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Opinión

29 de Junio de 2012

El colapso de la red sanitaria y la campaña de invierno

Es una característica de todos los años: la puesta en marcha por parte del Ministerio de Salud de la llamada campaña de invierno, la cual tiene por característica ejecutar una serie de medidas para enfrentar los problemas ligados a las enfermedades respiratorias que, no es ninguna novedad, suelen aumentar en la temporada invernal. Estas enfermedades […]

Matías Goyenechea
Matías Goyenechea
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Es una característica de todos los años: la puesta en marcha por parte del Ministerio de Salud de la llamada campaña de invierno, la cual tiene por característica ejecutar una serie de medidas para enfrentar los problemas ligados a las enfermedades respiratorias que, no es ninguna novedad, suelen aumentar en la temporada invernal. Estas enfermedades se vuelven aún más complejas dados los problemas de contaminación ambiental de nuestros centros urbanos.

En ciudades como Santiago esto se torna grave producto de las pésimas condiciones de ventilación de la ciudad. Este periodo también nos nuestra las enormes carencias que tiene nuestra red pública de salud, la cual está en situación de franco abandono por más de 30 años y ciertamente no da el ancho para enfrentar periodos de crisis como los que año a año se suceden en la capital.

La brutal desigualdad en salud

Una de las causas del actual estado de la salud pública, la podemos encontrar en el financiamiento que recibe. Es decir, en la desigual distribución del gasto en salud.

Las fuentes de los recursos que llegan al sector público provienen de dos grandes vías: las cotizaciones de los afiliados a Fonasa de los grupos C y D, quienes aportan 1,36% del PIB; y por otro lado el Estado a partir del aporte fiscal, aportando 2,05% del PIB. Esto nos da un total de 3,41% del PIB para financiar la salud de 13 millones de chilenos, es decir $ 326.552 per cápita. El gasto público de salud representa el 42,7% del total que gasta Chile en salud (8,4% del PIB).

El gasto privado es de 4,4% del PIB, de los cuales 1,7% PIB corresponde a los recursos que manejan las Isapres por concepto de la recaudación de las cotizaciones de salud de sus afiliados. De esta forma, el per cápita para los afiliados al sistema de Isapres llega a los $ 730.648, más del doble del gasto per cápita, de los afiliados de Fonasa.

Los restantes 2,7% del PIB en gasto privado corresponden al llamado “gasto de bolsillo” que hacemos todas las familias chilenas cuando compramos medicamentos, realizamos copagos para exámenes, consultas médicas, etc. Este es un gasto sumamente regresivo y nos muestra hasta qué punto la salud en estos últimos 30 años se convierte en un bien de consumo y deja de ser un derecho garantizado. No es un hecho menor que el 57,3% de lo que Chile gasta en la salud, termine en los bolsillos de los dueños de las clínicas e Isapres. En simple: el Estado chileno, con plata de todos nosotros, subsidia a los dueños de la salud privada.

Esta es la base estructural que debemos considerar a la hora de emitir un juicio sobre el colapso de hospitales públicos, consultorios y las interminables esperas en las urgencias. Estos hechos, que en momentos nos pueden parecer casi naturales y sistémicos, no son otra cosa que la expresión y reflejo de esa brutal desigualdad existente en el modelo, que consagra una salud para ricos y otra para pobres, al igual como sucede en Educación, vivienda y tantos otros tópicos.

Reducción del sector público y déficit de inversión

Razones de tipo más coyuntural también nos pueden dar algo de luz sobre las situaciones que se viven en el periodo invernal en la red pública de salud. Estas razones las encontramos en un déficit de inversiones en salud pública y, por consecuencia, en una reducción de la oferta pública, situación que se agrava luego del terremoto del 2010. En concreto, desde el 2003 hasta el 2008 el per cápita de inversión pública alcanzó los $6.508 en Chile; desde el 2009 hasta el 2011 la inversión aumenta, llegando a un per cápita de $15.429. Sin embargo, este aumento del gasto en inversión se explica principalmente por el gasto en la reconstrucción del país (y por consecuencia de la red pública de salud) y no por una intencionalidad de expandir y mejorar el sector público.

Si bien la inversión aumentó, no se pudo evitar una contracción de la oferta pública de salud que, entre el 2005 y el 2011, perdió 756 camas en la red pública, esto es, una reducción de un 2,7% de su capacidad. En el mismo periodo, las clínicas privadas aumentaron su capacidad en un 20,2%, equivalente a 1.025 camas nuevas. No está de más recordar en este punto que las transferencias de recursos del sector público a las clínicas alcanza los 1.000 millones de dólares anuales, o dicho en las palabras del actual director de Fonasa, las transferencias y compras que hace el Estado representan el 60% de la facturación total de las clínicas privadas.

También debe preocuparnos que durante el 2011 el presupuesto de inversión tuviese una ejecución que alcanzó sólo el 65,3%. En otras palabras, se dejó de gastar 86.531 millones de pesos. Lo complejo de esta situación es que son fondos que van directa o indirectamente a ampliar y renovar nuestros consultorios y hospitales, que hoy están al límite absorbiendo la creciente demanda.

Las carencias de la salud pública, que apreciamos prístinamente durante el invierno, son el reflejo de la brutal desigualdad que genera modelo socio económico chileno. La consolidación de este modelo requirió que derechos sociales como la salud y la educación, se transformaran en bienes de consumo, proceso que por acción u omisión, se viene implementando desde hace más de 30 años. Frente a esto, tenemos una responsabilidad ética, que implica cambiar el orden socio económico de Chile y específicamente en la salud, debemos generar un movimiento social capaz de lograr transformar la manera en que está implementada la red de salud chilena, no sólo en los periodos de crisis, pero más aún en éstos.

Matías Goyenechea vocero de Salud un Derecho.
Twiter: @mgoyenechea

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