La caja de Pandora

Los encapuchados llegaron a la parcela pasadas las nueve de la noche. Buscaban armas y dinero. Era eso o quemaban la vivienda hasta sus cimientos. Héctor Arnoldo Gallardo Ayllapan (45), parcelero de Pidima, padre de cuatro niños, hijo de madre mapuche, respondió defendiendo su propiedad y su familia. Por ello fue baleado en una pierna y la cabeza. Murió minutos más tarde, de camino al Hospital de Collipulli. “Insistimos, es un hecho delictual, esto no tiene nada que ver con el conflicto mapuche ni mucho menos” declararía más tarde el gobernador de Malleco, Erich Baumman. “Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un parcelero víctima inocente de delincuentes comunes”, agregó. Del mismo tenor serían las declaraciones del intendente regional, Andrés Molina, y diversos personeros. Un simple hecho delictual. A coro.

¿Una página más de la crónica roja? ¿Ninguna relación con el conflicto chileno-mapuche? En absoluto. Lo saben Baumman y Molina. O cuando menos debieran sospecharlo a estas alturas. Lo he señalado latamente en columnas anteriores; el no abordaje político del conflicto y la porfía en insistir con la estrategia del garrote y la zanahoria (políticas públicas y represión), han transformado a la violencia en el perfecto catalizador de miedos, rabias y frustraciones en la zona de Ercilla. Violencia policial (innegable), violencia política mapuche (que existe, no seré yo quien lo niegue), violencia patronal (histórica en La Araucanía) y, por cierto, la violencia del bandidaje rural, fenómeno político como pocos aunque a simple vista parezca no tener conexión con reivindicaciones históricas ni demandas territoriales.

Es lo que sucede en la comuna de Ercilla y hace ratazo. Si existiera una Legua o un Bronx mapuche, este quedaría en Ercilla. Índices de desarrollo humano del Tercer Mundo; niveles de alcoholismo y violencia intrafamiliar brutales; familias viviendo en reducciones hacinadas o de allegados en el patio trasero de sus mayores; atisbos de apartheid racial por parte de colonos acarreados a la Línea del Malleco por el Estado… el ABC de un estallido social (y étnico) por donde se lo mire. Si a ello sumamos la presencia de hostiles destacamentos de Fuerzas Especiales, criminalización de la protesta social, judicialización del reclamo político, lo que tenemos es un escenario donde lo único institucional pareciera ser la violencia. Violencia física y simbólica. Violencia que se naturaliza cada vez que se intenta disfrazar y no descifrar. ¿En verdad no lo ven las autoridades?

Un dato no menor; los tres principales sospechosos, reconocidos por familiares de la víctima, serían mapuches del sector. Vecinos de Gallardo Ayllapan, según precisó su hermano. De los tres ya dos se entregaron a la justicia. Sucedió a las pocas horas del violento crimen. Una negociación entre loncos y abogados defensores habría obrado el milagro. Se trata de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. El mayor, Leonardo Guijón, de 19 años, con diversos antecedentes judiciales relacionados al “conflicto”. Lo mismo sucede con quien se encontraría prófugo, Luis Marileo, imputado –cuando era menor de edad- por el asalto al Peaje Quino. En este último caso, el Tribunal de Angol absolvió a todos los acusados mapuches. La mayoría pasó dos años en prisión preventiva, enfrentando cargos de terrorismo luego desestimados por el tribunal. Marileo, uno de ellos.

Violencia. Por recuperar la tierra y ser escuchados (los activistas de la causa), por defender lo que legalmente se considera propio (los colonos y las madereras), por garantizar el orden y el statu quo (el Estado y sus instituciones punitivas), por parar la olla y/o simplemente ahogar en fuego la desesperanza (el bandidaje rural). Es lo que pasa cuando el Estado y sus autoridades renuncian a su rol de garantes de la Paz Social. Algunos, en este gobierno y los anteriores, parecieran creer que paz social rima con militarización policial, judicialización y desfile de ciudadanos por los tribunales. Otros, sin embargo, consideramos que paz social rima más bien con más y mejor democracia, con más y mejor justicia social. Mucho de lo primero han tenido los habitantes de Ercilla, sean estos mapuches o no. Poco y nada de lo segundo. Saquen ustedes sus propias conclusiones.