Dos hechos recientes nos dan esperanza al sur del Biobío. El primero, la decisión, muy acertada, de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de sesionar, por primera vez, en Temuco, corazón del territorio mapuche. Y escuchar a víctimas de la violencia de uno y otro lado en el marco del actual escenario de conflicto. Aconteció el pasado lunes, en el céntrico Hotel Aitue. Hasta allí arribaron representantes mapuches, encabezados por el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, quien relató la seguidilla de operativos policiales que los han afectado en la comuna de Ercilla, cual de todos más violento. Operativos de madrugada, masivos en cuanto a contingente policial desplegado, de marcado tinte racista y donde mujeres, ancianos y niños son tratados habitualmente a escopetazo limpio. Y a culatazos y puntapiés, sobre todo en el caso de menores.

Es la lógica del ministerio del Interior y el Ministerio Público al sur del Biobío, la lógica de Hinzpeter y Chahuán, el dúo dinámico. Detener para investigar y no investigar para detener. Bien lo sabe el hoy flamante “asesor” de los fiscales en La Araucanía, el ex fiscal Alejandro Peña, tristemente célebre por su rol protagónico en el fallido “Caso Bombas”. Detener para investigar. La máxima del Chico Peña en la Fiscalía Sur Oriente. Persecución política, judicial y racismo por parte de los tribunales. Fue parte de lo denunciado por el lonko Queipul ante la Comisión de la Cámara Baja, presidida por el diputado Fidel Espinoza (PS), alertando además sobre la real autoría tras los últimos atentados en la zona. “¿Por qué la única línea de investigación hemos sido los mapuches?” se preguntó. “Nos hacen pelear para un provecho político o económico”, advirtió el lonko a los agricultores sureños, sus -en apariencia- adversarios también convocados en Temuco.

Este, qué duda cabe, fue un gran acierto. Reunir, en un mismo espacio, a mapuches y agricultores. Estos últimos llegaron en masa, entre ellos el dirigente de la Multigremial, Emilio Taladriz, víctima hace un par de semanas de un atentado en su propio fundo. Hasta donde se pudo observar, cero recriminación. Por ningún lado animadversión u hostilidad. Por el contrario, muchas ganas de ser escuchados, también de escuchar y avanzar en posibles soluciones. “El conflicto no es negocio para ningún pequeño agricultor. Con suerte logramos sobrevivir”, señaló un delegado de Victoria. “Somos tan víctimas del conflicto como los mapuches. Aquí existe una responsabilidad de Estado”, remata. Y es que poco y nada ganan los agricultores, muchos de ellos más pobres que los propios mapuches, con el publicitado conflicto. Tampoco las comunidades, hastiadas del apaleo policial, la estigmatización y el desfile de sus lonkos por los tribunales.

¿Quién gana entonces con todo esto? Fue la pregunta que rondó como fantasma por los alfombrados salones del hotel. “Los intermediarios, ellos son los que ganan”, me comenta un colega de Radio Francia Internacional de visita en la zona y que escucha con especial atención las exposiciones de uno y otro lado. “¿A quiénes te refieres?”, pregunto. “A determinada dirigencia indígena que potencia su agenda y discurso, a los parlamentarios que hacen campaña del terror con el problema, a los particulares que ganan millonarias comisiones por la compra-venta de tierras, a la jefatura policial que triplica su asignación presupuestaria, a los fiscales que hacen carrera y se benefician de la figuración pública, a la oposición política al gobierno que le desordena de esta forma el gallinero, etc.”, me responde. “Si las guerras no fueran un tremendo negocio créeme que el mundo viviría en un estado de paz permanente. Lo mismo sucede con este tipo de conflictos”, agrega. Tres semanas en Chile y el colega ya tiene la película clarita. Como el agua.

El segundo hecho a destacar esta semana fue la aceptación, por parte de las comunidades de Ercilla, de la creación del Área de Desarrollo Indígena (ADI). La instancia, que busca posicionar el diálogo y la participación por sobre la lógica de los calabozos, recibió el respaldo de 31 comunidades, el 74% de los mapuches de la comuna. Una buena noticia por donde se le mire. Más aun al ser nombrado como responsable de su implementación el lonko Juan Carlos Curinao, de la Comunidad Huañaco Millao, un respetado líder tradicional de la zona. No será fácil el camino que han optado por transitar allí las autoridades de CONADI y los propios mapuches. El tema “Tierras”, demanda clave para muchos que ven con desconfianza la creación de esta instancia, no podrá ser soslayado. ¿Y si las forestales, en teoría cercanas a este gobierno, no realizan un gesto histórico y devuelven 5, 10 o 15 mil hectáreas a las comunidades? ¿Cuánto perderían si su patrimonio actual supera el millón de hectáreas? Sería una señal potentísima. Otra luz al final del túnel.