¿Puede un evangélico encarcelado participar de un culto al interior del penal? Por supuesto. Tiene todo el derecho a profesar su fe. ¿Puede un preso católico asistir a una misa? Obvio, Gendarmería no hace distinciones odiosas al respecto. ¿Podría un pastor o un sacerdote encarcelado oficiar allí mismo una ceremonia religiosa?
Si no fue inhabilitado por las normas de su credo, impedimento no existe.

Yo mismo he sido testigo de masivas ceremonias religiosas en varias cárceles sureñas. Y cuando digo masivas, hablo de MASIVAS. Cientos de personas, entre reos, familiares y gendarmes curiosos. Hasta los bautizos están autorizados, me cuenta un amigo oficial de gendarmería. “Mientras no se ponga en riesgo la seguridad del recinto”, subraya. Ahora, ¿puede un mapuche profesar su propia religiosidad al interior de una cárcel? Sí, era posible. Al menos hasta hace pocos días.

El portazo a la libertad de culto al interior de las cárceles la dio el ministro del Interior Andrés Chadwick, molesto con Gendarmería por autorizar la celebración del Año Nuevo Mapuche al machi Celestino Córdova, actualmente en prisión preventiva. Aconteció hace un par de semanas en la cárcel de Temuco. Hasta allí llegaron un centenar de personas convocadas a la ceremonia. Familiares, amigos y conocidos del machi. Se sumaron, me cuentan, decenas de internos del penal, muchos de ellos también de origen mapuche. La ceremonia, de gran importancia en el calendario mapuche, transcurrió sin alteraciones al orden ni la seguridad del penal. “Fue una ceremonia especial, reflexiva, propia de una fecha que nos convoca a renovar nuestro compromiso con la Madre Tierra”, me confidenció uno de los participantes. ¿Cuál fue entonces el problema?

El machi, ese fue el problema. El anfitrión. Es que Celestino Córdova no es cualquier machi. Córdova es, a ojos del ministro del Interior, los gremios sureños y todos los que leen El Mercurio, un peligroso terrorista mapuche. Así al menos lo catalogan públicamente, cosa rara considerando que no ha sido condenado todavía en juicio alguno. Córdova, para quienes no lo saben, es el principal imputado por el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay. Hace poco la Fiscalía lo acusó de cuatro delitos, uno de ellos incendio con resultado de muerte “en carácter de terrorista”, por el ataque de la madrugada del 4 de enero contra los colonos suizos. Presidio perpetuo calificado solicita el fiscal a cargo del caso. Por los otros tres delitos –robo e incendio de bienes muebles- se piden otros 36 años de cárcel.

En este punto repito la pregunta inicial. ¿Puede un evangélico encarcelado participar de un culto al interior del penal? Por supuesto. ¿Puede un sacerdote católico asistir u oficiar una misa? No hay problema si su Iglesia no lo inhabilita al respecto. En el caso del machi Celestino, ninguna norma mapuche lo inhabilita para oficiar ceremonias religiosas. Imposible sería. Su “don” poco y nada entiende de normas intrapenitenciarias. Es machi y lo será aún estando preso. Esto, que para un mapuche suena de perogrullo, no lo es en absoluto para autoridades como el ministro Chadwick. Tampoco la presunción de inocencia, al parecer. O el derecho de todo preso a profesar y practicar su credo religioso, por más condenable que sea el crimen por el cual haya sido condenado o –como en este caso- esté siendo investigado. La privación de libertad es eso: privación de libertad, no de culto. Esto último sería un trato discriminatorio inaceptable y por cierto condenable, atendiendo los convenios firmados por Chile en materia de derechos humanos.

Lo del ministro es un disparo en el pie. Y ordenar sanciones contra Gendarmería, un verdadero despropósito. Puede que lo desconozca, pero no son pocos los We Tripantu o ceremonias de Año Nuevo Mapuche que se celebran en las cárceles del sur. En Nueva Imperial, por ejemplo, sucede desde hace años. Cada 24 de junio son cientos las personas que se reúnen allí, en la cárcel local, junto a familiares y amigos. Hasta los gendarmes participan, me consta. Más que cuestionar dicha apertura de Gendarmería, Chadwick debiera felicitarlos y mostrarlos ante el mundo como ejemplos de respeto y pertinencia cultural. De ello trata el Convenio 169 de la OIT y la propia Ley Indígena. Y también la dignidad humana, la misma que reivindican –y con justa razón- los familiares del matrimonio Luchsinger-MacKay en tribunales. Por favor: no nos perdamos ni caigamos en esto de la “mano dura” como herramienta de campaña electoral. Se los pido por favor.