Bruno Baranda: Por un grupo minoritario en el exterior hay opinión parcial sobre realidad indígena en Chile

En el exterior existe una “opinión parcial” de la realidad de los pueblos indígenas en Chile, debido a que el Estados no ha conseguido difundir suficientemente sus acciones para dar un “reconocimiento genuino” a estas minorías, dijo hoy el ministro chileno de Desarrollo Social, Bruno Baranda.

El ministro encabeza la delegación de Chile que acude hoy al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, en una evaluación periódica a la que deben someterse los países signatarios de la convención internacional sobre esta materia.

La cuestión indígena ocupará un lugar central en las conversaciones con los expertos del Comité, a los que Baranda explicará las medidas adoptadas por el Gobierno chileno para que el reconocimiento de los pueblos indígenas no sólo sea formal, sino una realidad, según dijo en una entrevista con Efe.

“El Estado, a través de los años, no ha conseguido difundir sus acciones en el ámbito educativo, lingüístico, por ejemplo, o el rescate de 150 sitios de relevancia cultural y religiosa para los pueblos indígenas, a los que se ha entregado su administración”, señaló Baranda.

Un sector minoritario de indígenas, que se ha apartado del diálogo, “ha tenido capacidad de interactuar a nivel internacional, por lo que hay una opinión parcial de la realidad de los pueblos indígenas en Chile”, dijo el ministro.

Como un tema central de la discusión entre el Gobierno y la representación indígena, Baranda mencionó la compra y transferencia de tierras.

La voluntad de su Gobierno a este respecto, según dijo, queda plasmada en cifras: “Entre 2010 y hasta junio de 2013, el Estado chileno compró y transfirió casi 40.000 hectáreas de tierra beneficiando a 30.000 familias, lo que supera con creces la cantidad de tierra que se estaba comprando en años anteriores”.

Sobre la problemática más general de la discriminación racial en Chile, Baranda destacó la Ley Antidiscriminación, que ha permitido que personas que se consideran víctimas recurran a los tribunales y que existan sanciones específicas, incluida la indemnización.

En el año transcurrido desde la entrada en vigor de la norma, según Baranda, se han iniciado más de cien juicios, aunque pocos tienen ya sentencia firme.

Incluso “hay algunos fallos de indemnización, pero están en distintas instancias judiciales para que sean sentencias firmes y se ejecuten”.

En relación a la política migratoria del Gobierno de Sebastián Piñera, el ministro defendió que Chile ha tenido y mantendrá una política “de puertas abiertas”, para lo cual se han propuesto modificaciones a la ley correspondiente que tiene más de cuatro décadas.

“El presidente ha propuesto modificarla para actualizar la estructura y categorías de visas y de autorizaciones para que los extranjeros se instalen en el país”, lo que, en su opinión, “les abrirá oportunidades para trabajar formalmente”.

Sobre la polémica sobre la Ley Antiterrorista, cuya aplicación contra los mapuches ha sido criticada recientemente por el relator de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, el ministro destacó que todas sus modificaciones han sido aprobadas por amplia mayoría parlamentaria en la era democrática del país.

Recalcó que sólo hay tres procesos en los que el Gobierno y el Ministerio Público han invocado esa ley y otros dos en los que ha sido invocada únicamente por la Fiscalía.

“En total son cinco procesos entre 2009 y 2013 con respecto a más de 5,8 millones de causas penales, lo que hay que tener presente para entender el orden de magnitud” de la aplicación de esta normativa, subrayó.

Aseguró que “el Gobierno está totalmente comprometido con el uso restrictivo de la Ley Antiterrorista”.

Los miembros del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial escucharán las intervenciones de los representantes chilenos y emitirán posteriormente desde Ginebra sus conclusiones y recomendaciones al gobierno.