El Mercurio patalea por tope de subvención estatal a colegios con fines de lucro

Defendiendo a rajatabla a la educación particular subvencionada, la editorial de este lunes en El Mercurio se fue en picada contra la moción que aprobó fijar en un máximo de 80 mil pesos mensuales el monto que los colegios reciban de fondos estatales, porque según ellos los colegios subvencionados con fines de lucro suelen ser menos numerosos, más baratos, con umás alumnos vulnerables y con niveles de calidad superiores a los municipales.

Según el diario de Agustín Edwards, “el modelo de educación particular subvencionada, con y sin fines de lucro, ha demostrado ser altamente beneficioso para el país, y así lo ratifica la enorme cantidad de padres que han optado por acudir a sus aulas para la formación de sus hijos”, por lo que la tarea de velar por el buen funcionamiento escolar debería ser de la Superintendencia de Educación Escolar y la Agencia de Calidad “evitando limitaciones que pueden perjudicar aspectos tan decisivos como la diversidad y la inclusión”.

Según El Mercurio, un efecto positivo del modelo de educación particular subvencionada es que ese sistema “ha permitido un mejoramiento sustancial de los niveles de calidad, y así lo evidencia el masivo y continuo éxodo desde las escuelas municipales, reflejando el interés de las familias por una mejor educación para sus hijos”.

Así, a juicio del periódico la demanda de mejorar la calidad escolar “debiera orientar la discusión parlamentaria más allá de la mera discusión del lucro, pues ese solo aspecto no muestra ser un factor diferenciador sustancial de la calidad de los establecimientos educacionales”, porque según ellos “diversos estudios registran que los colegios subvencionados con fines de lucro -en su mayoría, formados por educadores- suelen ser menos numerosos, más baratos, con un porcentaje mayor de alumnos en situación de vulnerabilidad que aquellos sin fines de lucro, y con niveles de calidad superiores a los municipales”.

De todas formas, la editorial plantea que de aprobarse la ley, a juicio del ministro de Educación, Harald Beyer, se justificaría considerar un veto presidencial por sus futuras implicancias negativas para el sistema educacional.