¿Y acato? Suizos aprueban salario máximo para directivos de grandes empresas ante sueldos excesivos

Los suizos aprobaron hoy por una mayoría aplastante del 67,9 por ciento limitar los salarios excesivos y otros «paracaídas dorados» de los directivos de las grandes empresas.

En un referéndum histórico por su contenido, pero también por su forma —los 26 cantones sin excepción han votado a favor— los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus remuneraciones.

La campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas se marcharían al extranjero y se perderían miles de empleos no ha surtido efecto, y la mayoría votó a favor de la conocida como iniciativa Minder —en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso— o «iniciativa contra los salarios abusivos».

Sólo 762.000 votantes dijeron «no», mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la medida. En resumen, la iniciativa pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de las grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.

Una vez que entre en vigor —el Gobierno tiene un año para redactar e implementar la nueva normativa— la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

Según la normativa, la asamblea general de accionistas de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros y deberá pronunciarse anualmente sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo.

Asimismo, la nueva ley prohibirá que los miembros de los órganos directivos reciban una indemnización por su partida, conocidos como los «paracaídas dorados», así como primas por contratación.

Además, cuando los directivos abandonen la empresa no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo. Los estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y las participaciones, así como los créditos y los préstamos que se puedan entregar a la dirección.

Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen estas disposiciones: un máximo de tres años de privación de libertad y una multa equivalente a la remuneración de seis años.