Larroulet contrata a Clara Szczaranski para que lo defienda ante el TC por revelación de correos electrónicos

El pasado viernes 27 de julio, a las 12.45, la abogada Clara Szczaranski, quien es miembro del Consejo del Defensa del Estado (CDE), asumió el patrocinio del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet (UDI) ante el Tribunal Constitucional (TC), luego que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le ordenará revelar sus correos electrónicos.

Szczaranski tomó el caso en su rol de abogada privada y cobrará honorarios que saldrán de las arcas fiscales, produciéndose, dicen consejeros del CDE consultados por The Clinic Online, una “entelequia jurídica”. En chileno, la “cueca en pelotas”, porque recibirá su sueldo como funcionaria pública y otro del mismo Estado como abogada privada.

El problema se suscita porque el organismo, en la sesión del pasado 10 de julio, resolvió no patrocinar al gobierno ante el TC, luego de un largo análisis sobre la conveniencia y alcance de una decisión en favor de Larroulet. A esa reunión, de acuerdo al acta del CDE, Szczaranski no concurrió.

Uno de los asistentes explicó que parte de los argumentos esgrimidos en la oportunidad, fue que el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, a quien el CPLT le ordenó también entregar sus e-mails, fue patrocinado por la destacada constitucionalista Ángela Vivanco, quien trabaja como asesora legislativa en la Segpres de acuerdo al portal de transparencia. La profesional, logró imponer la tesis ante el TC de que dichas comunicaciones eran privadas y secretas.

Colegas de Szczaranski cuestionan su decisión -que los pilló por sorpresa-, porque la lógica indica que el acuerdo de la mayoría en el CDE, explican, debiera ser “razón suficiente para que se inhabilite de asumir la defensa de Larroulet”. En todo caso, el alcance, según los consejeros, es aún más complejo, porque podría suceder que cada vez que el CDE adopte una decisión en contra de funcionarios del gobierno, de carácter criminal por ejemplo, y se discuta en el ampliado del organismo, Szczaranski debiera inhabilitarse porque tuvo como “cliente” al Estado.

Sin embargo, los consejeros pueden ejercer particularmente siempre y cuando no litiguen en contra del fisco.

Junto a su trabajo en el CDE, Szczaranski es la decana de la facultad de leyes de la Universidad Mayor y a la vez socia de la empresa Compliance Consulting, que asesora a particulares en materias antilavado de dinero. Integran también el “team” la jefa de defensa penal del CDE, María Teresa Muñoz y el abogado del mismo organismo Hernán Peñafiel. En octubre de 2007, cuando se conoció la noticia, este último debió abandonar su cargo como jefe del Departamento de Tráfico y Lavado del CDE por la incompatibilidad, tal como lo estimó el entonces presidente y actual consejero Carlos Mackenney.

La díscola

La personalidad de Szczaranski siempre ha estado al filo en el CDE. En este organismo fungió como jefa del Departamento de Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero. Luego, durante los gobiernos de Frei y Lagos, fue presidenta de la entidad.

Poco a poco fue granjeándose fama con mediáticas operaciones desde mediados de los 90 contra clanes del crimen organizado como el “cabro carrera”, con la “Operación Ana Frank”. También contra el empresario viñamarino Manuel Losada -mafia italiana y colombiana incluida- llamada “Operación Océano”, entre otras.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante su administración. En agosto de 2001 la Corte Suprema la removió como juez árbitro en un juicio minero, aplicándole una censura por escrito y anulando varias decisiones que había adoptado. De hecho, en noviembre de 2000 ya había sido investigada por el ministro del tribunal de alzada capitalino, Lamberto Cisternas -hoy candidato a la Suprema- luego que el entonces senador Carlos Bombal (UDI) denunciara la concesión de siete arbitrajes en el 19º Civil de Santiago, en menos de dos años.

Puño en alto

Otra polémica la tuvo en octubre de 2004, soportando la rebelión de los abogados del CDE respecto a su tesis en materia de derechos humanos por la aplicación de la figura del “secuestro permanente” para casos de detenidos desaparecidos.

En la oportunidad cerca de 20 profesionales preguntaron porque se había nombrado al abogado Juan Sebastián Reyes -un reconocido pinochetista y experto en derecho civil- para alegar ante la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema en el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval. La reunión terminó mal, porque el argumento de la entonces presidenta, era que la Suprema debía ordenar al ministro que llevaba el caso -Alejandro Solís- reabrir el sumario y comprobar la existencia de la muerte de Sandoval por los medios que le otorgaba la ley, aunque los DINA negaran hasta el cansancio que nada sabían. Pese a la estrategia, el fallo de este proceso permitió que el secuestro permanente se instalara como el criterio jurídico en contra de los violadores de derechos humanos.

Todo lo anterior ocurría en medio de una particular cercanía con el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, con quien llegaron a coincidir en la tesis de la “obediencia debida” en materia de violaciones de derechos humanos.

Este diario intentó obtener una versión del ministro Larroulet, del presidente del CDE Sergio Urrejola y de la propia Clara Leonora Szczaranski, pero no hubo respuesta.