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Poder

7 de Junio de 2013

Caso exonerados: consejeros del CDE acusan presión política a su autonomía

Varios miembros del pleno del organismo estiman que desde La Moneda se los está presionando para que adopten una decisión en plena campaña electoral y presenten una querella por fraude al fisco, precisamente el tipo penal que el gobierno ha tratado de instalar. Aseguran que a través del abogado de La Moneda, Juan Domingo Acosta se le ha explicado al Ejecutivo que si existen antecedentes objetivos se recurrirá ante un tribunal de garantía, pero mientras el Comité Penal y el propio consejo no lleguen a la convicción, podrán esperar sentados. Y respecto de la ampliación de la denuncia que anunció ayer el gobierno, uno de los consultados por The Clinic Online explicó: “El Consejo es quien representa a los organismos del estado y nadie más”.

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La arremetida del gobierno en contra de la oposición a raíz de las anomalías descubiertas por la Contraloría en el otorgamiento de beneficios a exonerados políticos, tiene a varios consejeros del Consejo de Defensa del Estado literalmente enchuchados con La Moneda. A tal punto que varios de ellos consultados por The Clinic Online alegan una “presión política indebida” a la autonomía que debe guardar el organismo que defiende los intereses fiscales.

Básicamente, estiman que desde el Ejecutivo se los intenta “meter en una licuadora para sacar dividendos electorales, porque como consejo nosotros evaluamos prudentemente los antecedentes antes de recurrir penalmente en un caso tan complejo como éste o en cualquier otro”.

De hecho, ayer la abogada Gabriela Zúñiga –a cargo de este caso junto a Carmen Gloria Rojas- expuso en el Comité Penal del organismo los antecedentes enviados por el gobierno, básicamente el informe de Contraloría. De acuerdo a fuentes de la entidad, Zúñiga hizo una exposición de los hechos acreditados por el organismo fiscalizador respecto a tres mil carpetas de exonerados que presentarían anomalías administrativas y que eventualmente podrían constituir un ilícito, pero al menos hasta ahora está descartada la posibilidad de una querella criminal mientras no se evalúen los antecedentes. “En esto hay que caminar con pies de plomo”, dijo otro miembro del CDE.

Otros consejeros explicaron que a través del abogado Juan Domingo Acosta –quien junto a Luis Hermosilla “reforzaron” el equipo jurídico a cargo de este caso en La Moneda- se le ha informado al gobierno las complejidades de una causa como ésta, atendida la magnitud de la misma y de lo interpretativa que es la ley por la cual se otorgaron los beneficios. Al respecto, dijo otro consejero, la Contraloría auscultó, de un universo de 160 mil beneficiarios, sólo tres mil casos. En materia penal, indicó la misma fuente, implica que quedan 157 mil que revisar. De estas últimas, hasta ahora no hay claridad cuáles están bajo la égida del antiguo sistema de persecución penal -a cargo de la ministra en visita Mireya López- y cuántas podrían llegar al Ministerio Público.

Los consejeros también indican que otra forma de presión pública –y política- sobre el CDE de parte del gobierno es la ampliación de una denuncia ante la Fiscalía, anunciada esta mañana por Evelyn Matthei junto al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

Otro consejero apuntó: “Dicen que es el mayor fraude al fisco de la historia chilena, haciendo un juicio jurídico de algo que no está acreditado en los tribunales. Nos quieren hacer parecer como los flojos del Estado, como si el consejo tuviera que obedecer las órdenes de La Moneda, en circunstancias que somos un organismo autónomo con tiempos prudenciales propios y donde las decisiones se toman sobre la base de antecedentes objetivos y no con una calculadora en tiempo de elecciones”, indicó otro consejero.

Dardos a la fiscal

La nueva acción legal anunciada por Palacio, se suma a otra presentada en 2012, a cargo de la perseguidora Centro Norte Ximena Chong, que aún se encuentra “desformalizada” y donde el CDE no ha presentado querella, ya que el Ministerio Público todavía no ha logrado reunir todos los antecedentes para imputar delitos ante un tribunal de garantía.

En La Moneda no esconden su preocupación por lo que califican el nulo trabajo de Chong en la causa y tampoco descartan pedir un cambio de fiscal para, de esta forma, motivar al Ministerio Público Centro Norte a que designe a un perseguidor con dedicación exclusiva al caso. Ello para revisar los casos posteriores al 15 de junio de 2005, ya que los anteriores a esta fecha están en manos en la ministra en visita Mireya López.

Todos los consejeros consultados por The Clinic Online también apuntaron sus críticas al presidente del organismo Sergio Urrejola, hombre de RN nombrado durante la administración Piñera. Nadie esconde que Urrejola carece de fiato, ya que es un abogado que viene del mundo privado, principalmente en el área de los arbitrajes y “que sabe poco y nada de derecho penal” y que “no actúa con el criterio de un abogado del consejo, sino con una mirada política muy parecida a la del gobierno, que sólo provoca ruido al interior del consejo”, dijo un miembro del organismo.

En materia procesal la ampliación de la denuncia por parte del gobierno en el Ministerio Público no necesariamente obliga legalmente al CDE a presentar un libelo criminal y los consejeros recordaron lo ocurrido con el subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, en el llamado caso sobreprecios en octubre del año pasado. En la oportunidad Ubilla se querelló en su calidad de subsecretario, pero el tribunal no le aceptó la fórmula, ya que carecía de “legitimación activa” y debió hacerlo como un particular.

Al respecto los consejeros, como también los abogados del CDE explican que si el gobierno decide presentar una querella, se opondrán “ya que el Consejo es quien representa a los organismos del estado y nadie más”.

Por último cuestionaron -irónicamente- el “reforzamiento” del equipo a cargo del caso exonerados con los abogados Hermosilla y Acosta. “Si se revisa de dónde están saliendo los fondos para pagarles a ambos, se podría pensar en el delito de malversación de caudales públicos”.

Desde Interior, aclararon que los abogados fueron contratados con fondos del ministerio de Interior.

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