Hoy, mientras se cursa en apariencia una nueva era para la ciudadanía, cuando el reclamo multifocal contra el modelo económico vigente ha producido una vibrante respuesta social, resulta necesario recordar los multitudinarios movimientos sociales de carácter eminentemente popular en contra de la dictadura.

El 11 de mayo de 1983 marcó un punto de inflexión en Chile pues la ciudadanía se expresó al interior de la ciudad dictatorial, una ciudad que había marcado a fuego los espacios públicos hasta volverlos inexistentes por el agudo Estado de Excepción que vulneraba un número considerable de derechos cívicos.

Las protestas ciudadanas del 11 de mayo de 1983 pusieron de manifiesto de manera indesmentible que más allá de los crímenes, los desaparecimientos, las torturas, los movimientos letales de las siniestras agencias de inteligencia y los despidos, se levantaba la disidencia popular en contra de los abusos realizados a lo largo de una década de perversa violencia estatal, como también de la depredación laboral cometida a través de la férrea unión de la derecha política, la derecha empresarial y los militares. Una asociación que había esgrimido todo el peso explotador de un sistema económico e institucional sobre una ciudadanía vulnerable librada a su (mala) suerte que puede ser sintetizado en los infames programas del POJH (Programa de Jefes de Hogar) y el PEM (Programa de empleo Mínimo).

Las protestas sociales del 11 de mayo de 1983 pusieron en marcha el tiempo de la ciudadanía que, a partir de esa fecha, fue aumentando su potencia a través de instrumentos precarios: panfletos, rayados murales, espacios radiales; redes que funcionaron movidas por la ira y la urgencia ante un Estado increíblemente destructivo.

Hace ya treinta años, el 11 de mayo de 1983, la ciudadanía y especialmente los pobladores chilenos pusieron en juego su propia vida para interceptar una realidad que ya era intolerable. Como diría Michel Foucault, la microfísica del poder militar y sus aliados civiles habían penetrado todos los espacios de manera incesante para promover la censura y el miedo, ese miedo y esa censura implantadas por el dictador Pinochet, que en un esclarecedor ataque de megalomanía afirmó: “en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Pero lo que Pinochet no sabía era en qué medida se había incubado el rencor ante el tiempo de la dictadura. Por eso el 11 de mayo de 1983, hace ya treinta años, se abrió una compuerta asombrosa por su valentía que ya no se iba a cerrar y más bien se replicaría de manera sistemática e intensa. Este movimiento de carácter nacional no fue controlado por los partidos políticos, surgió porque la realidad social ya había explosionado. Mucho más tarde los partidos se hicieron presentes para manejar y en cierto modo apropiarse del movimiento social.

Pero lo que no se puede olvidar es que en el tiempo de la protesta social murieron ciento cuarenta y un ciudadanos, entre ellos niños, mujeres, hombres en su mayoría habitantes de poblaciones periféricas. No se puede obviar que sobre esas muertes anónimas se consolidó la lenta salida de Pinochet y sus secuaces a lo largo de cinco años de protestas civiles que, más allá de la represión, no iban a cesar.

Después los partidos normalizaron los espacios. Pinochet iba a seguir vigente hasta 1998. Más allá del plebiscito y de la elección del ‘89, desde un análisis material, la dictadura solo pudo concluir con el retorno de Pinochet desde Londres. Porque durante la primera etapa de la Transición asumió como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y luego como Senador Vitalicio.

En total veinticinco años Pinochet.

Pero, desde otra perspectiva, Pinochet es la Constitución del ‘80. Su (artera) letra todavía nos controla y nos vigila. Vigila que se mantenga la desigualdad, los privilegios de los grupos de poder, las manipulaciones de las cúpulas políticas, la ausencia de protagonismo de los sectores populares salvo como mano de obra barata y como deudores permanentes de tarjetas de crédito.

Los movimientos sociales fueron segregados y luego manipulados por la progresiva cooptación concertacionista (los más distinguidos líderes pingüinos, el CUT Martínez entre otros). El ímpetu binominal fue favorable para la unión entre los partidos y los empresarios, para los flujos no demasiado sutiles entre dinero y política, los cargos de políticos en directorios de empresas, la lenta pero sistemática corrupción que se instaló a través de los lobbistas “correas-tironis” unidos, a través del poder del dinero, a la centroizquierda y al empresariado más implacable contaminando con sus presencias incluso las Fundaciones emblemáticas que llevan el nombre de los más destacados personeros del socialismo.

La desigualdad no sólo ha aumentado, sino también forma parte del consenso. Las elites siguen disputando a sangre y fuego los poderes estatales usando de manera abusiva a la ciudadanía. La aguda desigualdad de género se mantiene a pesar que las superficies sociales estén lideradas por mujeres como Michelle Bachelet, Camila Vallejo, Bárbara Figueroa, Eloísa González, entre otras.

Pero las elites, aún las emergentes y hasta los más jóvenes, continúan con sus diálogos de manera ensimismada buscando las tradicionales cuotas de poder sin pluralizar la procedencia de sus sujetos. Y por eso no resulta casual el silencio cómplice de todos los sectores ante la candidatura presidencial de Roxana Miranda, pobladora, del Partido Igualdad. Ella es la única representante que proviene de los movimientos de base, con una experiencia –digamos- corporal en torno a la discriminación y las carencias.

Sin embargo, más allá o más acá de las diferencias que su discurso podría ocasionar, lo que resulta claro es la discriminación y hasta el desprecio que experimenta en los diversos espacios (la excepción es CNN) que no la consideran precisamente porque proviene de los sectores periféricos.
Su candidatura parece oscilar entre lo inviable y lo absurdo. Mientras el país más poderoso del continente, Brasil, escogió a un obrero metalúrgico –Lula- como su Presidente; o Bolivia a Evo Morales, un aymara dirigente cocalero como jefe de Estado, el nombre de Roxana Miranda es tachado y censurado porque está fuera de las elites y del espacio letrado.

Y mientras los discursos políticos no consideren la candidatura de Roxana Miranda no hay que creer ni un tantito en las voces que hablan como papagayos de la democratización de la política y de la participación de la ciudadanía. De esa misma ciudadanía que consiguió, a costa de su propia vida, alterar el curso de una historia terrible y que inició su intervención más crítica, no se olviden, hace treinta años, el 11 de mayo de 1983.