Harboe: “La multa aplicada al Banco de Chile equivale a 758 pesos por cartola”

El diputado Felipe Harboe (PPD) se refirió en radio Cooperativa a la multa de 40 millones de pesos que recibió el Banco de Chile por el envío erróneo de cartolas de 52 mil cuentas corrientes. Consideró que “la multa aplicada al Banco de Chile es absolutamente insuficiente”.

El parlamentario dijo que “se requiere que la Superintendencia de Bancos actúe rápidamente cursando las multas correspondientes”. Harboe fue más allá, cuestionando el actual nivel de protección de los datos personales que existe en Chile: “queda de manifiesto que la ley de protección de datos personales no es el instrumento adecuado hoy día para proteger a las personas”.

Durante los últimos años Harboe dio una dura lucha por terminar con los abusos cometidos por Dicom, causa que ahora se vería efectuada con esta nueva filtración de antecedentes personales. El diputado declaró que: “Hay cientos de personas cuyos antecedentes bancarios están dando vuelta en manos de tercero que no tendrían que conocerlos. Eso es de extrema gravedad y requiere necesariamente que el gobierno modifique la ley de protección de datos personales para que nunca más este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir”.

Apenas 758 por cartola

El parlamentario dijo que el proceso de la sanción “ha sido rápido, pero en mi percepción ha sido insuficiente porque si uno saca el cálculo, le han cursado una multa al Banco de Chile por 40 millones de pesos y considera que fueron 52.770 los clientes afectados por el envío de cartolas erróneas, quiere decir que la multa equivale 758 pesos por cartola”.

Para fundamentar lo insuficiente que resulta está cifra, el legislador expuso que: “de acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Superintendencia de Bancos se pueden establecer multas hasta las 5.000 UTM (198.445.000 pesos), por lo que la multa actual es absolutamente insuficiente”.

Harboe, insistió en que es importante preguntarse sobre quién responderá por los eventuales daños, estafas, defraudaciones o chantajes que puedan sufrir los cuentacorrentistas que están en manos de terceros. A lo que admitió, “le gustaría” que el gobierno diera una respuesta.