¿Cómo protegemos al “ratón” de laboratorio?

Han pasado más de dos meses desde que mi caso de acoso sexual (Leguina vs Columbia University) salió a la luz pública en este mismo medio. En este corto tiempo he podido reflexionar sobre el quehacer científico más allá del trabajo dentro de un laboratorio o una oficina. Sin lugar a dudas, el rol de una molécula en el daño renal, en el movimiento celular en la preeclampsia o en los procesos bioquímicos de las algas pardas en la costa chilena, son de interés para el desarrollo del conocimiento científico, pero pocas veces nos preguntamos ¿cuál es el costo personal que debemos pagar por lograr este conocimiento?

Los mails de apoyo que he recibido han confirmado la relevancia de cuestionar esto. Es asombroso y preocupante el gran número de casos similares al mío en el ambiente científico, en los que profesores o supervisores abusan de su posición para forzar los límites de lo permitido.
La gran pregunta es ¿quiénes se hacen cargo de estas irregularidades? Y ¿cómo?

Las universidades y centros de investigación no deben descuidar la importancia de las relaciones interpersonales en su quehacer; y más aún, tienen que prevenir las posibles malas prácticas derivadas del ejercicio del poder, tal como mi caso deja en manifiesto.

Por lo menos en Chile, no existe una pauta clara de cómo regular abusos de poder en casos tan delicados como este. En general, se opta por lo más sencillo: aislar a los involucrados. Peor aún: Las políticas internas de las instituciones, intentan dar pautas de conducta, pero éstas no responden a situaciones consideradas tabú, ni mucho menos a casos donde existen relaciones de poder muy desiguales entre víctimas y victimarios.

Urge que esto llegue a oídos de quienes legislan, pues la ley vigente de acoso sexual no es capaz de responder adecuadamente a la diversidad de casos que ocurren en distintos ámbitos públicos y privados.

A su vez, urge la necesidad de una ley que regule la tuición ética de los colegios profesionales entre sus afiliados. Estas instituciones podrían abrir un camino expedito para lograr sanciones eficaces y así generar mejores prácticas entre nuestros pares.

El debate abierto y libre de discriminación, constituye un pilar fundamental para el desarrollo de una ciencia ética y libre de malas prácticas.

En mi opinión, se debe fortalecer el rol social de agrupaciones científicas y profesionales que busquen incentivar buenas prácticas laborales entre científicos, profesores y alumnos. También resulta vital el fortalecimiento de reglamentos internos que defiendan a los alumnos –que siempre se encuentran en una posición vulnerable frente al poder de sus jefes- dictaminando sanciones justas y procurando el cumplimiento de los códigos ético y laboral.

Esto es clave para evitar que casos como el mío sigan ocurriendo. Finalmente, como investigadores en formación debemos velar por no convertirnos en simples “ratones de laboratorio”: el ser humano detrás del microscopio es el bien más preciado en la ciencia.