David Bravo, integrante de la Comisión Censo: “Labbé no cumplió con los estándares de transparencia y el Censo no sirve para elaborar políticas públicas”

David Bravo es un hombre que sabe de datos y políticas públicas, a eso se dedica en la Universidad de Chile y como experto fue convocado hace tres meses para revisar en una Comisión Externa -que integró junto a Osvaldo Larrañaga, Isabel Millán, Magda Ruiz y Felipe Zamorano- los resultados del Censo 2012. Las conclusiones de la entidad autónoma, que ayer fueron entregadas al actual Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, fueron lapidarias: el “mejor censo de la historia” es tan malo que se debe hacer uno nuevo, con menos preguntas, porque los datos recopilados sólo sirven para mostrarle a los investigadores académicos cómo no debe ejecutarse la medición poblacional del país.

En conversación con The Clinic Online, Bravo explica en qué falló el Censo 2012 y por qué es preciso recabar otra vez la información para que esta vez sí tenga validez estadística. Esto mientras desde el INE, Coeymans asegura que pedirá una opinión al extranjero, mientras que en La Moneda ayer el Presidente convocó a todos los ministros para analizar la compleja situación que se produjo, según consigna la Comisión, porque se temió que los estudiantes boicotearan la realización de un Censo de hecho y se optó por improvisar con uno de derecho, que terminó siendo un fiasco que costó 30 mil millones de pesos.

¿Cómo operó la Comisión que integraste?
Cuando asumió Juan Eduardo Coeymans decidió convocar a una comisión externa al INE y al Gobierno. Aceptamos participar, siendo uno de los elementos más relevantes que esta iba a ser una entidad autónoma. Nosotros funcionamos con la ayuda de Osvaldo Ferreiro, que es el actual jefe del INE, que llegó con CoeymanS, y él actuó como de secretario ejecutivo, básicamente facilitando toda la interacción que esta comisión tuvo con los funcionarios del INE en solicitud de información, bases de datos, investigaciones específicas, el vínculo con la comisión interna que estaba haciendo una auditoría. Nosotros solicitamos audiencias con distintas personas vinculadas a este tema desde Francisco Javier Labbé hasta quienes denunciaron anomalías. En esas entrevistas también participó el director del INE, con la autorización previa de quienes declaraban. La evaluación de todos antecedentes fue de forma autónoma.

¿Cuáles fueron los errores más graves que descubrieron respecto de la realización del Censo?
La principal deficiencia es el muy poco tiempo que hubo desde que se decidió cambiar la metodología de un censo de hecho a uno de derecho. Esa decisión se tomó por parte del director del INE en agosto de 2011. En la práctica, se improvisó, se subestimó la preparación. Toda la preparación previa era para un censo de hecho. El Censo ya venía con atrasos cuando asumió Labbé, lo que era preocupante, y además había conflictos en el INE. Esto se agudiza cuando llega la dirección de Labbé y sobre todo cuando no se cambia la fecha del Censo, porque en realidad no es tan importante si el Censo es de hecho o de derecho como que las cosas se preparen bien, con tiempo, sin subestimar los recursos involucrados. Todo confabuló para esta situación lamentable con una calidad de censo muy baja.

Pero una cosa es que las cosas se hicieran mal y otra es cómo se difundió la información. El ex director Labbé entregó datos errados e insistió en que eran correctos ¿era posible no darse cuenta de las fallas que había?
Ese punto es relevante. Desgraciadamente, en la difusión pública de los datos del Censo en abril de 2013, el director del INE entregó información sin transparentar que los datos incluían población censada y población estimada en viviendas que no fueron censadas, donde no habían realizado entrevistas. Esta información omitió datos esenciales. Labbé no cumplió con los estandares de transparencia y el Censo no sirve para elaborar políticas públicas. Si se hubiera indicado que la población censada efectivamente no eran 16 millones, sino 15, habría quedado en evidencia que había un problema.

Y la omisión es además una información crucial para la validez de la información.
Claro. Nuestra opinión es que la omisión censal triplica a nivel poblacional la omisión que hay en América Latina y los tres censos anteriores que se habían hecho en Chile.

¿Sirve para algo este censo?
Para el objetivo que fue hecho, no. Como se hizo con recursos públicos y para que nuestro análisis se pueda replicar y confirmar, sugerimos que esa base de dato quede para investigadores, pero no para políticas públicas.

¿Entonces se desperdiciaron más de 30 mil millones de pesos invertidos?
El costo que estuvo asociado al Censo, lo más de 30 mil millones de pesos que fueron invertidos, no tuvieron precisamente un final feliz. Los datos del Censo no sirven para el fin que fueron recabados.

¿Y es indispensable, a su juicio, repetir el censo?
El Censo no se puede volver a repetir, porque el Censo en rigor corresponde a una fotografía del país en un momento dado, y el año 2012 no lo vamos a volver a tener, pero lo que nosotros estamos diciendo es que consideramos fundamental, dadas las deficiencias de 2012, que los datos recabados no se utilicen en políticas públicas y que se haga un nuevo Censo el año 2015, si es que se puede hacer bien, si no conviene esperar un año más, y ese Censo proponemos hacerlo con un cuestionario más reducido, con menos preguntas, pero que tenga la calidad de los datos censales que históricamente tenían los censos en Chile.

¿Qué le parece que Coeymans haya decidido consultar a expertos en el extranjero antes de comenzar a preparar el nuevo Censo?
No quiero referirme a esa decisión. Los cinco integrantes de la comisión le dedicamos tres meses ad honorem, trabajando tres días a la semana, con bastante entusiasmo. Nuestras conclusiones no son vinculantes y por transparencia las comunicamos en cuanto la entregamos al director del INE. Hasta ahí llega nuestra tarea. Fue una tarea bien hecha, otros deberán ponderarán qué hay que hacer con ella.

En su informe, la Comisión destaca que el censo se cambió por temor a los estudiantes, ¿cómo se dedujo esto?
Pusimos ese aspecto en el informe porque fueron los datos que recabamos. Siendo una decisión tan crucial, queríamos entender por qué se adoptó de forma tan abrupta. Lo que logramos descubrir es que esta determinación la adoptó el director del INE y su entorno más cercano y le fue informada a la Comisión del Censo. Según indagamos el Gobierno no estuvo enterado del por qué. El INE evaluó inconveniente hacer un censo de hecho en 2012 porque el 2011 estaban muy arriba las movilizaciones estudiantiles. Labbé no nos dijo esto, pero de las otras entrevistas se concluye que él creyó que un censo de hecho habría sido riesgoso por la participación de estudiantes. Creyó en un posible boicot de los estudiantes y decidió cambiar el censo. Al no cambiar la fecha de ejecución, esta decisión fue crucial. Fue un error grave que explica la baja calidad del censo. Podría haber informado esta determinación y comunicar que, dado el cambio, no se estaba preparado para aplicarlo en la fecha prevista.