Los correos electrónicos que advirtieron en agosto las irregularidades en el caso sobreprecios

Eran las 12.45 horas del pasado 16 de agosto cuando Felipe Baeza, jefe de la comisión evaluadora de la licitación que decidió la compra de los detectores de droga en el Ministerio del Interior, miró su correo electrónico. En su bandeja de entrada había un mensaje inquietante. El empresario estadounidense Hugo Federico, dueño de Fenix American Technologies, le explicaba que el concurso era nulo, ya que la firma ganadora -Tecnodata, de Alfredo Giacomán- no había presentado la boleta de garantía de fiel cumplimiento, aún cuando habían transcurrido 41 días desde que el 6 de julio se ganara la propuesta. En suma, la cartera, a su juicio, había incumplido las bases de licitación.

Federico, además, lo altertaba por el sobreprecio que pagaría el Estado, recomendándole que podría ahorrar dinero contratando sus servicios, a través de la empresa representante en Chile -Sectrade- cuyo dueño es Fernando Cordero, hijo del ex director de Carabineros Fernando Cordero Rusque.

“Como información adicional para usted y para el Ministerio del Interior, y en aras de una mejor admninistración de los recursos gubernamentales, le comento que estamos en condiciones de entregarle ambos productos, fibroscopios y densímetros, con un ahorro de aproximadamente 200 millones de pesos”, señala uno de los correos a los que accedió The Clinic Online.

Baeza reenvió el mail al escalafón superior: el ex fiscal y jefe de la División de Estudios de la cartera, el renunciado Alejandro Peña, cumpliendo la norma de una institución piramidal.

Junto a él, los correos derivaron también el jefe de la División Jurídica de Interior, Víctor Merino Rojas y a otro miembro de la Comisión Evaluadora de la misma unidad, Manuel Cacho.

Durante la tarde del mismo día, Federico insistió. A las 17.35 horas le envió a Cacho un mail donde explicaba la misma situación que ocurría con Tecnodata.

Dudas y sospechas

En Interior no cundió la preocupación, porque Sectrade no había participado de la licitación pues no cumplía con los requisitos y todo indicaba que se trataba de un oferente que sangraba por la herida.

Sin embargo, en el mismo grupo de correos, se revela que desde ese momento los hilos comenzaron a moverse rápidamente para que Giacomán presentara el documento a la brevedad y dejar todo saldado. Quien lo apuraba era precisamente Cacho.

Los correos son indagados por el fiscal Centro Norte Jaime Retamal, debido a que podrían entregar información sobre la tramitación administrativa que siguió la licitación ganada por Giacomán, ya que del contenido tuvieron conocimiento tanto el ex titular de Interior Rodrigo Hinzpeter, como también el subsecretario Rodrigo Ubilla y al menos otros diez funcionarios.

En esa línea hay que recordar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló la semana pasada por cohecho, fraude al fisco y revelación de secreto, contra Baeza y Cacho, como también en contra de los otros miembros de la comisión evaluadora, César Saavedra Robles, Rodrigo Muñoz Toledo y Chrystian Urzúa Bilbao, Giacomán y los empresario Roberto y Daniel Weinberger, tal como lo informó este diario.

El escándalo de los sobreprecios, que fue destapado por Ciper Chile, derivó en la renuncia –a principios de octubre- de Baeza, Peña, del ex funcionario de la unidad de crimen organismo y ex analista de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Álvarez. Este último debió dejar su cargo porque mantenía comunicación con Giacomán, asegura, en calidad de amigo y no para revelarle secretos de la licitación.

One more time

En 17 de agosto, Federico volvió a la carga. Esta vez le envió un análisis jurídico de por qué la licitación era nula a Víctor Merino, al entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y otros tres funcionarios de la secretaría de Estado.

“Asimismo se ha privilegiado clara a irregularmente a un oferente pues el retardo de 41 días en la firma del contrato, le genera un beneficio económico financiero al no haber hecho entrega aún de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. También y a mayor abundamiento, se le beneficia arbitrariamente al no haber comenzado a regirle el plazo de entrega de los equipos licitados”, insistió Federico.

Según el empresario, no pudo postular al concurso debido al “elevado monto y breve plazo para hacer entrega de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato y estar obligados, según el texto expreso de las bases, a sustituirla por la boleta de seriedad de la oferta a la fecha de la firma del contrato, dentro de cinco días de notificada la adjudicación en el portal”.

El 20 del mismo mes Merino le respondió escuetamente a Federico que debía cumplir con ciertas formalidades para hacer llegar sus argumentos a la autoridad, con lo que la cartera ganó tiempo.

“En relación al correo electrónico del rubro, cúmpleme con manifestar que la solicitud por usted formulada debe materializarse en una presentación efectuada por escrito al señor Subsecretario del Interior, en su calidad de Jefe del Servicio, y debidamente firmada por el representante legal de la empresa Phoenix American Techonologies, acreditando en tal caso la personería de quien actúa en nombre de la mencionada sociedad”, señala el correo, donde también le entrega la dirección para el trámite.

El 21 de agosto, Cacho apuraba a Giacomán para la entrega del documento para llevar adelante la compra de los aparatos que, según se sabe hasta ahora, tenían un 400 por ciento de sobreprecios. Lo anterior, porque el dueño de Tecnodata se los compraba a la empresa gringa SAS R&D Services Inc., a través de otro empresario: Daniel Weinberger, dueño de la sociedad Santa Isabel dedicada al rubro de los productos gourmet.

Inocencia

El abogado de Baeza, Cristián Bouchette, explicó a este diario que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan. Al respecto argumentó que su patrocinado cumplió con todos los requerimientos de las bases de licitaciones y los trámites formales ordenados por el Ministerio del Interior, por lo que descartan las irregularidades, como también cualquier responsabilidad de su representado.

Al respecto aseguró que el hecho de que Baeza haya derivado de inmediato el correo enviado por Federico a sus superiores jerárquicos en la cartera, es una muestra de que actuó como mandan las normas de los funcionarios públicos y la transparencia debida para licitaciones de este tipo. De allí que se encuentran confiados en que la indagatoria revelará su inocencia.

Lea el correo enviado por Hugo Federico

Lea la respuesta entregada por el Ministerio del Interior