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Nacional

14 de Enero de 2013

La Contraloría salva a Mañalich por filtración del Examen Nacional de Conocimientos Médicos y le permitirá contratar médicos sin puntaje mínimo

La entidad revisora estimó que el secretario de Estado, en virtud de las facultades que posee, podrá aplicar a todos los médicos, hayan rendido o no el Eunacom, la contratación para el sistema nacional de salud. Asimismo la Contraloría criticó la grave afectación a la fe pública, el hecho de que se conociera una serie de consultas de la prueba con anterioridad. El pronunciamiento le permitirá a Mañalich contratar los 1.100 médicos necesarios para el sistema de atención, que se dividen en 600 para los consultorios, otros que harán reemplazos de verano y los becarios, estos últimos que permitirán terminar con la brecha de 1.700 profesional que aún faltan.

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La Contraloría permitirá que el Ministerio de Salud contraté 1.100 médicos para el sistema de salud, aún cuando se haya filtrado una parte del Examen Nacional de Conocimientos Médicos (Eunacom), que exigía un puntaje mínimo.

Así consta en un dictamen emitido el pasado 8 de enero al que accedió The Clinic Online, pronunciamiento solicitado por el secretario de la cartera Jaime Mañalich. Este último, cabe recordar, aseguró que debido a que se conocieron anticipadamente preguntas en Eunacom, se había perdido la confianza en el instrumento de medición, por lo que el organismo fiscalizador debía evaluar como una situación de fuerza mayor, pasar por alto el examen.

Al respecto la entidad revisora resolvió: “En este contexto normativo, y en relación al artículo 32, N° 6, de la Constitución Política de la República, este Órgano Contralor estima que, al no haberse previsto en el correspondiente reglamento aquellas normas atingentes a circunstancias extraordinarias o imprevistas —como las de la especie o como las que pudiesen ser necesarias en caso fortuito o fuerza mayor-, es posible que en ejercicio de la potestad reglamentaria el Jefe de Estado modifique, de manera excepcional y transitoria, el mencionado decreto N° 8, de 2009, estableciendo una normativa que permita al Ministerio de Salud dar solución al problema que afectó al examen de que se trata en su versión 2012”.

A renglón seguido la Contraloría hizo un ligero alcance, señalando que en esta oportunidad la decisión que adopte Mañalich, será previa consulta Comisión Nacional Docente Asistencial de Salud, dependiente de esa secretaría de Estado, toda vez que deberá ser aplicada a todos por igual.

“En todo caso, esa reglamentación debe ser de general aplicación a todos los destinatarios de sus preceptos, sin que sea procedente dispensar de manera singular a alguno de ellos de su normativa. Con todo, a juicio de esta Contraloría General, en la elaboración de las normas reglamentarias que pudieren fijarse o en cualquier solución que se adopte respecto de la situación consultada, además de la necesaria transparencia que debe presidir la realización del examen, para asegurar la fe pública comprometida en tal proceso, tiene que ponderarse la confianza legítima de los médicos que de buena fe concurrieron a darlo”.

Los tiempos, además, según lo había reconocido el propio ministro apremiaban debido a que la planificación del Minsal proyecta contratar a 1.100 médicos a contar de enero próximo. De estos cupos, cerca de 600 están destinados a los consultorios del país, otros 200 para los reemplazos de verano y otros 300 son médicos que iniciarían sus becas de especialización, en el marco del plan para cerrar la brecha de 1.700 especialistas que requiere la red pública.

La Contraloría aprovechó también de darle un tirón de orejas a la autoridad, apuntando que con la filtración se puso en entredicho no sólo este sistema de evaluación sino también la fe pública que lo sustenta.

“Finalmente, es del caso señalar la gravedad de la situación producida, que revela la debilidad de la transferencia pública evaluadora y certificadora hecha por el legislador a una asociación privada de colaboradores de la educación de la medicina que no han adoptado y resguardado debidamente la confianza pública que representa el delicado encargo hecho por el legislador, circunstancia que éste debe tener en cuenta en la oportunidad correspondiente a las modificaciones legales que deban realizarse en su oportunidad, todo ello sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades penales y administrativas que pudieren corresponder”.

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