Golborne: “Debemos entender que un proyecto universitario que fracasa no tiene las mismas consecuencias que la quiebra de una empresa”

 

El ahora candidato presidencial Laurence Golborne apareció luego de varios días de silencio político. Lo hizo con una columna en El Mercurio, en donde manifestó su preocupación por el escándalo en que se ve inmerso desde hace algunas semanas el sistema de acreditación de las universidades privadas.

A juicio del ex ministro de Obras Públicas, lo que comenzó con la megazorra en la Universidad del Mar, “no nos puede dejar indiferentes”.

“No sólo ha tenido un impacto en más de veinte mil familias de estudiantes, docentes y trabajadores, sino también ha confirmado que el sistema de acreditación requiere mejoras urgentes”, escribió.

Las palabras de Golborne se enmarcan en dos investigtaciones que lleva el fiscal oriente Carlos Gajardo. Una por la corrupción en las acreditaciones, arista en la que está formalizado el ex presidente de la CNA Luis Eugenio Díaz, junto al ex rector de la última casa de estudios Héctor Zúñiga y el controlador de la UPV Ángel Maulén, todos por lavado de dinero y cohecho. La segunda, referida al lucro en las universidades, donde existe la sospecha de un fraude al fisco, permitiendo que los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE) no fueran reinvertidos como dice la ley, sino que pasaran al patrimomio de los dueños de las “úes”.

Golborne aseverea que el Estado tiene una responsabilidad en el “deficiente diseño del sistema de acreditación el que nos ha llevado a esta situación límite, y por lo mismo, es éste el que tiene la responsabilidad de encontrar una solución rápida y efectiva a este problema”.

“No podemos olvidar que, al fin y al cabo, fue el mismo Estado el que avaló a través de la institucionalidad a esta universidad, y los alumnos depositaron su confianza en este acto de fe pública”, insistió. Del lucro, ni una palabra.

En esa línea inquirió al gobierno a buscar una solución rápida a esta “crisis”, porque “los alumnos necesitan contar con la tranquilidad de que podrán terminar sus estudios”.

“Ellos son las verdaderas víctimas, y en quienes tiene que centrarse la acción. ¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación si el Consejo Nacional de Educación decide cancelar la personalidad jurídica de la universidad? ¿Si la institución sigue funcionando, cómo otorgará el ministerio las garantías básicas para asegurar su calidad y continuidad? El Estado ya se involucró al otorgar la acreditación y debe ser el catalizador de la solución definitiva para este problema”.

El candidato filo UDI valoró la propuesta de La Moneda para modificar el CNA creando la Agencia Nacional de Acreditación, cuyos miembros serán elegidos por Alta Dirección Pública y así “elevar los estándares con procesos de evaluación más exigentes, que se establezcan claramente las incompatibilidades, que quienes acrediten sean agencias públicas o privadas supervisadas y con reputación internacional”.

“Debemos entender que un proyecto universitario que fracasa no tiene las mismas consecuencias que la quiebra de una empresa productiva”, explicó.