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Poder

12 de Octubre de 2012

Caso sobreprecios: jefe de finanzas de Interior podría ser otras de las bajas del escándalo

El actual funcionario de la cartera fue uno de los responsables de conformar la comisión evaluadora que aprobó el pago con 400 por ciento de sobreprecio, donde nombró a César Saavedra, ex funcionario de Adquisiciones de la misma sede edilicia y que aparece en la querella presentada por Interior y a Chrystian Urzúa. Además de ser el responsable de toda la licitación. Fuentes del Ministerio Público indicaron a este diario que sería citado a declarar próximamente para explicar su vínculo con la licitación, aunque no está claro si lo hará en calidad de testigo o imputado.

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El actual jefe de División de Administración y Finanzas (DAF) de la Subsecretaría de Interior, John Barra, podría ser otra de las bajas de Interior en medio del escándalo de los sobreprecios -de 400%- que pagaría la División de Seguridad de la Cartera por detectores de droga a la empresa Tecnodata, propiedad de Alfredo Giacomán.

El caso de Barra aplica a los hechos porque es el responsable de conformar la comisión evaluadora, donde nombró a César Saavedra, ex funcionario de Adquisiciones de la Municipalidad de Las Condes, institución donde Barra se desempeñó como Administrador Municipal. Saavedra se desempeña en Servicios Generales que de acuerdo al organigrama de Interior -donde figura como Departamento de Administración- responde a la DAF, unidad a su cargo. Además de Chrystian Urzúa.

Pero el asunto no se termina ahí. La arista política en este caso, que corre paralelamente a la judicial, complicaría la posición del subsecretario Ubilla, quien hasta ahora ha sido respaldado por por el Presidente Piñera.

John Barra, actualmente funcionario de planta con un sueldo de $6.994.647, fue sancionado por la Contraloría en 2010 luego de una investigación sumaria iniciada el 2008. En ese tiempo Barra era el hombre de confianza del alcalde Francisco de la Maza en la Municipalidad de Las Condes, donde ocupaba el cargo de Administrador Municipal -subroga al alcalde en su ausencia- y en esa calidad fue sancionado con el 10% de su sueldo.

Pese a que de la Maza, al término de la indagatoria administrativa, decidió anularle la sanción, el expediente pasó a la toma de razón del organismo fiscalizador, donde todo volvió a fojas cero, como consta en un dictamen del organismo que publica este diario fechado a mediados de 2011.

Fuentes de Interior consultadas por este diario indicaron que Barra aseguró a sus superiores que no fue notificado de la resolución de la Contraloría, sino sólo del decreto de absolución del alcalde de la Maza. Aquí pueden suceder dos cosas: o Barra desconoce la decisión del edil porque no le informó o bien porque busca omitir la información para no verse afectado.

Complicaciones

Lo grave para los parlamentarios de oposición es que el subsecretario Ubilla estaba al tanto del sumario de Barra cuando lo contrató en su repartición. Así lo afirma el diputado socialista Manuel Monsalve, quien le consultó a al subsecretario por este asunto el pasado miércoles en la Comisión de la Cámara que indaga las responsabilidades políticas de este caso.

Consultado por The Clinic Online, Monsalves explicó: “Al comienzo el Subsecretario comenzó a argumentar y decir que Barra era un funcionario ejemplar, que había trabajado con Lavín (ex alcalde en Las Condes) y luego con De la Maza, hizo una apología. Pero el insistí y le dije que si sabía que la persona que administra cinco mil millones de dólares, que es el presupuesto que tiene asignada esa repartición, había sido sancionada con el 10 por ciento de su sueldo por la Contraloría… finalmente me lo reconoció. Eso quedó grabado en la sesión y está en acta, es innegable”.

Barra, según informó Ciper Chile, era hombre de confianza del alcalde Francisco de la Maza y cercano a operadores de la UDI que conocieron de cerca el escándalo GMA.

Fuentes del Ministerio Público Centro Norte, señalaron a este diario que Barra será uno de los próximos citados a declarar. Si bien es cierto su calidad -testigo o imputado- aún no está clara, lo cierto es que deberá explicar qué grado de conocimiento tuvo de la licitación que tuvo al fisco ad portas de pagar el sobreprecio los detectores de droga para el plan “Frontera Norte”.

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