Scotiabank obliga a firmar documentos a deudor del CAE que lo deja sin defensa legal

Hace dos semanas, Diego V. fue a regularizar el pago de sus cuotas del crédito con Aval del Estado a una sucursal del Scotiabank y terminó con un escrito en sus manos (Ver al final de la nota) que lo hacía renunciar a todas las herramientas legales a las que pudiera acceder en un supuesto juicio en su contra. En ella se daba por notificado de una demanda sin rol, tribunal ni monto específico adeudado, aún cuando acababa de quedar al día con la entidad financiera.

Una jugada maestra del banco, a juicio de varios juristas consultados, para quedarse con un resguardo en el caso de que vuelva a atrasarse en el pago y dejar de manos atadas a este estudiante, sin ninguna herramienta para defenderse. El chanchullo -hasta ahora desconocido por entidades que recogen denuncias de bancos- busca amedrentar a los deudores y de paso le ahorra al banco entre 70 mil y 100 mil pesos por el trámite de la notificación.

Demanda con elástico

Diego V. se metió en este tete el año 2007. Cursaba cuarto año de Derecho en la Universidad Central, postuló al Crédito con Aval del Estado y terminó firmando un contrato con el entonces Banco del Desarrollo por el pago de su cuarto año de carrera. De ahí lo siguió renovando por otros dos años, terminando con una deuda cercana a los 8 millones de pesos.

Hace tres meses empezó a hacer la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, y por descuido de él y su familia, quedó debiendo tres cuotas. El banco le avisó y junto a su madre, se dirigieron el miércoles 27 de junio a la oficina de cobranza del Scotiabank -banco que se quedó con la cartera de deudas del Banco del Desarrollo, una de las más grandes de ese tipo de deudores- a pagar antes que el tema pasa a mayores. Ahí fue cuando lo incitaron a firmar el subterfugio.

“Llegamos a la oficina y después de pagar las cuotas que debía, o sea, quedando al día, el ejecutivo que nos atendió nos entregó estos dos documentos diciendo: ‘deben ser firmados ante notario para ser presentados en el mismo banco y así las acciones judiciales que se siguen en su contra se paralizan’”, cuenta Diego.

Desconfiado, Diego aceptó los documentos y prometió llevarlos firmados de vuelta para estudiarlos más en detalle. Pero como en los papeles no se especificaba el ROL de la demanda ni el tribunal donde estaba ingresada, ingresó al sistema del Poder Judicial y revisó si efectivamente habían acciones judiciales por la deuda ya pagada.

En efecto, una demanda ejecutiva había sido presentada ante el 15° Juzgado Civil el 22 de junio de este año, cinco días antes que Diego fuera a pagar. Sin embargo, el tribunal pidió acompañar los documentos para acreditar la demanda en los futuros ocho días, trámite que al final no realizó y ayer 11 de julio de 2012, la causa se archivó y quedó en nada.

Sin embargo, de haber firmado esos documentos -que no tenían especificado el rol de la causa ni el juzgado en el que estaban presentados- hoy el Scotiabank podría utilizarlos para que en el futuro, en caso de que volviera a atrasarse, lo deje de manos atadas frente a un juicio y pueda en apenas dos días solicitar un embargo de sus bienas.

“El ejecutivo me entregó este escrito que esconde una práctica macabra por parte del banco que ocupa el amedrentamiento y la amenaza de un juicio ejecutivo para que yo me comprometa a pagar en condiciones a las acordadas por el crédito. Es insólito y lo peor es que esto le podría pasar a alguien que no sabe del tema y, como buen chileno, firma sin leer lo que dice el papel”, explica.

En efecto, el escrito no específica el ROL de la demanda “Banco Scotiabank Chile con XXXXXX XXXX” y tampoco lo hace el avenimiento (segundo documento adjunto), que deja en blanco el espacio para el número de ROL y con puntos suspensivos el número y comuna del Juzgado Civil donde se presentó.

Los descargos del Scotiabank

Consultado por The Clinic Online, el banco explicó que este caso en particular ha sido manejado con estricto apego a lo explícitamente normado por el Oficio 9/2010 de la Comisión INGRESA donde se establecen incluso los modelos que el Banco debe usar para Regularizaciones de Créditos Aval del Estado en Cobranza Judicial.

“En este caso particular hay un estricto cumplimiento del marco regulatorio del otorgamiento y normalización en casos de morosidad, y que dispone, en situación de normalización, la firma del avenimiento en cuanto pasa a ser este un nuevo instrumento ejecutorio”, dice en su declaración.

A eso, la entidad financiera agrega que “el proceso judicial se inicia al momento de entrar en Normalización, es decir, la cobranza judicial” y en consecuencia “el banco ha actuado de conformidad a la legislación vigente, específica para este producto”.

En efecto, el banco actuó conforme a la ley pero al menos con “mala fe”, a juicio de la abogada Karina Cárcamo, de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. “No existe algo ilegal en esto, pero sí al menos un indicio de mala fe del banco con el estudiante porque ese documento firmado lo imposibilita de defenderse ante un tribunal”, dice.

La abogada, junto con sorprenderse por la situación, explica que el banco puede volver a presentar una demanda contra Diego V. si lo estima conveniente, aunque haya dejado caer la actual con la que amenazó al estudiante.

Por esa razón, Cárcamo aconseja no firmar ningún papel que no tenga especificado el rol de la demanda y no atenerse a un documento que deje a un usuario sin poder presentar acciones, ya que estas prácticas “efectivamente pueden dejar indefenso al deudor en un posible nuevo juicio”.

Además, la jurista de Conadecus dice que hay que fijarse bien en los montos explicitados por el banco, porque en ellos pueden anotarse cifras distintas a las del pacto original, algo parecido a lo que le ocurrió a Cristián Villagrán -representante de los deudores Corfo- y por el cual terminó doblándole la mano al banco en forma inédita.

Sin precedentes

Villagrán, vocero de la agrupación de estudiantes Estafados por el Crédito Corfo, afirma haber visto situaciones parecidas pero siempre con los timbres del tribunal donde se ingresan las demandas, con su rol y juzgado correspondiente.

“Habíamos visto este tipo de documentos, pero las oficinas de cobranza interponían la demanda y una vez interpuestas no seguían con el proceso -igual como ocurrió en este caso- y mandaban fotocopias de la primera hoja de ella con el timbre del tribunal para amenazar u hostigar a la gente. Nunca antes me había tocado ver que se le notifique expresamente a una persona de la demanda, se le requiera de pago -lo que constituye un trámite esencial en un juicio ejecutivo- y se le haga renunciar a excepciones siendo que esa demanda ya no existe. Eso me parece gravísimo”, dice.

En efecto, el avenimiento propuesto por el Scotiabank pone “término al presente litigio” y reconociendo la deuda del estudiante con el banco incluyendo “costas procesales y personales” por $56.567, siendo que tal demanda ejecutiva sólo fue presentada ante el tribunal y al darse el estudiante por notificado, haría prescindir al banco de los servicios de un receptor judicial.

Villagrán, el único deudor universitario que le ha ganado un caso judicial por Crédito Corfo a un banco -justamente al Scotiabank por subir unilateralmente las cuotas pactadas en el contrato-, dice que “aquí incluso puede existir algún delito que debiera ser investigado porque lo que se está haciendo por amenazas de juicios de embargos es que la gente firme los documentos sin tener menor idea”.

Acá los documentos: