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Planeta

17 de Agosto de 2012

Alto Maipo: falta de acuerdo del Consejo de la Transparencia mantiene en secreto convenio entre Gener y Aguas Andinas

El pasado viernes 10 de agosto, y luego de casi un año de tramitación, el Consejo de la Transparencia rechazó el amparo por denegación de acceso a la información interpuesto por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y siete senadores contra la superintendencia de servicios sanitarios, para conocer el contrato celebrado entre Aguas Andinas y […]

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El pasado viernes 10 de agosto, y luego de casi un año de tramitación, el Consejo de la Transparencia rechazó el amparo por denegación de acceso a la información interpuesto por la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y siete senadores contra la superintendencia de servicios sanitarios, para conocer el contrato celebrado entre Aguas Andinas y AES Gener por el tema Alto Maipo y el uso de las principales fuentes de agua potable de la ciudad de Santiago, con fines hidroeléctricos.

En el fallo, el Consejo no encontró “la voluntad necesaria por parte del Consejo” porque dos consejeros se inhabilitaron por tener nexos con compañías eléctricas y los dos consejeros que evaluaron el caso, Vivianne Blanlot y Jorge Jaraquemada, no llegaron a acuerdo, por lo que la petición se denegó.

“El consejero Jaraquemada estimaba que la mayor parte del convenio era privada y la consejera Blanlot dijo que era pública, y como se produjo un empate, no se formó la voluntad necesaria. Esta situación, en los hechos, significa privar del derecho constitucional a la información, simplemente por la vía de no llegar a un acuerdo, lo que vulnera el derecho que tiene toda persona de acceder a la información que está en poder de la autoridad, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios”, dijo el abogado Rodrigo Weisner, representante de los senadores José Antonio Gómez, Isabel Allende, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana, Carlos Cantero y Fulvio Rossi.

N. de R: Respecto a lo anterior, el Consejo para la Transparencia precisa lo siguiente:

“En su decisión el Consejo para la Transparencia rechaza el amparo deducido, declarando reservado el convenio requerido, salvo en lo referido a las materias señaladas en el considerando 6° de la decisión, sobre el uso y derechos de agua. Dicho rechazo se fundó en que, no habiendo servido el convenio de fundamento, sustento o complemento directo y esencial de algún acto, resolución o pronunciamiento de la SISS ni existir una norma de dispusiera su publicidad, la información solicitada mantuvo su carácter privado, resultando inoficioso, por ello, ponderar si procedía alguna causal de reserva o secreto.

El consejero Jaraquemada estimó que dicho razonamiento aplicaba al texto íntegro del convenio, por lo que procedía el rechazo del amparo, en todas sus partes. No obstante ello, y sólo respecto de las materias del convenio a las que se hizo mención en el considerando 6° de la decisión, la consejera Blanlot consideró que cabía aplicar el principio de divisibilidad respecto de ellas, permitiendo que pudieran ser conocidas, por estimar que esa parte del convenio sí quedaba comprendida en el artículo 5° de la Ley de Transparencia.

Dado el empate producido en la votación de ambos consejeros respecto a dichas materias, y considerando que éste no podía ser dirimido por la inhabilidad de los demás consejeros y por la ausencia del voto dirimente del Presidente, el Consejo Directivo, integrado por los consejeros Blanlot y Jaraquemada, omitió pronunciarse respecto de las mismas, entendiéndose, por ello, denegado el amparo en esta parte”.

Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y parte de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, destacó lo insólito que “el Consejo creado por ley para velar por la transparencia de los actos de la administración, diga que no puede emitir pronunciamiento sobre un caso particular por no haber llegado a acuerdo. Su rol es llegar a un acuerdo y negarse a resolver pone en jaque toda la institucionalidad pública de transparencia”.

La directora de Chile Sustentable además recordó que el propio Consejo, en un fallo emitido el año pasado declara públicos los contratos entre una minera y una sanitaria debido a que afectan las aguas para abastecimiento de las ciudades de Calama y Antofagasta, dictan ahora un fallo en evidente contradicción con lo ya resuelto.

Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, señaló que “nuevamente los intereses privados primaron por sobre los intereses públicos, lo que hace nuevamente necesario revisar la institucionalidad pública en materia de transparencia y acceso a la información en Chile”.

Tal como se consigna en el fallo del Consejo, se puede realizar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, en los próximos días. Al respecto, tanto las organizaciones ciudadanas que son parte del proceso, como los senadores, acordaron proseguir con estas acciones legales, por lo que este tema será llevado a tribunales.

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