Subsecretario de Educación la lleva: los estudiantes protestan porque Chile avanza

“En lugar de convertir la educación en una disputa ideológica, tenemos que concentrarnos en lo que estamos de acuerdo”, como la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza o dotar de más presupuesto a los centros, dijo a Efe Fernando Rojas, la autoridad de mayor rango en el Ministerio de Educación, después de la ministra Carolina Schmidt, desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia, en marzo de 2010.

“Esperamos que los recursos que está destinando el Gobierno vayan cerrando la brecha, porque la educación en Chile sigue mostrando las desigualdades que tenemos en el país. Lo que queremos es que el sistema educativo no las replique, sino que nivele la cancha”, enfatiza.

La conflictividad estudiantil no es un fenómeno nuevo en Chile. En 2006, cuando Michelle Bachelet recién acababa de asumir la presidencia, los estudiantes de secundaria protagonizaron una movilización bautizada como la “Revolución Pingüina” que puso contra las cuerdas a las autoridades.

En los últimos veinte años, los ministros de Educación no han durado más de dos años en promedio, “lo cual pone de manifiesto la dificultad para generar un consenso a nivel de todo el país”, sostiene Fernando Rojas.

“Los chilenos ven que cada vez hay más oportunidades, pero que no llegan simultáneamente a todos con la calidad que quisiéramos. Hay más expectativas de que la sociedad progrese de lo que realmente es posible y eso genera frustración”.

Convencido de que “administrar centralizadamente desde el Estado miles de establecimientos escolares es un fracaso”, Rojas defiende que la enseñanza secundaria siga siendo responsabilidad directa de los municipios.

Chile, donde 1 de cada 5 pesos del gasto público se destina a enseñanza, encabeza la clasificación latinoamericana en varios parámetros de educativos, pero figura a la cola de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

En efecto, de 2009 a 2013, el presupuesto educativo ha aumentado un 42 %, alcanzando los 13.305 millones de dólares, incremento que se ha visto acompañado de una serie de leyes que han reformado algunos de los aspectos esenciales del sistema.

Sin embargo, el Ministerio de Educación, con cuatro titulares en menos de tres años debido a la conflictividad, no ha conseguido encauzar el diálogo con las organizaciones de estudiantes de enseñanza secundaria y superior.

“Hemos buscado distintos espacios de interlocución, el Gobierno ha intensificado su agenda para acelerar los cambios. Sin embargo, en la educación hay múltiples actores y no todos comparten los mismos intereses”.

“En algunas de las mesas nos hemos enfrentado a la imposición de visiones y nosotros creemos que hay que cuidar el funcionamiento democrático. Hemos generado espacios de discusión en el Congreso, donde los proyectos de ley tienen que ser aprobados”, recalca el subsecretario.

La entrada en funcionamiento de una agencia de calidad de la enseñanza o la obligatoriedad de la educación preescolar son algunas de estas iniciativas, apunta Rojas.

“Hay que tener cuidado para no dejar que visiones totalitarias quieran imponer una sola agenda”.

Una de esas exigencias radicales, opina, es la demanda de enseñanza superior gratuita, uno de los lemas que han movilizado a cientos de miles de estudiantes en los últimos años y que ahora han incorporado en sus programas algunos de los candidatos a la elección presidencial de noviembre, como la exmandataria Bachelet.

“Nosotros creemos que eso no es una buena solución, porque finalmente son los estudiantes de mayores ingresos los que terminan accediendo a la universidad pública y gratuita”, subraya.

A juicio del Gobierno, la enseñanza superior gratuita para todos “aumentaría aún más la desigualdad”. En su lugar propone un sistema de becas combinado “para que ningún joven meritorio quede fuera del sistema por necesidades económicas”.

Las autoridades educativas argumentan que por primera vez en la historia del país se ha logrado que jóvenes meritorios del 60 % de la población más vulnerable tengan garantizada una beca para sus estudios, mientras que para el resto se han subsidiado créditos a una tasa del 2 % anual (antes era del 6 %). Además se ha garantizado la educación parvularia, “porque la igualdad de oportunidades no empieza a los 18 años”.

“Son avances muy significativos en un país que tiene recursos muy limitados, porque Chile no es un país rico”, puntualiza. “El camino es invertir más en quienes más necesitan, no en quienes más tienen ya”. EFE