La libertad del supuesto autor del homicidio de un hincha de fútbol ha irritado la siempre frágil piel del Ejecutivo, y activado la solución populista de recurrir a una modificación legal para enmendar una decisión de la que no son partidarios. Sin evaluar adecuadamente las razones de la decisión judicial (para eso están los recursos judiciales), ni las posibles causas de la misma, se opta por el camino fácil de acusar al sillón de don Otto. Una “Reforma a la reforma”.

En medio de un ambiente crispado por la creciente deslegitimación de muchas de nuestras instituciones fundamentales -políticos, jueces, fiscales y policías, Iglesia y obispos y un largo etc. -, se propone como solución mágica la modificación de algunas de las reglas básicas de nuestro sistema, afectando principios que debieran ser intransables, en búsqueda de un respiro de corto aliento a las críticas que la ciudadanía les dirige.

Dijo el Presidente al referirse a la criticada resolución del Poder Judicial, que “cuando vemos que algunos de los eslabones de la cadena no cumplen con su papel en la lucha contra la delincuencia, debemos tomar todas las medidas que están a nuestro alcance, y por eso esta reforma a la reforma procesal penal”. Es decir: cuando no nos satisface una decisión, cambiamos las reglas.

Y en ese cambio de reglas, dejamos sin margen a los jueces para sopesar los antecedentes que tienen para adoptar decisiones independientes, sin presiones mediáticas o de autoridades, ni ataduras del legislador. O entregamos herramientas y facultades a los policías para que superen la legalidad y adopten decisiones en que el fin justifique los medios, con la pretensión de no pasar por el filtro orientador y garantizador del fiscal y el juez. Todo, por un supuesto garantismo que causa escozor al afán represor de la autoridad.

Lo que nunca se ha propuesto es lo que podría ser más revolucionario e innovador: una reforma al reformador; una nueva mirada que obligue al populista que pretende resolver cualquier conflicto con modificaciones innecesarias ni justificadas –ni planificadas- a buscar otras vías; una vuelta de tuerca que transforme al demagogo que ve en la propuesta de nuevas leyes que modifiquen lo que le parece indeseable, en una autoridad cívica responsable y dispuesta al escrutinio de sus procedimientos, capaz de aceptar sus errores y de enfrentarlos, sin necesidad de alterar las reglas del juego para ganar.

Siempre es sano evaluar con altura de miras la institucionalidad que ha dado otro rostro -uno mucho mejor y más amable- a la justicia penal. Pero nunca hay que olvidar que el triunfo democrático que confirió al país un sistema que hace gala de nuestro estado democrático de derecho, con garantías para todos los actores y ciudadanos, se agrieta con embates como éste, que sin evidencia empírica, y simplemente por olfato -y capricho- político horadan las bases de una justicia igualitaria y equilibrada.

La “reforma a la reforma” que se pretende es superflua e improvisada. Un proceso así lo que requiere es pausa y reflexión; cifras y debate. Por el contrario, la reforma al reformador es, más que nunca, necesaria y urgente.