El conflicto de interés de la Ministra de Justicia

A pocas horas que asumiera el cargo, y repitiendo el mismo guión que terminó por sacar a su antecesor, la nueva ministra de justicia, Patricia Pérez, señaló escuetamente que no veía ningún conflicto de interés en el hecho que su marido sea el Fiscal Regional de Valparaíso. Dicha afirmación resulta cuestionable si se considera que la titular de justicia tiene un papel decisivo en varios asuntos controvertidos que se vinculan directamente con las facultades y obligaciones del Ministerio Público, en cuya gestión interviene directamente su esposo. Lo anterior, ya que la administración del Ministerio Público se encuentra a cargo por ley de un Fiscal Nacional, con intervención de un Consejo integrado por todos los Fiscales Regionales.

En la actualidad se discute el denominado proyecto de “fortalecimiento institucional”, por el cual se pretende asignar importantes recursos al Ministerio Público para la creación de nuevos cargos y aumento de sueldos. Es del caso que la Ministra tiene un rol determinante para definir las condiciones en que tales dineros sean entregados, en un contexto en que el Fiscal Nacional ha pedido insistentemente mayores fondos, pero negándose que a su vez se establezcan controles para su adecuado uso, bajo el argumento de que el Ministerio Público es autónomo, por lo que ningún órgano externo podría entrometerse en las decisiones que se toman al interior de la institución. El resultado práctico de esta política ha sido que tanto el Fiscal Nacional como los Fiscales Regionales (incluido el marido de la ministra) pueden asignar recursos y hacer nombramientos a su antojo, situación que ha sido posible por una total falta de control externo efectivo, sumado a la inexistencia de una carrera funcionaria que opere bajo parámetros objetivos y verificables.

Por otra parte, se encuentra en plena gestación el proyecto denominado “reforma a la reforma”, donde nuevamente el Fiscal Nacional ha señalado su interés en que el Ministerio Público aumente de manera sustantiva sus facultades, pero sin que se avance en nada que involucre más transparencia, ya que con eso se afectaría su conveniente visión de “autonomía”. Esto resulta especialmente preocupante, si se considera que el propio Sabas Chahuán ha llegado al extremo de señalar públicamente el deseo de tener bajo su administración a las policías.

Todo lo anterior se produce en un contexto en que se han presentado graves denuncias sobre la alteración de las metas institucionales del Ministerio Público, decididas por el Fiscal Nacional a instancias de los Fiscales Regionales cada vez que constatan que la meta originalmente establecida no la van a poder cumplir.

Asimismo se ha denunciado que, con la finalidad de mostrar resultados positivos y tapar graves deficiencias, se han falseando registros y datos vinculados con las metas y resultados de la Fiscalía Nacional y Fiscalías Regionales; información que a su vez es entregada al Congreso, a la Dirección de Presupuestos y a la Opinión Pública. Si bien en un primer momento Sabas Chahuán trató de restarle importancia a esta situación, al final no tuvo más remedio que buscar una solución controlada, para lo cual nombró a una persona de su completa confianza para hacer una “investigación interna” de estos hechos, designando precisamente al Fiscal Regional de Valparaíso, marido de la Ministra de Justicia, quien según se ha informado públicamente, también solicitó en su momento la alteración de metas de la Fiscalía que tiene a su cargo. Cabe destacar que producto de estas denuncias ya van 2 funcionarios de rango medio destituidos.

En definitiva, en vez hacer nuevamente lo mismo, negando un conflicto de interés manifiesto, lo razonable habría sido que la Ministra Pérez lo hubiese asumido, señalando alguna fórmula para enfrentarlo, de manera tal que se garantice la debida transparencia en la discusión y toma de decisiones sobre materias vinculadas a la gestión del Ministerio Público. Sin embargo, una vez más, nos encontramos ante una nueva ministra pero frente al mismo viejo problema: negar a toda costa conflictos de interés evidentes en perjuicio del interés general.

*Abogado. Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal.