Justicia pide investigar en Chile asesinato de secretaria de Orlando Letelier

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de forma unánime, ordenó que se investigue y sancione en Chile el asesinato de la ciudadana judía-estadounidense Ronnie Moffitt, la secretaria del ex canciller Orlando Letelier, ambos muertos en un atentado con explosivos el 21 de septiembre de 1976, en Washington DC.

El tribunal de alzada estimó que no procede considerar este caso como un proceso con el principio de “la cosa juzgada”, ya que por el crimen de Orlando Letelier, la Corte Suprema condenó en noviembre de 1993 a siete años de presidio al ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) – policía secreta del régimen militar que operó hasta 1978 – el general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda y al ex director del organismo, el brigadier en retiro, Pedro Espinoza Bravo, como autores intelectuales del ataque terrorista en pleno centro de la capital estadounidense.

En el fallo, los ministros Jorge Zepeda, Mario Rojas y Jessica González aseguran que “la querella deducida para investigar el homicidio de Ronnie Moffit, no ha sido materia de pronunciamiento judicial que produzca el efecto de cosa juzgada que se requiere en materia penal, motivo por el cual, se revoca la resolución apelada de catorce de noviembre de dos mil once, escrita a fojas 374 y siguiente, dejándose sin efecto el sobreseimiento definitivo y en su lugar se dispone que se repone la causa al estado de sumario, debiendo el juez disponer lo pertinente para agotar la investigación, dictando la resolución que en derecho corresponda” dice la sentencia.

Esto porque el año pasado el ministro Mario Carroza había cerrado el caso entendiendo que existía el principio de la cosa juzgada por ser hechos ya sancionados por los tribunales chilenos.

La investigación por la muerte de Moffitt era parte de las acciones judiciales que había interpuesto el propio Poder Judicial chileno para indagar los hechos y presuntos responsables que aparecían como víctimas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de 1992.

En enero del año pasado, la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó un total de 726 querellas ante el ministro Mario Carroza por víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y respecto de las cuáles no había ningún tipo de acción judicial.