A partir del sábado 17 de noviembre, las organizaciones mapuche costeras que forman parte de la Identidad Territorial Lafkenche, desde Arauco a Hualaihué, decidimos salir a manifestar nuestro público rechazo al Gobierno y al Parlamento por su proyecto de Ley de Pesca, que ha vulnerado y excluido nuestros derechos como Pueblos Originarios.

Muchos se preguntarán qué tiene que ver esta materia legislativa con los mapuche, y entendemos que les resulte al menos curioso, cuando se vive en un país en que se desconoce la historia, cultura e identidad de nuestros Pueblos Originarios. Y cuando tampoco existen espacios que faciliten un debate más informado, sin sesgos y, por lo tanto, el entendimiento de las razones de fondo de estas problemáticas.

Nuestra identidad mapuche se denomina “lafkenche”, que significa “gente del mar”, nombre que nos define por ser habitantes del borde costero y por la vinculación ancestral que ha desarrollado nuestro pueblo con el mar, nuestro Lafkenmapu; a partir del cual obtenemos un sustento no sólo material, sino también sagrado y espiritual, heredado de nuestros antepasados.

Con el fin de proteger este territorio, hace más de 20 años comenzamos a articularnos a través de una organización, con sede en la ciudad de Temuco. Como resultado de este trabajo conjunto, en 2008 conseguimos la promulgación de la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), que crea el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, y que hoy, en el contexto de su aplicación, nos enfrenta a una compleja paradoja, debido a que este instrumento jurídico nos permite acceder a espacios de borde costero y realizar diversos usos, entre ellos el pesquero; no obstante, nos exige que se haga respetando la legislación vigente, lo que nos deja fuera de la extracción de los recursos pesqueros pelágicos, trabando así el desarrollo económico y cultural de nuestro pueblo.

En la época en que luchábamos por la Ley Lafkenche, le planteamos a las autoridades que no sólo queríamos espacio de mar, sino también recursos pesqueros, pero nos dijeron que fuéramos pacientes, que esperáramos hasta la discusión de la nueva Ley de Pesca, porque ahí sería el tiempo de hablar de los recursos pesqueros. Y así lo hicimos, aceptamos esas condiciones.

Por eso, en tanto se gestó la modificación de la Ley de Pesca, acudimos a las instancias formales para plantear nuestra problemática, amparados en la Ley Lafkenche y en instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el país, como el Convenio 169 de la OIT, aprobado hace cuatro años por el Parlamento y ratificado por el Estado de Chile, que en su artículo N°6 garantiza el derecho de los Pueblos Originarios a “ser consultados respecto de todas aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente”.

Fue así que, hace exactamente un año, comenzamos las gestiones ante el ministro Longueira, con el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, con el subsecretario de Pesca y con parlamentarios de las diferentes bancadas, sin conseguir que nuestras legítimas demandas fueran debidamente escuchadas. Así, expusimos ante la Comisión Por los Derechos del Pueblo Mapuche del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo estatal, ocasión en que la Iglesia Católica, representada por monseñor Fernando Chomalí, nos expresó su desconcierto y preocupación al conocer la realidad de los pescadores lafkenche.

Luego, en agosto pasado, el INDH despachó un conciso informe que detalla la validez del reclamo de los Pueblos Originarios en la tramitación del proyecto de Ley de Pesca, concluyendo que es deber del Estado de Chile consultar de manera apropiada a los Pueblos Originarios en estos procesos legislativos. Agregando que “la consulta es una herramienta fundamental para prevenir conflictos, crear un clima de diálogo y concretar la participación de los pueblos y comunidades indígenas que tradicionalmente han tenido acceso al borde costero”.

De ahí hasta acá, hemos estado presente en todos las instancias necesarias, exponiendo nuestros planteamientos en todos los debates que se nos ha permitido. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, sólo hemos recibido un portazo en la cara por parte del Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, y ahora del Senado. Aunque es justo valorar la voluntad de algunos parlamentarios por hacer presente nuestra situación en el debate e incluirnos en la nueva normativa.
Este proceso representa una enorme frustración en nuestra gente, que ha visto cómo históricamente le han sido despojados sus derechos legítimos. Resulta paradójico e incomprensible que esta ley, propiciada por el gobierno y encabezada por el ministro Longueira, garantice derechos a los industriales y abra las puertas a inversionistas extranjeros, otorgándoles la explotación de los recursos naturales, dejando de lado a los Pueblos Originarios, que milenariamente se han desarrollado en función del mar.

¿Qué tipo de desarrollo piensa este Gobierno para los Pueblos Originarios del futuro? ¿Sin acceso a recursos y concesionando sus territorios para que otros los exploten? ¿Cómo se explica que en el discurso el gobierno exprese interés de ayudar al desarrollo a los Pueblos Originarios, y al mismo tiempo le impida acceder a los recursos pesqueros que legítima e históricamente tiene derecho?

Ese descontento nos llevó a manifestarnos en la calle, a sumar fuerzas, conscientes que nuestra lucha no sólo representa la defensa de los Pueblos Originarios, sino también de la seguridad y soberanía alimentaria para el país. Si no ponemos un atajo a lo que significa la depredación de los recursos naturales, no sólo le estamos heredando pobreza a los mapuche, sino heredando una crisis de alimentación a toda la población. Eso es grave para Chile. Nuestra esperanza estuvo en sumar el apoyo del ciudadano consciente, para detener esta discusión y orientarnos hacia el rumbo correcto, de garantizar el acceso a los recursos naturales a toda la población, pero sobre la base de la sostenibilidad.

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* Presidente Identidad
Territorial Lafkenche y Alcalde electo comuna de Tirúa