“Para hacer una reforma educacional profunda, se va a requerir obviamente una reforma tributaria también que permita garantizar los recursos que hagan que esto sea una realidad”, dijo esta mañana en Radio Cooperativa la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien, tras presentar al equipo que va a diseñar los cambios educacionales, reafirmó este criterio y agregó que el martes dará a conocer más detalles al respecto, a la vez que aseguró que el cambio tributario impulsado por la actual administración sólo reportó recaudaciones marginales.

Quien está a cargo de la coordinación de esta propuesta es el ex director de Presupuestos y actual jefe del equipo de programa de Bachelet, Alberto Arenas, quien además suena como la carta más probable a Hacienda pese a ser socialista.

Según fuentes concertacionistas consultadas por The Clinic Online, Arenas tiene sobre su escritorio, como insumo para su trabajo, las propuestas que durante el 2012 entregó el bloque opositor, a cargo del senador Ricardo Lagos Webber, quien además es parte del comando, y la que elaboró el Centro de Estudios Públicos (CEP) en conjunto con la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan). Ambas incluyen terminar con el Fondo de Utilidades Tributarias o FUT. Este último es un registro en el cual se anotan las utilidades o pérdidas de las empresas que declaran impuesto a la renta de primera categoría y tiene, como flanco débil, el que no recauda tributos por las ganancias que no son retiradas lo que da espacio para evadir gravámenes. En el modelo que analiza Arenas se apunta a que se pague por el conjunto de utilidades lo que permitiría, según la propuesta CEP-Cieplan, integrar más de US $5000 millones frescos al fisco.

Con ellos, Bachelet pretende financiar los cambios en Educación, ya que la gratuidad, señalan en su entorno, beneficiaría a gran parte de la población, pero no al total, porque la ex directora de ONU Mujeres no es partidaria de que los grupos de más altos ingresos estén exentos del pago de arancel.

Lo que dicen las propuestas

En mayo de 2012, cuando estaba en pleno debate la reforma que impulsó el Gobierno de Sebastián Piñera y que elevó el impuesto de primera categoría de las empresas a 20%, el CEP y el Cieplan entregaron su propio proyecto que incluía entre otros puntos, “generalizar el sistema que grava a las empresas”, igualando todos los casos al régimen tributario que se aplica a las sociedades anónimas. Además planteaba aumentar el impuesto a los combustibles a un nivel que permita compensar “las externalidades” negativas que este genera por contaminación, ello al considerar que el impuesto al diésel es “sustancialmente” menor al de los países desarrollados.

En paralelo, se postula aplicar el IVA a todas las ventas de bienes raíces nuevos, y en el caso de las viviendas menores a 2000 UF promueve un subsidio directo para no distorsionar los precios y modificar el pago tributario de los trabajadores.

Una medida sustancial del plan -que será lanzado como libro durante esta semana- es la reducción de la evasión de impuestos a niveles del 8 por ciento, similares la fase previa a la crisis de 2008, mediante un plan de fiscalización.

La oposición, en tanto, planteó en abril un modelo que también contempla terminar con el FUT; pago de impuesto por renta efectiva y no presunta; y que los fondos de inversión privados tributen de forma similar a las sociedades anónimas abiertas.

En combustibles, se postula que también paguen gravámenes las grandes mineras, industrias generadoras de electricidad y transporte de aviación.

Este último modelo sería por el que se estaría inclinando Arenas según fuentes opositoras.