El miércoles de la semana pasada, durante la audiencia de juicio abreviado en contra del ex director de obras de Recoleta Carlos Reyes -donde asumió su responsabilidad en diez delitos de cohecho- la fiscal Macarena Cañas disparó con todo a la Universidad San Sebastián.

En la audiencia que fue declarada secreta -pero cuyo audio revela The Clinic Online– Cañas expuso los indicios con que cuenta para vincular a la corrupción ejecutada por Reyes a la casa de estudios, principalmente a uno de los miembros de la junta directiva, Enrique Herrera. Este último, de acuerdo al testimonio del propio Reyes, le habría ofrecido una coima de casi 15 palos para que consiguiera una rebaja sustancial en ciertos tributos para seguir operando en la zona de Bellavista. Esta autorización debía conseguirla con la entonces alcaldesa Sol Letelier.

Separando los episodios que vinculan a esta universidad, dueña del cuadrante Pio Nono-Bellavista-Dardignac-Ernesto Pinto Lagarrigue, donde levantó -hasta ahora de manera irregular- dos enormes torres de departamentos y un estacionamiento que cobra precios leoninos, Cañas comenzó su relato. Y vinculó al ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo.

“En su declaración, Reyes señala que de la misma manera cuando ingresa el proyecto, hay un acercamiento entre el alcalde Cornejo para que, en palabras textuales, ponga lo mejor de sí, que el señor Reyes dé su mayor y mejor capacidad como profesional para efectos de que este proyecto prospere”, explicó Cañas al tribunal.

Y a renglón seguido volvió a la carga: “hasta hoy la Universidad San Sebastián no cuenta con un Informe de Impacto Ambiental. Nunca, nunca, fue presentado ante ellos”. A juicio de Cañas, la USS debió presentarlo al principio, pero no fue así, máxime cuando hoy ha duplicado su cantidad de alumnos, insistió la fiscal.

Hay que recordar que la semana pasada la Superintendencia del Medioambiente formuló cargos en este mismo sentido en contra de la casa de estudio por no ingresar el documento. Por ello arriesga una sanción de hasta 5 millones de dólares.

El nexo que construyó Cañas como teoría del caso, es que Reyes si bien cometió los cohechos hay situaciones que no cuadran en torno a las facultades que tenía el director de obras y que revelan que algo hay más allá.

“(…) las áreas de decisión que tenía el director de obras en este proyecto, también se encuentran teñidas, porque cuando un director de obras puede decidir por A o por B, donde se le está pidiendo por la superioridad (Cornejo), el director de obras no está actuando con libertad”, insistió.

Según Cañas, Reyes le reconoció en su declaración que al verse presionado por Cornejo, sintió miedo de quedarse sin trabajo y que al tener cuatro hijos, eso lo llevó a no “defraudar la confianza de Cornejo”.

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El nudo

De allí que Cañas, en los cinco tomos que lleva reunido contra la Universidad San Sebastián, ordenó a la PDI que hiciera un acabado estudio societario, donde tiene puestas sus sospechas.

“La fiscalía cuenta con cinco tomos para entender el ilícito administrativo que pudiera haber en relación a la Inmobiliaria Bellavista que deviene en una serie de sociedades que tengo el estudio societario hecho y las vinculaciones Inmobiliaria General S.A., Desarrollo Inmobiliario (…) Se van conectando unas a otras que -con un mismo común denominador- los propietarios son siempre los mismos”.

Los documentos con los que cuenta Cañas están relacionados al mismo tiempo con los que posee el fiscal de la zona oriente Carlos Gajardo, en la arista del lucro de las universidades privadas y no es descartable que esta información, de pronto, pudiera vincularse complicando aún más a la USS.

Cañas aseguró que Reyes le entregó un dato de “bastante relevancia”. Se trata del primer permiso que le entregan a la USS -el 252 de 2007-, que es el único que tuvo. El proyecto, asegura la fiscal contemplaba un acceso, mediante una rampa que se encuentra en un bien nacional de uso público. Este último da no sólo acceso a la casa de estudios, sino también a una serie de estacionamientos que administra este mismo consorcio y que están ligados a su vez a las torres de departamentos.

“Estacionamientos que hasta el día de hoy se encuentran absolutamente mezclados. De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones cada torre debería estar segmentada con sus estacionamientos. Es del caso que como están en volumen global y ellos además establecieron un comercio, cobran por el uso y están en infracción porque no han segmentado ni asignado los estacionamientos de los edificios de la universidad”, insistió Cañas.

Al respecto agregó que incluso la construcción de la USS también violó la Ley de Copropiedad ya que se construyeron las torres de departamentos y al lado el edificio académico, transgrediendo el porcentaje de obra que no podía superar el 30 %. La USS, dijo la fiscal, usa el 44% y el informe que consta en la sede edilicia nunca fue considerado, es decir “tampoco se observó aquella irregularidad”.

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A última hora

Reyes asegura que para conseguir la aprobación del proyecto, debió consultar al administrador municipal, al departamento jurídico y a la seremía respectiva. Para ello necesitaban un decreto alcaldicio que autorizara el uso del bien nacional de uso publico”.

“Señala que hizo presente aquello, que el señor Cornejo se negó, no quiso firmar, precisamente se encontraba en ese período de tiempo en investigación de esta misma fiscalía en lo que se denominó el caso GMA y no quería tener ningún tipo de problemas”.

El caso GMA se trató de una indagatoria que finalmente fue sobreseída respecto de asesorías que no se habrían realizado, triangulación de platas de privados a campañas, duro informe de Contraloría de por medio, pero que no logró acreditar delitos en contra del ex edil.

Pues bien, aún cuando Cornejo no quiso poner la rúbrica a la autorización, esta de todos modos se aprobó, gracias a las operaciones de Reyes y de un informe de jurídica a pedido, es decir, en pro de la USS.

“El punto es que Sol Letelier, preguntada sobre este punto, señala que ella se siente engañada, que estas personas le presentan esta autorización que ella debe firmar del bien nacional de uso público y ella entiende que debe hacerlo. Es decir que la seremía ha resuelto esto y ella está en posición de simplemente entrar a concederlo porque lo resolvió la seremía”, siguió Cañas.

En suma, sostuvo, desde la Municipalidad de Recoleta se armó un tinglado con tal de favorecer a la USS, por ejemplo, a través de un contrato que a todas luces favorecía a la casa de estudios. Primero se renovaba automáticamente cada tres años, luego que “para poner término le quitan la facultad a la municipalidad de ponerle término, es decir hay un interés en redactar la forma del término o de la redacción del precario que a simple lectura se puede apreciar que no está en armonía con los intereses propios de la municipalidad”.

Escuche el audio completo de la fiscal

Exposicion fiscal Cañas Completa by Jorge Molina Sanhueza