El abogado de derechos humanos e integrante de la Comisión Rettig, José Zalaquett, señaló esta mañana que “no había que ser un sabueso o un Sherlock Holmes para descubrir que hubo bastante ligereza en calificar algunos exonerados”, a propósito del caso de falsos exonerados detectados por Contraloría.

En entrevista con el diario La Tercera, el jurista señala una falta de rigor en el proceso en 2011 cuando se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y dice no estar sorprendido del informe de Contraloría que detectó 2.951 casos erróneos en una revisión de 9.141 fichas de personas que recibieron beneficios del IPS.

Según Zalaquett, lo cuestionable es “la ausencia de rigor y prolijidad. La Comisión Rettig y la Comisión Valech fueron escrupulosas. En la Comisión Rettig, tras 20 años, se han comprobado seis errores, es decir, un 0,2%, una tasa menor que el error judicial. En cambio, en este caso, el problema se salió de cauce y una de las razones es el incentivo normal de buscar beneficios”.

Para el abogado, las irregularidades se deben a que se llevó a cabo por procedimiento administrativo y no una comisión que diera solemnidad “revestida de independencia de juicios y equilibro político” y apuntó a los certificados del secretario general de cada partido como la apertura al “clientelismo”.

“Tenemos que imaginar que algunos partidos eran empresas, que daban empleos pagados a centenares de personas, lo que es bastante poco creíble”, dice.

Sobre el informe de Contraloría, el abogado dijo no atribuirle a esto un carácter especial, porque desde que afloró el tema hubo un trabajo delicado y minucioso que realizar.

“No creo que pueda haber una máquina en el sentido de que se haya generado un complot, pero creo que hubo muchos ‘abusos hormiga’, que fueron tantos que formaron un ‘abuso hormiguero'”, dijo sobre los dichos de la ministra Evelyn Matthei.

Finalmente, el ex comisión Rettig dice que el sistema fue mal diseñado y hubo casos en que no importó que estuviera mal diseñado. “Si se trataba de hacerle un favor a alguien, se le hacía. El problema fue entregarle preponderancia al testimonio de dirigentes de partidos o parlamentarios que podían tener un interés adicional al de hacer justicia”,señaló.