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Cultura

20 de Abril de 2013

Orina y discriminación como política en la lucha contra las drogas

Fuente: www.pijamasurf.com La lucha contra las drogas lleva muchos años en un punto muerto en todo el mundo: la demanda se mantiene constante, el presupuesto militar sigue creciendo mientras el crimen organizado se beneficia al mantener activo un mercado basado en la ilegalidad, además de recibir compensaciones extras al negociar con los gobiernos. Sin embargo, […]

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Fuente: www.pijamasurf.com

La lucha contra las drogas lleva muchos años en un punto muerto en todo el mundo: la demanda se mantiene constante, el presupuesto militar sigue creciendo mientras el crimen organizado se beneficia al mantener activo un mercado basado en la ilegalidad, además de recibir compensaciones extras al negociar con los gobiernos. Sin embargo, además de la violencia física como la que se ha vivido en la militarización de la lucha de gobiernos contra carteles de la droga, la violencia simbólica es un ingrediente menos visible pero igualmente peligroso, que hace blancos (tanto como la otra) en la población civil.

La conferencia anual de la Drug & Alcohol Testing Industry Association (la asociación de empresas dedicadas a realizar pruebas de drogas y alcohol, o DATIA por sus siglas en inglés) contó en su edición del 2012 con la participación de Robert DuPont, director de políticas sobre drogas durante las administraciones de los presidentes estadunidenses Richard Nixon y Gerald Ford. En un estilo que recuerda a los tele-evangelistas, DuPont compartió la que cree que es la solución a esta guerra, disfrazada de acción preventiva: las pruebas generalizadas de orina para identificar usuarios de sustancias ilegales.

Para DuPont, el dar positivo en una de estas pruebas debería implicar la suspensión de los beneficios de seguridad social, la baja de la persona de los programas de asistencia pública y una pena inmediata de cárcel, sin juicio y sin miramientos. Esto, sin embargo, no parece estar dando resultados: Estados Unidos es el país con la tasa más alta de población encarcelada en el mundo, 756 de cada 100 mil personas. Para el año 2010 más de medio millón de personas cumplían pena de cárcel por delitos relacionados con drogas. Sin embargo, aunque ineficaz, el negocio de las pruebas rápidas para sustancias ilegales parece ser sumamente lucrativo.

Hasta el 2006, el 84% de los empleadores en Estados Unidos reportaban aplicar pruebas de drogas a sus trabajadores. En el año 2004, George W. Bush afirmó que destinaría 23 millones de dólares provenientes del presupuesto de educación (que podría usarse, por ejemplo, para mejorar los programas educativos y mejorar el sueldo de los maestros) para aplicar pruebas de este tipo en las escuelas del país. Pero tal presupuesto tendría que ser mucho mayor: si compráramos un vaso de papel para cada individuo económicamente activo solamente en Texas necesitaríamos 30 millones de dólares, eso sin contar todos los demás gastos agregados.

Y en todo caso no es difícil burlar la prueba.

Pero estas políticas discriminatorias no son nuevas: desde 1971 la Operation Golden Flow (hay que reconocer la elegancia del eufemismo para “orina”) aplicó pruebas de orina para identificar adictos entre los veteranos de Vietnam. Desde entonces se sabe que la prueba no es completamente efectiva, pues aunque un subproducto de la marihuana, el carboxy-THC, permanece en el cuerpo días después de que se utilizara cannabis, el cuerpo desecha rápidamente las evidencias de la cocaína y heroína.

“Es como saber que alguien se tomó una cerveza hace tres días”, dice Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. E incluso si EU o el mundo tuviera el presupuesto para aplicar tal cantidad de pruebas en las personas, “¿qué va a decirnos eso sobre qué tan funcionales son en el trabajo hoy? Es anticientífico y discriminatorio.”

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