A sólo cuatro días del plazo fatal que impuso el ministerio de Educación para que las instituciones de Educación Superior (Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales) entreguen sus estados financieros, apenas 17 de las 173 existentes han hecho llegar la información al Mineduc.

Así lo señaló el ministro Harald Beyer, quien explicó que además sólo 7 de ellas ya presentaron la información completa solicitada por el ministerio. Estas son la universidades de Chile, Alberto Hurtado, La Araucana, Del Pacífico, el IP Hogar Catequístico y el CFT Insalco. En tanto, las universidades Gabriela Mistral, de Aconcagua, de Talca, de Tarapacá, de Valparaíso, Academia de Humanismo Cristiano, Finis Terrae más el CFT U Valpo, el CFT Alberto Vera y el Instituto IPG han enviado información incompleta.

Los datos que deben entregar estas instituciones suman una Ficha Estadística Codificada Uniforme de Educación Superior y una Declaración de Responsabilidad de Veracidad de la Información. Eso va, según explicó Beyer, desde los balances anuales, pasando por sueldos de directivos, información de socios, empresas relacionadas y arriendos de los edificios ocupados, algo que según el propio titular del Mineduc podría llevar a detectar lucro.

“Lo que uno podría hacer es ver el gasto por arriendo y ver si son razonáblemente cercanos a lo que serían precios de mercado. Si es que no son cercanos, uno tiene derecho a pensar de que ahí ha habido una extracción de excedentes ilegal”, señaló.

De no entregar la información al 30 de junio, el Mineduc puede cursar multas de hasta 100 UTM a las instituciones, lo que según el ministro es una sanción “modesta”, y estaría evaluando una intervención judicial para que las instituciones que no entreguen la información lo hagan por una vía legal.

Guiño a la Concertación

Respecto a la responsabilidad política de los gobiernos anteriores frente a estos casos de posible lucro en universidades, el ministro descartó falta de voluntad para condenar estos hechos, a pesar de que muchos de ellos eran de conocimiento público, como en el caso de la venta y compra de universidades.

“Yo pienso que actuaron de buena fe y no tuvieron suficiente información o la capacidad para fiscalizar esas transacciones. Estando en la postura de ellos hoy día entiendo y por eso promovemos la instauración de la Superintendencia”, dijo Beyer.

“Esto ha sido históricamente así y se ha adolecido de la capacidad de fiscalización. Si nos quedamos con la misma institucionalidad actual no podríamos hacer nada”, dijo el ministro, al tiempo que pidió rapidez para aprobar la creación de la Superintendencia de Educación Superior, instancia que le daría al ministerio las facultades para fiscalizar y auditar sin tener que recibir denuncias formales, tal como ocurre hoy día.

Actualmente, el ministro sólo puede mediante un decreto supremo pedir la revocación el reconocimiento oficial de la universidad junto al Consejo Nacional de Educación, medida que según el ministro no soluciona el problema y puede dejar a miles de alumnos sin institución.