Es incomprensible que se haya generado polémica por la posibilidad de que los presos voten ya que es nuestra propia constitución la que así lo establece. En nuestras cárceles existe un universo de cerca de 13.600 personas, equivalente al 29% del total de presos, que son quienes están imputados en prisión preventiva y condenados a pena efectiva menor a 3 años que tienen derecho a votar y que hoy se encuentran impedidos materialmente del ejercicio de esta facultad. Señala la carta fundamental que la ciudadanía se pierde por una condena a pena aflictiva (desde 3 años y 1 día) y en tanto requisito para sufragar, se pierde el derecho a voto por esta circunstancia. Agrega la constitución que se suspende el derecho a voto por estar acusado de un delito que merezca esa pena. Y nada más. No se trata de otorgar nuevos derechos sino de hacer posible el ejercicio de uno reconocido constitucionalmente e impedido en los hechos.

No obstante que el gobierno lo niega ahora, probablemente ante la adversa reacción de su candidata, se señaló por la ministra de justicia que existía un proyecto de ley que se enviaría al congreso para poner remedio a este vacío legal que se arrastra por años, modificando la ley orgánica sobre inscripciones electorales, para generar un padrón especial que determinara el último domicilio válido de estas personas y la Ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios, para poder regular otras cuestiones prácticas como la constitución de mesas y vocales de mesas.
Una noticia que debiera enorgullecernos por permitirnos alcanzar altos estándares de cumplimiento de derechos humanos, justamente con un grupo humano particularmente desprivilegiado en este ámbito, causa escozor y reacciones destempladas en contra.

Y es que la noticia desnuda claramente las contradicciones de nuestra sociedad. Por un lado el aparente interés en la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos y por otro la cruda verdad de que sólo nos interesa inocuizar, hacer desaparecer a quienes son perseguidos penalmente. Ningún derecho para ellos, ni siquiera el más básico reconocimiento a su derecho a que se les presuma inocentes.

Los votos de los presos no reditúan. Dura y pura política, de aquella más despreciable; la del cálculo mezquino; la que busca al electorado impresionable y no un mejor país ni el respeto de los derechos de todos. ¿Para qué invertir en quienes no son nuestros electores ni nos interesa que lo sean?

Las expresiones de la candidata Matthei y su generalísimo Lavín los reflejan de cuerpo entero. Populismo penal para el pueblo; mano dura sin compasión ni humanidad.

Sepa la candidata de la Alianza y todos quienes han puesto el grito en el cielo por la supuesta desproporción que sería permitir que los presos votaran, que la presunción de inocencia nos protege a todos los ciudadanos y que quienes se encuentran en prisión preventiva solo han perdido su libertad -que desde luego, no es poco- y no su calidad de ciudadano ni otros derechos. Y que en el caso de penas cortas, lo que se busca es entregar nuevas oportunidades. La prioridad en una democracia debe ser tratar a nuestros ciudadanos como tales, como personas con derechos y no como basura a la que se prejuzga, discriminándolas.

Lo resuelto por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que ya ha sido señalado en ocasiones anteriores por otros tribunales, incluyendo a la CS, y que pretende en definitiva devolver el estatus de personas a muchos de quienes están tras las rejas, es justamente que es necesario ponernos al día con una situación pendiente e inconstitucional.
Qué ironía que el argumento sea la preocupación prioritaria en todo caso por el derecho a voto de quienes están en los hospitales, si ni siquiera ha existido voluntad política por entregar este derecho a quienes se encuentran en el extranjero y a quienes se les ha impedido decidir sobre su propio país durante decenas de años.

La encomiable iniciativa y preocupación que había mostrado la ministra de justicia, empujada por el Instituto de Derechos Humanos recibe el portazo de la demagogia y el exceso.

Hoy se les vuelven a cerrar las puertas a quienes tienen que vivir tras ellas.

PAULA VIAL REYNAL
ABOGADA