CDE se querella por filtración de documento secreto y confecciona larga lista de sospechosos

El pasado viernes 14 de junio a las 13.50 pm, un abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó hasta las dependencias del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago. En la ventanilla presentó una querella criminal por el delito de revelación de secreto, luego que este diario publicara –en enero de 2012- un documento secreto enviado por el comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, al entonces ministro de Defensa Andrés Allamand, el cual daba cuenta de cómo el comisionista de armas Guillermo Ibieta, investigado por lavado de dinero, en el marco de la compra de las fragatas holandesas, se paseaba como Pedro por su casa en las unidades navales.

El libelo, que publica íntegramente The Clinic Online, apunta sus sospechas a que el documento secreto -copia 1 de 1- podría haberse filtrado desde la propia Armada, desde el gabinete de la secretaría de Estado antes mencionada, desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones Manuel Valderrama, de la Fiscalía Naval de Valparaíso o bien desde el computador de la secretaria del perseguidor Carlos Gajardo, precisamente quien lleva el llamado caso fragatas. En este último se encuentran formalizados por blanqueo de capitales y cohecho Ibieta (quien fue sobreseído al morir) y los ex oficiales de la Armada Patricio Basili Esbry y Juan Tapia Villalón.

Objetivo procesal

La presentación de esta acción legal por parte del CDE busca que la Fiscalía Centro Norte desarchive una denuncia presentada por el almirante González el 19 de enero de 2012, precisamente un día después de que este medio revelara el documento secreto.

Esta indagatoria, que estuvo a cargo de la fiscal Giovanna Herrera, se desechó ya que no había fundamento para continuar con ella.

Según la querella, la fiscalía debiera interrogar al actual auditor general de la Armada, Félix García, al ex jefe de gabinete de Allamand, el abogado Eduardo Riquelme Portilla, quien hoy funge como asesor legislativo en la Subsecretaría General de la Presidencia, en temas relacionados al sector Defensa. Se suma a los anteriores el periodista del ministerio del ramo Rodrigo Suárez, quien actualmente trabaja en el comando del presidenciable Andrés Allamand.

El fundamento legal que cita el CDE es el artículo 246 del Código Penal que sanciona al funcionario público que filtre información.

“En consecuencia, los hechos que constan en la carpeta de investigación, entonces, por su multiplicidad, seriedad, gravedad y concordancia constituyen indicios que permiten colegir que un funcionario público, en el ejercicio de su cargo entregó indebidamente papeles o copia de papeles que tenía a su cargo, los que no debían ser publicados”, señala la querella.

Pericias digitales

Asimismo, el CDE solicita que el Laboratorio de Criminalística de la PDI, el Lacrim, realice una pericia de “info-ingeniería” al computador que usa la secretaria del fiscal Gajardo.

A renglón seguido pide que el Cibercrimen también revise los correos electrónicos enviados por la secretaria y si en alguno de ellos fueron adjuntados los documentos secretos. También que la unidad especializada realice un “peritaje informático” para determinar si el correo electrónico del autor de esta nota es el mismo con que se creó la cuenta en el sitio www.youblisher.com, donde se alojó el documento. Para ello, la única forma de hacerlo es levantar el secreto que existe a las comunicaciones, lo que debiera ser acogido por la fiscalía y aprobado por un tribunal de garantía. Y a continuación incautar computadoras o requerir la información a esa web de alojamiento gratuito.

Complot en Agustinas

El requerimiento judicial presentado el viernes pasado había sido analizado en el Comité Penal del organismo del jueves 6 de junio, donde se estimó que no había fundamento para presentar la querella criminal.

El ente encargado de la persecución criminal en el CDE, se vio obligado a evaluar dicha posibilidad, luego que el presidente del organismo, Sergio Urrejola, “de oficio” así lo ordenara. Es decir, sin tener un motivo plausible para ello, ya que la investigación del Ministerio Público estaba archivada, decisión inapelable, salvo que aparezcan nuevos antecedentes, cuestión que no ocurre en este caso.

De acuerdo a los antecedentes recabados por este diario, ninguna institución le solicitó a Urrejola la presentación de una querella, ni menos la reapertura de la causa archivada. Es decir ni el Ministerio de Defensa ni las subsecretarías adjuntas, ni la Fiscalía Naval, como tampoco la propia Armada. Todos confirmaron este hecho oficialmente.

Sin embargo, la Marina confirmó otro dato. La Auditoria institucional evaluó hace aproximadamente tres semanas hacer la presentación al CDE, precisamente a Sergio Urrejola, pero finalmente resolvieron no hacerlo. ¿Qué motivación tuvo entonces Urrejola para apurar al Comité Penal?

En la Armada se apunta a que “alguien” de la institución le hizo un comentario a Urrejola –u “orejeo” como se conoce en la jerga de inteligencia- para evitar que el almirante González, quien pasará a retiro en pocos meses, apareciera involucrado.

¿Qué motivó el cambio del criterio del CDE? Hasta ahora distintos consejeros apuntan a presiones de Urrejola para presentar la querella.

Este diario intentó obtener una versión de parte del presidente del organismo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por ahora resta esperar cuál será la decisión de la Fiscalía Centro Norte y que hará Urrejola si no acogen las diligencias solicitadas.

Lea la querella completa

Lea el documento secreto de la Armada

Lea las preguntas que Sergio Urrejola no quiso responder

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