Hace poco menos de dos años, Mariela Barra desapareció en Puerto Montt. Su cuerpo no ha sido encontrado, aunque sí restos de su ropa y de su pelo. Una investigación que ha entregado pocas luces destaca ahora porque se acusa al fiscal a cargo de haber torturado al principal imputado para obtener su confesión y otros antecedentes. Se trataría de un agente del Estado que para alcanzar su objetivo es capaz de recurrir a métodos tan deleznables como la tortura. El estupor que una acusación, y eventualmente una actuación así nos provocan, debe remarcarse para evitar que se avalen conductas como estas.

No son aceptables los métodos de tortura bajo ningún supuesto. Y es necesario desnudarlos si se producen y por supuesto desterrarlos de nuestro sistema. No es primera vez que acusaciones así se producen, aunque por suerte son más bien excepcionales. Sin duda hemos avanzado desde los tiempos de la inquisición en que las torturas eran un método aceptado y respetado para obtener verdades y confesiones para hacer justicia o de tiempos más o menos recientes, desafortunadamente, en nuestra propia historia. Aunque de vez en cuando, como ahora, aparezcan casos en los que los resabios de prácticas despreciadas y desechadas vuelven a acechar.

Si se han dejado atrás desde hace casi tres siglos es justamente porque garantizar los derechos de todos los ciudadanos resulta fundamental a la hora de hacer justicia. Y principalmente del acusado, aunque parezca paradojal, porque es justamente quien enfrenta sólo con su defensa a todo el poder persecutor y coercitivo del Estado. Pero como el exitismo a veces confunde propósitos, más de alguno podrá preguntarse en todo caso ¿por qué repudiarlas tan abiertamente si con ellas y su aplicación se consigue descubrir a un asesino? Simplemente porque el fin no justifica los medios y la justicia no puede resolverse a cualquier costo. Las garantías que protegen a todos los ciudadanos deben respetarse en todos los eventos y escenarios. Todos queremos justicia pero no a este precio.

Por ello, con la misma premura, diligencia y transparencia con que es necesario aclarar el crimen contra Mariela, es necesario esclarecer lo ocurrido con la denuncia de tortura en contra del fiscal Coronado. Ya lo ha señalado el defensor del principal imputado quien, alzando la voz como corresponde, acusa estos excesos y exige respuestas por quien tiene que darlas.

Que el Fiscal Nacional haya designado a quien nombró al fiscal cuestionado a cargo de la investigación parece un nuevo despropósito. ¿Qué garantías de independencia, de acuciosidad en la investigación podrían haber? Si llegara a determinarse que efectivamente el fiscal Coronado actuó como se denuncia, podría caberle responsabilidad, al menos administrativa, a su jefe directo. ¿Será entonces el más idóneo para llevar adelante una investigación que afecta en definitiva los derechos más esenciales de todas las personas?

Porque al parecer podríamos estar frente a una exportación no tradicional desde Santiago: los métodos del cuestionado ex fiscal Peña aterrizando en la región de los Lagos para esclarecer con premura y espectacularidad, con abusos y sin método científico ni rigor un caso mediático. Y así como ayer fueron los imputados del caso bombas y hoy es el acusado del crimen de Mariela, puede ser cualquiera quien sea objeto de estos abusos, presionado o acusado injustamente. Mariela merece que se haga justicia con su muerte. Nosotros merecemos que no se haga a cualquier precio.

*Paula Vial Reynal
Abogada