Fin del año. Fin de la humanidad, según nuestros primos mayas. La hora de los recuentos. En el caso mapuche, nuevamente Chile despide el año en deuda. Pudo ser, pero no fue. Lo demuestra el reciente fallo de la Contraloría que autorizó a Carabineros a mantener en sus filas al asesino de Matías Catrileo; la huelga de hambre (la quinta a la fecha) de los líderes de la CAM en la cárcel de Angol demandando la revisión de sus condenas; los juicios por “terrorismo” -en un país sin terrorismo según el Departamento de Estado de los EE.UU- todavía en curso al sur del Biobío; la detención de nuevos dirigentes mapuches, uno de ellos Marcelo Catrillanca Queipul, tras ocho años en la clandestinidad, etc. Sí, también lo demuestran los camiones quemados, las casas incendiadas, los asaltos a medianoche a pequeños parceleros y un largo etcétera de hechos violentos que dan cuenta de un veredicto inapelable: la derrota de la Política en el conflicto. No verlo a estas alturas es de porfiado.

Pero no seamos tan pesimistas. Si hablamos de Chile, en materia indígena, hablamos de políticas públicas. Y si hablamos de políticas públicas hablamos de Mideplan, la CONADI y el “enfoque pobreza” (no el enfoque de derechos) para intervenir en el “mundo indígena”. Hablamos también de esta mirada, noventera, de los mapuches como interdictos, beneficiarios de caridad cristiana y paternalismo estatal.

De ello hablamos cuando hablamos de políticas públicas. De indigenismo clásico, el mismo que en Chile –enhorabuena- pareciera estar haciendo agua y desde hace ya bastante rato. Si hasta las autoridades lo reconocen. “La CONADI no da el ancho”, señaló el director del organismo, Jorge Retamal, al Diario Austral de Temuco hace poco. Y vaya si tiene razón; no lo da, no lo dio desde su creación y no lo dará tampoco en el futuro.

Si ya como “servicio público” la CONADI no daba el ancho, otorgarle además el peso de la “representación” política indígena fue su sentencia de muerte. Pocos lo recuerdan, pero a poco de partir ya nadie la tomó muy en serio. Ni el movimiento mapuche, que desbordó aquella institucionalidad apenas demostró su ineficacia (casos Pangue, Ralco, By-Pass de Temuco y un largo etcétera de megaproyectos que violaron cuantas veces quisieron la Ley Indígena), ni los sucesivos gobiernos de turno. Hasta el gobierno de Bachelet, CONADI fue botín de guerra de los partidos de la Concertación.

¿Por qué no avanzar hoy, por ejemplo, en aquella vieja demanda mapuche de un Ministerio de Asuntos Indígenas, como existen en Canadá y Australia? Sería un salto cualitativo. Permitiría implementar definitivamente el Convenio 169 de la OIT. Si la CONADI fue la institución que –bien o mal, más mal que bien ya hemos visto- resultó de la Ley Indígena, un Ministerio de Asuntos Indígenas es lo que demanda a gritos el Convenio 169 de la OIT. Y también la ONU. Y también los organismos internacionales de DD.HH. Uno hasta diría que existe consenso al respecto. Tanto la Concertación como la Alianza han planteado, en campañas electorales pasadas, la idea de avanzar hacia una institucionalidad acorde a los nuevos tiempos. ¿En qué topamos, ministro Lavín?

No soy ingenuo. En este punto del debate casi siempre la piedra de tope es aquella de la “representación”. ¿Qué hacer con los consejeros de CONADI? Si me lo preguntan, jubilarlos y separar de una vez por todas la Iglesia del Estado. Un Ministerio de Asuntos Indígenas para los asuntos de Dios (políticas públicas) y un Parlamento Indígena para los asuntos de Estado. Si en Canadá existe el Parlamento de las Primeras Naciones, ¿por qué en Chile no podría existir un Parlamento o Consejo de Pueblos Originarios, aunque fuera de carácter consultivo? Sería un verdadero salto al siglo XXI. Sucede en Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Canadá y Nueva Zelanda. Chile gusta compararse con ellos. Ya es hora de ponerse a su altura.