Contraloría ordena sumario en Subsecretaría de Pesca por graves irregularidades en cuotas de extracción

La Contraloría ordenó la realización de varios sumarios administrativos en la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), cuyo titular es Pablo Galilea, luego de establecer graves irregularidades en el otorgamiento de permisos de extracción de distintas especies marinas, algunas de las cuales estaban en veda, para fines de investigación, figura que permitió encubrir actividades comerciales. Así lo establece el informe 37-2012 del organismo fiscalizador que publica íntegramente The Clinic Online.

El documento da cuenta que el desorden de las carpetas de documentación con que se dieron los permisos, implica que “no es posible afirmar que las autorizaciones de pesca de investigación hayan sido resueltas sobre la base de información requerida para esos efectos”.

A partir de esa conclusión, la entidad revisora de los actos del Estado comenzó un desglose que revela que varias de las autorizaciones fueron sólo una pantalla para generar actividades comerciales, incluso porque faltaba pescado para la época de Semana Santa de 2011; que no se aplicaron las multas que ordenaba la ley, que los solicitantes nunca entregaron documentación obligatoria e incluso la inexistencia de un manual para tramitar las solicitudes.

En el informe preparado por la Unidad de Control Externo de la Contraloría de Valparaíso, donde se halla la sede de la Subpesca, se acreditó que en 2011 se autorizó a la empresa Mares de Chile, bajo la modalidad de pesca de investigación el 95% de la cuota o “fracción artesanal de la cuota global anual” en la XII Región y del 62% en la X Región.

La Subpesca argumentó que todo estaba en regla, pero el organismo de control estimó que realizará un sumario administrativo para “hacer efectivas las responsabilidad de los funcionarios que tuvieron participación en los hechos antes descritos”.

La culpa es de Cristo

Antes de acreditar nuevas anomalías con distintas especies del sur y norte del país, la Contraloría le recordó a la Subpesca que la ley sólo le permite destinar de la cuota global de captura un 3% para fines de investigación.

A renglón seguido detalló, por ejemplo, el caso de la Merluza del Sur, donde la Subpesca aumentó en 20,1 toneladas la extracción y 8,8 de ellas a la investigación. Lo particular de la determinación es que el director zonal de la IV Región justificó la medida en la alta demanda del mercado nacional para Semana Santa y la oportunidad de comercialización”. La Contraloría estimó que era abiertamente ilegal, porque la “pesca de investigación” no es lo mismo que una “actividad de pesca extractiva” destinada a ganar dinero para los privados. La decisión, señala el documento fue autorizada por la máxima autoridad de la Subpesca, es decir, el propio Galilea. Suma y sigue, realizará otro sumario.

La anchoveta y la sardina común tampoco se salvaron de las anomalías en la Subpesca. La Contraloría descubrió la misma fórmula e incluso las cifras no cuadran en el otorgamiento de cuotas de extracción. Y ordenó otro sumario.

Los problemas también atañen a la merluza común. En 2011 se autorizó en la VII Región la captura de 250 toneladas con cargo a la reserva de investigación, porque en la zona norte de la misma estaba agotada la cuota de captura.

Sin embargo, la determinación de la Subpesca, como estableció la Contraloría, excedió “ampliamente” la cuota, porque la Consultora Servicios Profesionales Ltda, sólo solicitó 105 toneladas. Para el organismo fiscalizador, no existen fundamentos para esta aumento, toda vez que las embarcaciones que participaron, “las artes de pesca utilizadas, las zonas de captura, la eficiencia económica de la flota”, entre otros detalles, claramente no eran para “pesca de investigación”.

Un caso similar es el del Instituto de Fomento Pesquero que capturó 607,2 toneladas de merluza común en la zona sur de la VII Región. La Contraloría ordenó otro sumario, porque no se explican cuáles fueron los beneficios para la “pesca de investigación”.

Aún peor

En 2011 también la Subpesca autorizó al Centro de Estudios Pesqueros (Cepes) la extracción del “bacalao de profundidad”. Le autorizó 90 toneladas, aún cuando en los términos de referencia de la petición del Cepes nunca se dijo cuántos peces eran necesarios para la “investigación”.

En el documento se indica que Cepes entregó un informe de avance en enero de 2012. Éste detalla que pescaron 101 toneladas, divididas en 9.911 unidades de las cuales sólo 1.021 fueron para “muestreo biológico” y 2.069 para “muestreo de tallas”.

Lo peor de la autorización es que ésta fue emitida para que Cepes operara entre el 9 de junio y 24 de agosto de 2011, precisamente cuando la especie estaba en veda, por orden del Ministerio de Economía. Y más, porque la indagatoria de la Contraloría, que finalizó en agosto de 2012, esperaba que Cepes entregara un nuevo informe, porque su fecha de vencimiento era el 30 de junio. Y del documento, nada. Y cuando lo entregó en un CD, éste se encontraba vacío.

La autoridad respondió que todo estaba en regla, pero la Contraloría estimó que no aparecían suficientes fundamentos legales y racionales para la autorización. Ordenó otro sumario.

Universidad del Mar, otra vez

El Pejerrey de Mar fue otro afectado. También estaba en veda y autorizaron la pesca de 100 toneladas a la Consultora Pupelde, en las aguas interiores de la X Región.

La Universidad del Mar, la misma que está involucrada en hechos de corrupción por las acreditaciones truchas –valga la analogía con el pez- pudo pescar 200 toneladas de Jurel en la Quinta Región. También la Universidad de Antofagasta. En ambos casos, hubo fines comerciales.

La Raya Volantín y la Raya Espinosa, ambas en veda biológica por sobreexplotación, también fueron autorizadas para ser extraídas, con un total de 52 toneladas, y otras 19 asociadas a la pesca del congrio dorado y en la industrial de la merluza común.

A lo anterior se agrega que la flota que operó en Bahía Mansa en la X Región para extraer la raya, “capturó sin autorización de pesca de investigación” 28 toneladas de las especies mencionadas.

Lea el informe de la Contraloría