Citan a declarar a ex director del Trabajo de la dictadura para “esclarecer” los 228 mil exonerados políticos

Alfredo Valdés Rodríguez era, en 1976, el director del Trabajo. En esa calidad le correspondió firmar un documento -revelado el viernes pasado por The Clinic Online– donde se daba cuenta de la cifra a nivel nacional de los exonerados políticos: nada menos que 228.612 personas desde el 12 de septiembre de 1973 hasta noviembre de 1976.

El número resaltó de inmediato en el abogado Eduardo Aldunate, quien defiende a la ex directora del programa de exonerados durante el gobierno de Bachelet, Marta Joignant. La mujer prestó declaración como imputada ante la fiscal Centro Norte, Ximena Chong la semana pasada en el marco de la indagatoria que sustancia a raíz de la denuncia presentada por La Moneda, que alude a los presuntos falsos exonerados políticos.

Aldunate, en un escrito que presentará este semana ante Chong, estima que la información que podría entregar Valdés Rodríguez, sería relevante para la investigación con miras a determinar “cifras, motivos o causas” para los despidos políticos. Ello, se colige de la diligencia solicitada, busca contrarrestar la tesis que ha manejado el gobierno en plena campaña electoral. Lo anterior, porque actualmente el número aproximado de calificados como exonerados es de 150 mil, de los cuales cerca de 75 mil reciben beneficios, lo que implicaría que el resto no calificó para recibir el pago.

En ese sentido, Aldunate busca que el testimonio de Valdés Rodríguez ante la perseguidora aporte un punto esencial para su defensa: que el trabajo de verificación para otorgar la calificación de exonerado político estuvo apegado a la ley.

El ex director del Trabajo funge actualmente en el estudio Alessandri en calidad de “consejero” siendo un especialista en derecho laboral de las empresas. Una de sus máximas representaciones han sido las compañías del grupo Luksic.

Gato y ratón

La indagatoria de la fiscal Chong cobró fuerza, luego que la Contraloría detectara unos 3.000 casos en los que existirían anomalías administrativas en el IPS. El mismo documento del organismo fiscalizador determinó que el actual gobierno no llevó a cabo las recomendaciones de un informe anterior, por ejemplo, en materia de modernización y tecnología que permitiera verificar anomalías.

Aldunate, junto con la citación, pidió que la fiscalía oficie al Ministerio del Trabajo, dirigido actualmente por la UDI Evelyn Matthei, para que envié una copia original del documento revelado por este diario.

La resolución que se adjuntó a la diligencia fue obtenida por el abogado Gonzalo Bulnes de parte del Comando de Exonerados Políticos la semana pasada, ya que el gobierno ha paralizado, aseguró el profesional, una serie de pagos luego de los beneficiarios.

Sin embargo, indicó Bulnes, hasta ahora la autoridad no ha querido informar quiénes son las personas que habrían mentido para obtener la calificación.

Por ello, amparados en la Ley de Transparencia, solicitaron a la Contraloría que revele las identidades de los presuntos infractores. El plazo para ello vence esta semana.

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