La Casen rumbo a las reformas estructurales

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La encuesta CASEN no ha pasado inadvertida, todos hemos sido testigos del encendido debate en torno a la forma en que el gobierno interpretó sus datos, maquillando los números –a juicio de la oposición- para darle un punto positivo a su gestión y como hoy técnicos y economistas han cuestionado la forma en que se hizo el trabajo el terreno, bono mediante, y cómo se realizó la selección de datos para conformar los resultados finales.

Sin embargo, a pesar del legítimo debate si el Presidente o su gobierno miente en torno a la CASEN, si su interpretación es errada o antojadiza, los resultados gruesos nos invitan a cuestionarnos si la disputa por la verdad y los porcentajes hacen la diferencia, en el entendido que -a pesar de que los resultados sean mostrados positivamente por el oficialismo- el problema sigue siendo el mismo: la pobreza está estancada y la desigualdad es mayor.

A ciencia cierta, los datos denuncian un Chile altamente desigual: El coeficiente GINI 2011 – CASEN de 0,52 mantiene a nuestro país en el ranking mundial en éste ámbito y le otorga el triste mérito de ser el más desigual de los 34 países integrantes de la OCDE. Podemos afirmar, entonces, que se ha fracasado en la declarada y oficial lucha contra la pobreza y con ello, la afirmación de que se trata de una “cuestión estructural”, cobra cada día mayor sentido.

El relato de la encuesta nos conduce a la demanda impostergable de un cambio profundo, de cambios estructurales que no pueden estar subordinados a las campañas electorales, ni al conformismo de la postura oficial, ni a sutilezas discursivas que muestran pequeños avances como grandes reformas, lamentablemente hoy a cualquier ajuste del sistema se le llama reforma.

Resolverlo es un tema de Estado y humanizar la fotografía que nos saca la CASEN, es un tema de todos y todas, especialmente de los que vivimos al “otro lado de la línea”. Imagen que caricaturiza la división de un país, entre quienes están activamente dentro del modelo y que, incluso, pueden reflexionar sobre la calidad de los servicios y la felicidad, y los que están fuera, que corresponden a los 2,4 millones de personas que hoy viven en condición de pobreza, y a quienes no les reconocen sus derechos y por ende, su dignidad.

Esta nueva CASEN, confirma que las tradicionales políticas sociales focalizadas y subsidiarias, ya no son suficientes para el abordaje de la pobreza y la desigualdad. Según datos comparados, en plena crisis 2009 el Estado logró acortar la brecha de desigualdad entre ingresos autónomos y monetarios en 20,1 puntos, pero actualmente sólo se reduce en 13 puntos, a pesar de un PIB que crece sobre el 11%. A lo que se suma, un sueldo mínimo que, nuevamente, no supera la barrera de los doscientos mil pesos.

Esta incómoda evidencia, da cuenta que es urgente que la voluntad política extinga la línea de fuego y se ponga al servicio de un proceso de diseño e implementación de una gran reforma basada en un amplio consenso.

Articuladamente, se requiere un despliegue de transformaciones en materia educacional, laboral y tributaria, que resguarden el acceso a una educación de calidad, un pleno empleo cuya remuneración esté acorde a los nuevos patrones de consumo y promueva el desarrollo humano, y una distribución ética de los ingresos, donde se juegue realmente la responsabilidad social.

En definitiva, es necesario replantear un proyecto país orientado al desarrollo social urbano-rural, donde todas y todos estén incluidos activamente y en igualdad de condiciones, con poder de intercambiar capital social y humano, e incidir en favor de una efectiva garantía y goce de derechos ciudadanos que son universales.

Socióloga, Magíster en Políticas Sociales y Gestión Local.