Los tres jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvieron hoy a los ocho comuneros mapuche imputados como autores de diversos delitos durante un ataque al peaje Quino, ocurrido entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de octubre de 2009.

Además, el tribunal condenó en costas al ministerio del Interior, parte acusadora en el juicio.

Según la denuncia fiscal, un grupo de encapuchados atacó el peaje Quino y luego quemó varios vehículos en un cercano cruce carretero del mismo nombre, ubicado en el kilómetro 611 de la Ruta 5 Sur. Según la acusación, los imputados portaban escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, una pistola y revólveres con munición suficiente, más un bidón con líquido combustible y una motosierra, entre otros objetos.

Los jueces del tribunal consideraron que la acusación particular, representada por el Ministerio del Interior, no logró acreditar la participación de los imputados en los hechos, en un nuevo revés para la cartera encabezada por el otrora hombre fuerte de La Moneda, Rodrigo Hinzpeter.

Esto después de que las pruebas finalmente presentadas en estrado por el abogado Alex Schneider, de la Intendencia de La Araucanía, se limitaran a las declaraciones de un carabinero, cuatro detectives, una víctima y un perito.

En un comienzo, la causa era llevada también por el Ministerio Público, pero los antecedentes que este presentó ligaban a los imputados con otras causas, por lo que la justicia le pidió excluirlos. Como esto no sucedió, la Fiscalía fue marginada del caso.

Así, los comuneros Víctor Hugo Queipul Millanao, José Eugenio Queipul Huaiquil, Jorge Andrés Marimán Loncomilla, Felipe Ricardo Huenchullán Cayul, José Osvaldo Millanao Millape, Camilo Toris Quiñinao, Juan Isaías Huenchullán Cayul y Ernesto Cayupán Meliñan -éstos cuatro últimos representados por la Defensoría Penal Pública- quedaron en libertad, después de que las pruebas fueran no solo insuficientes para probar su participación sino los hechos en sí.

Para Álvaro Valdebenito, Defensor Local Jefe de Temuco, el Ministerio del Interior, como acusador particular, “pretendió lograr la condena de nuestros representados, pero no logró acreditar participación alguna. Entendemos, además, que la prueba ha sido insuficiente para establecer los hechos y el tribunal ha compartido esa apreciación, que nosotros sostuvimos desde el principio. Lamentamos que con antecedentes tan débiles los imputados hayan estado tantos meses privados de libertad y obviamente nos alegra que hayan sido absueltos”.

Según explicó Valdebenito en conversación con The Clinic Online, el fallo corrobora que ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior tenían antecedentes para demostrar los hechos y, lo que es más grave, que las pruebas presentadas violaban las garantías constitucionales de los imputados, cuestionando la figura del testigo protegido como prueba madre en la causa.

Según la denuncia fiscal, un grupo de encapuchados atacó el peaje Quino y luego quemó varios vehículos en un cercano cruce carretero del mismo nombre, ubicado en el kilómetro 611 de la Ruta 5 Sur. Según la acusación, los imputados portaban escopetas hechizas y convencionales, un fusil de guerra, una pistola y revólveres con munición suficiente, más un bidón con líquido combustible y una motosierra, entre otros objetos.

Por su parte, el defensor público Jaime López explicó que en su origen, esta causa fue una de las cuatro “más emblemáticas de la política de persecución penal de la Fiscalía en relación con el conflicto territorial mapuche”, junto a los casos “Tur Bus”, “Brasil” y “San Leandro”.

“Se nos aplicó la Ley Antiterrorista y pasamos casi dos años en la cárcel. Muchos de los peñis absueltos hoy estuvieron en la clandestinidad, tuvimos que pasar una huelga de hambre por tres meses y ahora nos dicen que todo fue mentira. Es como reírse de nosotros en la cara. Claro, quedamos en libertad, pero quién responde por todo el daño que se nos hizo a nosotros y nuestras familias… Estoy contento, pero también tengo mucha rabia contra el Estado”, concluyó Felipe Huenchullán Cayul, uno de los imputados absueltos.

Si bien el Ministerio del Interior tendrá que pagar las costas del juicio, Valdebenito recordó que el tiempo que los imputados pasaron detenidos no se recupera de ninguna forma. “No solo eso, ellos perdieron su trabajao, ellos sufrieron el estigma de la ciudadanía, porque acá, cuando detienen a un mapuche lo primero que se piensa es que es culpable”.