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Nacional

12 de Octubre de 2012

Defensoría en picada contra Plan Cero Alcohol del Senda

En la más estricta reserva la Defensoría prepara una estrategia judicial para anular las detenciones bajo la influencia de alcohol por parte de Carabineros, cuyas muestras de sangre hayan sido tomadas por las ambulancias de una empresa particular contratada por el ministerio del Interior a través del Senda, para llevar adelante el “Control Cero Alcohol”. […]

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En la más estricta reserva la Defensoría prepara una estrategia judicial para anular las detenciones bajo la influencia de alcohol por parte de Carabineros, cuyas muestras de sangre hayan sido tomadas por las ambulancias de una empresa particular contratada por el ministerio del Interior a través del Senda, para llevar adelante el “Control Cero Alcohol”.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso The Clinic, el organismo busca que los tribunales de garantía reconozcan la invalidez de dichos exámenes, ya que a su juicio no cuentan con el sustento legal y administrativo que exige la legislación actual.

Uno de los puntos centrales es que el Senda carece de atribuciones -o “legitimación activa”- para realizar este plan estrella anunciado por la cartera de Hinzpeter, ya que la ley sólo lo faculta para llevar adelante las políticas y programas contra el consumo de drogas, alcohol y la rehabilitación. Además, según el documento, el Senda tampoco puede celebrar contratos con una empresa para tomar muestras de “alcoholemia en la vía pública a conductores”, cuestión que sería contraria a la Constitución. En esa línea, la Defensoría estima que una persona puede negarse a la alcoholemia en esas ambulancias y pedir que le sea efectuada en un servicio público de salud.

En la retina está la situación vivida por la abogada del Ministerio del Interior, Alejandra Tagle, quien rechazó realizarse el examen y pidió ejercer su derecho a ser llevada a un servicio público, pero no fue escuchada por Carabineros que la detuvo y pasó a disposición de la fiscalía. El caso derivó en la renuncia de la profesional quien recurrió a la Contraloría para que determine la legalidad de la toma de muestras por parte de privados, pronunciamiento que aún está pendiente.

La Defensoría también cuestiona el convenio firmado por Interior y el Senda con el Servicio Médico Legal, “documentos que no constan que hubieren sido aprobados por acto administrativo alguno… por lo que no se advierte el fundamento jurídico para concurrir al acuerdo”. En otras palabras, el SML carece de las atribuciones para “delegar funciones de tomas de muestras en un organismo que no fuera un establecimiento de salud y debe siempre acreditar a dicho órgano”, cuestión que no sucedería con estas ambulancias.

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