tenía un contexto poco agradable para el ministerio, porque el 16 de marzo la PDI detuvo al ingeniero de la misma unidad, Jaime Castro, bajo el cargo de haberse robado discos duros, aparentemente vacíos, los que vendió en $ 100 mil.

La sospecha sobre Castro comenzó a crecer, porque no cuadraba que un profesional con un sueldo de 2,3 millones de pesos mensuales cometiera un hurto de poca monta. Aunque Castro confesó ante el Ministerio Público y todo el mundo lo vio salir de la Cancillería con los detectives, la autoridad lo mantuvo en su puesto e inició una indagatoria interna. Con esos hechos ya claros, de todas formas a fines de abril fue enviado en comisión de servicio a la embajada de Chile a Buenos Aires para revisar las redes, aún cuando estaba en entredicho.

Veinte días transcurridos desde la reunión con Moreno, el secretario de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Aemre) Alex Brito, resolvió protocolizar ante notario el resumen del encuentro.

En dicho documento, al que accedió este diario, Urra y Bustamante le aseguran a moreno que Castro ingresó a la oficina del consejero de la legación diplomática chilena en Bolivia, Rodolfo Montecinos, donde procedió “a realizar trabajos que aparentaban acciones de espionaje… con la finalidad de perjudicar sus funciones diplomáticas”.

Al respecto, existe también una segunda versión y es que el propio Castro habría descubierto una conexión desde la oficina de Montecinos hacia un servidor hasta ahora desconocido. En la Cancillería se especula que el “espejo” refractaba al espionaje boliviano. En todo caso, hasta ahora no hay pruebas formales, pero de todas formas el canciller deberá explicarlo hoy a los parlamentarios.

La declaración jurada ya está en poder del Ministerio Público y del fiscal administrativo Ricardo Fiegelist.

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