Se trató de un crimen brutal. En eso coinciden todos. Especialmente los mapuche, que han condenado sin titubeos lo que consideran un vil asesinato a sangre fría. Lo hizo hasta la propia CAM, organización sindicada por el gobierno y los fiscales como responsable de todos los males al sur del Biobío. Reconociendo un quiebre interno en sus filas y rechazando el atentado en Vilcún, la organización salió al paso de las acusaciones el pasado martes. Y lo hizo apuntando a grupos ajenos la responsabilidad en los “hechos de violencia que han causado la muerte de personas civiles, demonizando al Pueblo Mapuche en su conjunto y deslegitimando sus justas reivindicaciones”, señalaron en un comunicado. Recuerda la CAM que tras la huelga de hambre de 2010 y las negociaciones con representantes de La Moneda, bajo la mediación de monseñor Ricardo Ezzati, comuneros de Vilcún se descolgaron de sus filas, “no existiendo desde entonces relación política ni orgánica con dichas personas”. ¿Entonces fueron comuneros pero no vinculados a dicha organización? Por lo pronto, materia de investigación. O dejar que las instituciones funcionen. Es lo que señalan, a coro, las autoridades cuando el baleado por la espalda es un comunero mapuche y no un descendiente de colonos suizos.
Cuánta falta hace por estos días eso: dejar que las instituciones funcionen. Que hagan su trabajo, libre de presiones y del cálculo político menor. Vaya si cuesta.

A ratos, pareciera que unos apuestan por la agudización de la crisis. “En apagar el fuego con bencina”, como lúcidamente calificó el Premio Nacional de Historia 2012, Jorge Pinto, el actuar de algunas autoridades de gobierno. Pinto explicó, pedagógico, que tras el clima de violencia rural existía una larga “historia de abusos y discriminación” y que “el Estado es responsable de la violencia en La Araucanía desde el Siglo XIX. Y no ha sido capaz de frenarla”. “Es como intentar apagar el fuego con bencina”, concluyó respecto a las “soluciones” planteadas por el Gobierno. A saber: aplicación de Ley Antiterrorista, incremento (de la ya otras veces incrementada) dotación policial y el envío a la zona del tercer hombre en la línea de mando de Carabineros. ¿Por qué repetir hasta el cansancio una fórmula inconducente y agotada?

Bueno, porque se trata de “peligrosos” y “sofisticados” grupos “terroristas”, “altamente entrenados”, con “apoyo financiero externo” y de una “férrea disciplina paramilitar”, ha respondido toda la semana el senador Alberto Espina. Pocas veces el parlamentario por Malleco, la “zona roja” como suele llamarla, ha gozado de tanta prensa. Y pocas veces ha contado además con tanto eco en La Moneda. Desde el ministro Andrés Chadwick, un animal político en teoría caracterizado por su “visión de Estado”, hasta el propio ministro Joaquín Lavín, en los hechos el principal responsable del tema indígena en Chile y que, puesto en esta coyuntura macabra, no ha tenido más remedio que sumar a su discurso multicultural conceptos tales como “extremismo étnico” y “terrorismo”. ¿Notará Lavín lo contradictorio que se vuelve su discurso cuando mezcla, sin pausa ni intermedios, conceptos como “diversidad cultural” o “desarrollo con identidad” con “defensa del estado de derecho” y “aplicación del máximo rigor de la ley”? ¿Sospechará que precisamente es aquel “estado de derecho” el cual debe ser revisado y de manera urgente para avanzar en Chile hacia un Estado Multicultural? Es cierto, no se trata de revisarlo atentando contra casas patronales o quemando vivos a una pareja de adultos mayores. Pero tampoco ayuda mucho el reforzar su carácter punitivo, estigmatizando de paso a todo un pueblo como potencial amenaza terrorista.

Y es que por más que lo nieguen, aplicar la Ley Antiterrorista implica transformar al pueblo mapuche, una vez más, en los sospechosos de siempre. “En comunicación política no importa tanto lo que se haga o se diga, si no lo que la ciudadanía finalmente entienda”, advertía meses atrás al propio gobierno el diputado UDI por Malleco, Gonzalo Arenas. Su advertencia tenía que ver con la, a su juicio, pésima gestión gubernamental del conflicto en materia de señales públicas. Paradójicamente para muchos, no así para quienes lo venimos leyendo hace rato, Arenas ha sido de los pocos que ha llamado a la cordura tras los sucesos de Vilcún. Mientras La Moneda, los partidos de la Alianza y los precandidatos Golborne y Allamand han realizado histéricos llamados a la “mano dura”, no descartando incluso la aplicación de un estado de excepción, Arenas no ha trepidado en declarar que los más drásticos en su sector “son los que menos saben del tema”. “Entre menos se conoce el tema, más drásticos son en las soluciones, más blanco y negro es el tema. Todos los parlamentarios en Santiago son los primeros que dicen: Estado de Sitio, Estado de Emergencia, Ley Antiterrorista, acá hay malos y buenos. No tienen idea lo que dicen”, declaró a La Tercera en días recientes. “Lo claro es que un Gobierno con visión de futuro tiene que seguir una línea independientemente de los ‘torpedazos’ que le peguen con atentados”, agregó sacando ronchas en varios.

Valiente el diputado UDI. Desde 2006 es parlamentario de las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico y Traiguén. Se trata de la misma “zona roja” del senador Espina. Pero años luz parecieran separarlos a ambos. ¿Cómo pretende el gobierno cambiar el paradigma de las políticas indígenas en Chile si voces como las del diputado Arenas resultan solitarias e incluso hasta mal miradas al interior de la coalición de gobierno? En la respuesta, créanme, se juega en parte el futuro de la paz social y la convivencia interétnica en La Araucanía. ¿Será posible destrabar el actual escenario de conflicto? El pueblo mapuche, por lo pronto, ha dado en las últimas horas una señal potentísima: la convocatoria, para el próximo 16 de enero, a una Gran Cumbre en el emblemático Cerro Ñielol de Temuco, lanzada por un abanico transversal de organizaciones y comunidades mapuches del sur. Además del presidente de la República, ya han anunciado que serán invitados los máximos representantes de los tres poderes del Estado, los candidatos presidenciales y la sociedad civil. ¿El objetivo? Otorgar, entre tanto vociferante suelto, una oportunidad al diálogo y la palabra. “El objetivo es avanzar hacia un nuevo Pacto Social entre los mapuche y el Estado”, declaró en Temuco el portavoz de la convocatoria, Aucan Huilcamán. “Queremos una paz social firme y duradera. No puede continuar la intolerancia ni la violación de derechos humanos”, agregó Huilcamán, subrayando que el diálogo sería “de buena fe”. ¿Asistirá el Presidente Sebastián Piñera? Noticia aún en desarrollo.