Las denuncias de lucro en las universidades que Bulnes y Beyer se pasaron por el aro

Cada vez que el Ministro Harald Beyer es consultado sobre el lucro en la educación, responde que es necesario tener denuncias concretas para que el ministerio actúe. En entrevista con el diario La Tercera, Beyer aseguró que: “no hemos recibido ninguna denuncia formal”. Pero estas declaraciones se contradicen con la realidad. Lo cierto es que en 2011, mucho antes de que estallara el escandalo en la Universidad del Mar, el ministerio recibió no una, sino que dos acusaciones concretas de lucro en universidades.

Los abogados de la Universidad de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit presentaron una denuncia por lucro universitario ante el Ministerio de Educación el 4 de septiembre de 2011.

En el documento se solicita “proceder a fiscalizar el cumplimento de la ley que exige a las Universidades Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que correspondieren”. Esta exigencia se encuentra en el artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010).

En el documento se detallan las numerosas contradicciones en la forma en que funcionan las universidades privadas y la exigencia legal de que funcionen sin afán de lucro. Para ello se citan numerosos informes que insinúan lucro en la educación. También se recuerda que según el artículo 1 del D.F.L. N°1 de 3 de enero de 1981: “La universidad es una institución de educación superior, de investigación, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia. La universidades deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”.

En el segundo documento, presentado el 19 de octubre por Eric Palma, se solicita al Ministerio de Educación que “investigue y fiscalice las actuaciones de las universidades Santo Tomás; Universidad de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia por haberse verificado respecto de ellas actos calificados como compra y venta y que son constitutivos del llamado negocio universitario”.

Lo más grave del asunto, es que el Ministerio de Educación está obligado constitucionalmente a investigar cualquier denuncia referente al lucro en las universidades. De acuerdo al artículo 64 del DFL 1 y sus modificaciones, tiene potestad el Ministerio y el CNED (Consejo Nacional de Educación) para investigar, fiscalizar y sancionar a las universidades privadas regidas por esta ley. Las sanciones, pueden llegar incluso a la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad.

La inoperancia del Ministerio de Educación ante estas denuncias, se contradice con la postura que el mismo gobierno ha señalado. El 17 de agosto de 2011 Felipe Bulnes declaró: “El tercer eje de nuestra política se refiere a nuestro firme compromiso de hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro en las universidades. Nos encargaremos de fiscalizar que esta prohibición se cumpla, tanto en su letra como en su espíritu”.