El dilema de la educación en Chile, entre las reformas y las demandas

Por Manuel Fuentes para EFE.

El sistema educativo chileno ha experimentado notables transformaciones desde que hace casi tres años los estudiantes, hastiados del modelo que en 1981 introdujo la privatización de la enseñanza, se echaran a la calle para exigir educación pública, gratuita y de calidad.

El Gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió la presidencia en 2010, sostiene que la educación está en el centro de sus prioridades para promover la igualdad de oportunidades y el progreso del país, y ha planteado una serie de reformas. “Mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación es la meta que nos ha conducido estos tres años de trabajo y que ha significado proyectos e iniciativas en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la enseñanza superior”, señalaron a Efe fuentes oficiales.

De hecho, el presupuesto en educación ha pasado de 9.348 millones de dólares en 2009 a 13.305 millones en 2013, un incremento del 42 por ciento (3.957 millones) que se ha visto acompañado de una serie de leyes que han reformado algunos de los aspectos esenciales del sistema.

Sin embargo, el Ministerio de Educación -con cuatro titulares en menos de tres años debido a la conflictividad- no ha conseguido encauzar el diálogo con las organizaciones de estudiantes de enseñanza secundaria y superior. El subsecretario chileno de Educación, Fernando Rojas, considera que las protestas estudiantiles que arrancaron en marzo de 2011 se deben a que “el país ha avanzado mucho y las expectativas han aumentado”.

“Pero en lugar de convertir la educación en una disputa ideológica, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que estamos de acuerdo”, como mejorar la calidad de la enseñanza o dotar de más presupuesto a los centros, declaró recientemente Rojas a Efe.

Para ello, el Ejecutivo y el Parlamento han aprobado diversas iniciativas, como la ley que aumenta las subvenciones escolares para las familias pobres o la creación de una Superintendencia de Educación Escolar y de una Agencia de Calidad. Asimismo, se ha aumentado la Subvención Escolar Preferencial un 20 %, se ha aprobado una rebaja del interés del Crédito con Aval del Estado, que ha pasado de un 6 a un 2 %, y se han reprogramado las deudas de 130.000 estudiantes de educación superior.

Además, media docena de proyectos se encuentran en discusión en el Congreso, como la ley que crea una subvención para los estudiantes de clase media, la que moderniza la carrera docente y la que crea un sistema único de financiación estudiantil (que excluye sólo al 10 % más rico de la población). El foco de las movilizaciones estudiantiles, que han logrado la adhesión de amplios sectores de la sociedad chilena, está puesto en la exigencia de una educación pública, gratuita y de calidad.

El descontento que se ha ido gestando a la largo de muchos años supera los avances en la financiación mediante becas y créditos, el control sobre las entidades educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza, los ejes de la acción gubernamental.

El 90 % de la educación básica y secundaria, que cuenta con 3,7 millones de alumnos, está en manos de los ayuntamientos, que reciben los recursos del Estado pero los traspasan a gestores privados o no los emplean eficientemente. Como consecuencia de ello, la educación pública, que hace tres décadas alcanzaba al 80 % de la población estudiantil, ha bajado al 40 %, en beneficio de los centros particulares subvencionados (50 %) y privados (10 %).

En tanto, la enseñanza superior registra una elevada cobertura (un millón de estudiantes en un país de 17 millones de habitantes), pero el peso de su financiación descansa fundamentalmente sobre las espaldas de las familias. La mayoría de las universidades privadas cobra de 4.000 a 6.000 dólares por año, y en muchos casos la enseñanza que imparten es de dudosa calidad, un problema al que hay que añadir que algunas de estas entidades emplean diversos subterfugios para lucrarse con la educación, pese a que en Chile está prohibido.

En opinión de algunos analistas, como Mario Waissbluth, de la Fundación Educación 2020, o María Paz Arzola, del conservador Instituto Libertad y Desarrollo, la gratuidad de la educación superior no es la panacea, sino que antes cabría plantearse objetivos como el combate a la pobreza o la mejora de la educación básica y preescolar.

Otro de los problemas que aqueja al modelo educativo chileno es la falta de comunicación entre alumnos, docentes y empleadores. Según un informe publicado por la consultora estadounidense McKinsey, especializada en problemas de administración estratégica, el 50 % de los jóvenes egresados en países cuya educación es deficiente no aplica directamente en el ámbito laboral lo que aprendió en la universidad.

Esto ha generado un debate sobre la conveniencia de acortar las carreras universitarias (el promedio en Chile es de 6,3 años), toda vez que existen planes de estudios cuyas asignaturas carecen de relevancia en la práctica. Además de ser una de las prioridades de la administración de Sebastián Piñera, el peso de la educación en el porvenir del país también se dejará notar en los comicios de noviembre próximo, como ponen de manifiesto las promesas que estos días lanzan los candidatos a la presidencia del país.