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Poder

6 de Agosto de 2013

Contraloría descubrió que general de Carabineros vivió un año gratis en casa fiscal y usó a FFEE para arreglos de carpintería

Richard Quezada Romero, hasta fines de 2012 jefe de la V Zona recibía asignación de vivienda en circunstancias que usaba la residencia institucional de cerro Castillo, muy próxima al Palacio Presidencial del mismo nombre. Cuando lo pillaron devolvió 1 millón 600 mil pesos. El ex oficial dispuso que un sargento primero le hiciera trabajos en carpintería durante al menos tres meses con jornadas de hasta nueve horas. El mismo año usó más de 3.400 litros de bencina para la Hyundai Santa Fe institucional. Gran parte de ellos fueron reasignados desde unidades policiales de la región. La Escuela de Fronteras 800 litros, El Quisco 680 entre otros casos. ¿La guinda de la torta? Usó una grúa policial para trasladar un estanque de gas, propiedad de una comisaría, desde Santiago a Valparaíso, para usarlo en su propiedad. El informe lo publica The Clinic Online.

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La Contraloría ordenó a Carabineros que realice un sumario administrativo -con cuatro aristas relacionadas-, luego de que descubriera serias irregularidades cometidas por el Jefe de la V Región, general Richard Quezada Romero -hoy en retiro-, quien usaba bienes fiscales en su favor. Así da cuenta el informe del organismo fiscalizador que publica íntegramente The Clinic Online.

El documento va detallando, por ejemplo, que Quezada usó durante un año una casa fiscal de la institución ubicada en Cerro Castillo, muy cerca del Palacio Presidencial del mismo nombre. Hasta ahí nada de raro, pensando en que la máxima autoridad policial debe cumplir labores de protocolo.

Sin embargo, la entidad revisora descubrió que el ex alto oficial nunca pagó arriendo desde enero a diciembre de 2012. Tampoco firmó ningún contrato, la cesión del inmueble nunca fue ingresada en el sistema computacional de Carabineros y, además, no hizo entrega formal de la propiedad y los oficiales inferiores a cargo del recinto se enteraron posteriormente, casi de chiripa.

El capitán Gabriel Villanueva, jefe de la Comisión de Poblaciones, confirmó los hechos y explicó por qué ocurren:  “Finalmente, los mayores problemas que se presentan para cumplir con los procedimientos establecidos en la normativa que regula el uso de casa fiscales, obedece a la dificultad de exigirle a los mandos superiores el acatamiento de la misma”.

Durante la sustanciación de la investigación por parte de los auditores de la Contraloría, Quezada Romero se enteró de los cuestionamientos y decidió devolver poco más de 1 millón 600 mil pesos por el arriendo. Por ello se ordenó un sumario.

Sin embargo, no fue la única frescura. Quezada Romero recibía asignación habitacional porque supuestamente no usaba una casa fiscal, lo que la Contraloría descubrió que no era efectivo. En suma el alto oficial hacía topón pa’ dentro con dos beneficios. Este último le reportó poco más de un palo que tuvo que devolver. La entidad ordenó por esto otro sumario. Y ya van dos.

El Gepetto verde

El informe da cuenta de otra situación irregular. Sucede que el retirado general debía realizar trabajos de Carpintería en su casa fiscal de Cerro Castillo en Viña del Mar. Por esta razón no halló mejor idea que ordenar que un sargento de la  7º Comisaría de Fuerzas Especiales del puerto, un funcionario entrenado para actividades más complejas y que recibe un 35 % más de sueldo por ello, trabajara en su casa con la madera.

El suboficial aseguró, al ser interrogado, que trabajó meses en la mencionada vivienda en 2012, “en jornadas de trabajo de alrededor de nueve horas”, en los meses de enero, febrero, junio, julio y septiembre.

Carabineros respondió que no había ninguna anomalía porque el funcionario trabajó para arreglar un inmueble institucional. Sin embargo, el organismo fiscalizador le recordó a los verdes que las labores asignadas por la ley no podían cambiarse así nada más. Ordenó por tanto otro sumario. Y van tres.

Chatarra policial

El mentado oficial, de acuerdo al informe, se apropió de un estanque de gas de grandes dimensiones, cuando le comentó al jefe de Departamento de Encargos, “que podía darle utilidad a esa chatarra”, que estaba en una unidad policial de la comuna de Independencia.

Los verdes aseguraron que el estanque de gas nunca estuvo inventariado, por lo que no constituía un bien fiscal. Sin embargo, los sabuesos de la Contraloría establecieron que el mentado estanque fue llevado desde Santiago a la 7º Comisaría de FFEE de Valparaíso y luego trasladado al domicilio particular del general Quezada Romero.

¿Cómo llegó el estanque a la V Región? Muy fácil, el alto oficial logró que su institución le prestara, sin costo alguno, una grúa de la Sección de Reparación y Mantenimiento de Santiago.

Nuevamente el general Quezada Romero, al verse pillado y cuando se había emitido un preinforme por parte de la Contraloría pagó el importe -en abril de 2013- por el traslado de más de 120 kilómetros. ¿El valor? La módica suma de $ 26.095 pesos. La entidad revisora ordenó otro sumario. Y van cuatro.

¿Vacaciones?

El Presidente Sebastián Piñera, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 2012, es decir por cinco días, visitó la Isla de Pascua. Carabineros destinó a 16 personas “de orden y seguridad”. Hasta ahí todo bien, salvo que la Contraloría descubrió ampliaciones sospechosas de estadía.

“Conforme a las resoluciones que autorizaron dichos cometidos, la extensión de cada una de ellas, osciló entre los 8 y siete días”, señala el documento.

La entidad dirigida por Ramiro Mendoza pidió cuáles fueron los fundamentos para extender los plazos. Carabineros respondió con los criterios de seguridad propios, pero no proporcionó “antecedentes que permitan acreditar la procedencia de la extensión de la duración de tales comisiones”.

Estanque sin fondo

En la Quinta Zona policial existen 98 reparticiones de distinto tipo que van desde las comisarías, tenencias, retenes, entre otras, que componen a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y la zona del Aconcagua.

Cada unidad mantiene sus propios vehículos para las labores propias de la institución y el general Quezada Romero no era la excepción. Para su traslado usaba nada menos que un station wagon Hyundai Santa Fe.

De acuerdo al reglamento de los verdes, las cuotas de bencinas son móviles. Es decir, se pueden cambiar dependiendo de las necesidades del servicio. Sin embargo, nunca puede superar el 25 por cada vehículo.

Pues bien, el informe de Contraloría descubrió que hubo al menos 14 traspasos al auto destinado al general Quezada Romero y que superaron entre un 7 a un 55 por ciento la cuota asignada a dichos móviles.

Un recuadro de la propia institución revela que, por ejemplo, desde la tenencia El Quisco se traspasaron 680 litros al carro del alto oficial. No es todo. Desde la Escuela de Fronteras 800 litros de combustible. Y desde Casablanca, la 1º Comisaría Sur de Valparaíso y la Dirección de Criminalística del Puerto 560 litros. En total 1.940 litros. Si se suma a lo anterior unidades que aportaron, como San Antonio, la zona del Aconcagua, entre otras, hay que agregarle 1.500 litros más. ¿Total? 3.440 litros sólo para el auto del general Quezada Romero.

Los pacos reconocieron los problemas de control, pero que todo se enmarcaba dentro de las actividades policiales. La Contraloría no les creyó ni una metro y les indicó que habían violado toda la normativa de la Defensa Nacional, que no existió ninguna autorización de parte de la Dirección de Logística de Carabineros, entre otros epítetos en lenguaje administrativo.

Los hombres de verde respondieron que están coordinándose con Copec para evitar problemas, pero el organismo fiscalizador les mantuvo la observación, hasta que sea revisado en una auditoría posterior de seguimiento.

Lea el informe completo

General corrupto

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