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Poder

21 de Agosto de 2012

Ex secretario parlamentario reitera que De la Rúa ordenó pago de sobornos

El exsecretario parlamentario del Senado argentino Mario Pontaquarto reiteró hoy que el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) ordenó el pago de sobornos a parlamentarios en 2000 para aprobar una polémica reforma laboral. El exfuncionario ya había hecho esta afirmación en la etapa de investigación judicial del caso y hoy la ratificó al declarar por […]

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El exsecretario parlamentario del Senado argentino Mario Pontaquarto reiteró hoy que el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) ordenó el pago de sobornos a parlamentarios en 2000 para aprobar una polémica reforma laboral.

El exfuncionario ya había hecho esta afirmación en la etapa de investigación judicial del caso y hoy la ratificó al declarar por primera vez en el juicio oral iniciado la semana pasada contra el exmandatario y otras siete personas.

Según la declaración de Pontaquarto, quien confesó haber llevado él mismo en un maletín el dinero de los sobornos, De la Rúa ordenó el pago de las coimas durante una reunión realizada en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, con senadores.

De acuerdo al testimonio del exsecretario parlamentario, el entonces gobernante dio instrucciones para gestionar la obtención de los fondos con el entonces titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (servicios secretos), Fernando de Santibañes.

“Arreglen con Santibañes”, declaró Pontaquarto que dijo De la Rúa a los senadores.

Ya en noviembre de 2007, Pontaquarto había confirmado en un careo judicial con De la Rúa que el hoy exgobernante dio el visto bueno al pago de sobornos por 4,3 millones de dólares a senadores para que se aprobara la ley, la cual era rechazada por los sindicatos.

Además de De la Rúa, son sometidos a juicio de Santibáñez, el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, el propio Pontaquarto y los exsenadores del Partido Justicialista (PJ, peronista) Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Si es encontrado culpable, De la Rúa, que renunció a su cargo en diciembre de 2001 en medio de un estallido social y una severa crisis económica, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión, al igual que los otros acusados.

Se prevé que el juicio oral se prolongue por entre seis y ocho meses y que atestigüen ante el tribunal unas 340 personas.

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