A principios de 2001, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, estaba obsesionado con resolver una caso. Habían pasado más de dos décadas del hallazgo de osamentas en Los hornos de Lonquén -que dejó al descubierto que 15 pobladores de Isla Maipo, entre ellos cuatro menores de edad, fueron detenidos, torturados, golpeados hasta morir y luego lanzados a unas fosas de cal en octubre de 1973- y aún no había ninguna claridad respecto de los responsables del crimen.

Caucoto no podía sacarse el tema de la cabeza. Los tribunales estaban avanzando en las indagatorias de violaciones a los derechos humanos, pero respecto de los campesinos nadie estaba cumpliendo condena, peor aún, los familiares ni siquiera habían recibido los restos que, tras ser recuperados, fueron lanzados por la dictadura a una fosa común del cementerio general.

“Tenía esa espinita clavada”, dice. Se contactó ese año con Luis Astudillo, hijo y hermano de dos víctimas, y presentó una querella que logró reabrir el caso. Pasó una década más y en 2011 se condenó a ocho carabineros por estos asesinatos. Caucoto sintió que, por fin, se había vuelto un recuerdo añejo el continuo perder en tribunales, experiencia que durante la dictadura le fue demasiado habitual.

– Muchas veces sentí orfandad en esta lucha porque los ministros de justicia eran indolentes. Ellos empezaban a musitar ‘de nuevo viene este huevón a reclamar por estos comunistas’. Eso leía clarito en sus labios. Sabía lo que venía, pero tenía que hacer el ritual de los alegatos. Entonces estábamos expuestos a una tarea de perder eternamente. Siempre nos respondían que tal persona nunca había pasado por centro de detención alguno. Seguíamos porque confiábamos en que algún día todas esas constancias iban a servir para buscar la verdad, dejar una huella de que el ministro de Interior de la época había negado una detención y entonces poder interrogarlo, aunque fuera 20 años después.

¿Y por qué elegiste ese camino ser abogado de derechos humanos en un momento en que era un riesgo representan a los perseguidos?

-Era para mí el camino correcto…el único, en realidad. Había recibido de la universidad, y por ello del esfuerzo de los trabajadores, la posibilidad de estudiar, entonces había que devolver la mano. En la Universidad de Concepción era todo gratis: la enseñanza, la comida, hasta la recreación. Era indecente hacerse el leso cuando tocaba poner el hombro.

La historia es así: Caucoto tenía 22 años el 11 de septiembre de 1973 y estaba cursando el último año de derecho en la Universidad de Concepción, uno de los centros de estudios más politizados del país y bastión del MIR. Caucoto no era mirista: era y es militante de la izquierda cristiana. Tras una larga recesión en las clases, pudo retomar su carrera en marzo de 1974. Era rector de la Escuela el profesor Vergara quien, como concesión, dejó que los upelientos que estaban por recibirse, pudieran completar sus estudios.

– En el resto de la Universidad hubo una represión inmensa. Reviso la lista de desaparecidos y hay muchos que eran compañeros míos de universidad. Años antes del golpe, vivía en un hogar universitario donde también vivía Roberto Chaer Vásquez, militante del MIR, que se fue a vivir en una población por su compromiso político. Lo mataron. El examen de grado lo di con un susto tremendo, porque quien me antecedía Jaime Jana, un radical al que lo involucraron en el secuestro de un carabinero al interior del campus, no se presentó. Mi gran ventaja para no ser perseguido es que no era un militante reconocido.

Tras hacer la práctica en Santiago, específicamente en San Miguel, Caucoto se fue ofrecer de voluntario al Comité Pro Paz, el antecesor de la Vicaría de la Solidaridad. “Recuerdo que leí que cuatro abogados comunistas estaban presentando un recurso de amparo por Luis Corvalán, que ya Bernardo Leighton había presentado recursos el mismo 12 de septiembre por detenidos. Yo también quería ser parte de esa gente con coraje, valiente. Una amiga que era asistente social me contactó con Fabiola Letelier, quien me enseñó todo. Llegué en 1976 al Comité como procurador, y empecé a reemplazar a los procuradores que salían de vacaciones. Fabiola me llevó a la justicia ordinaria, donde debía presentar denuncias por desaparecidos”.

¿Cuál fue el primer caso que te tocó representar?
– Recibí mi título en julio de 1976 y me toca el caso de Nicomedes Toro Bravo. Les digo a los ministros: la mayor prueba de que Nicomedes fue detenido por la Fach está aquí, es su hermana que también fue detenida, pero la dejaron en libertad. Los ministros le pidieron información a la Fach, y el general Gustavo Leigh responde no lo que se pregunta, sino ‘por qué este abogado acusa a la Fach’. Roberto Garretón encontró que era muy grave lo que había respondido Leigh y habló con el vicario. Me fui haciendo en ese fragor sin descanso un abogado de Derechos Humanos. Muchas veces sentí orfandad porque los ministros de justicia eran indolentes. Ellos empezaban a musitar ‘de nuevo viene este huevón a reclamar por estos comunistas’. Eso leía clarito en sus labios. Sabía lo que venía, pero tenía que hacer el ritual de los alegatos. Entonces estábamos expuestos a una tarea de perder eternamente. Siempre nos respondían que tal persona nunca había pasado por centro de detención alguno. Seguíamos porque confiábamos en que algún día todas esas constancias iban a servir para buscar la verdad, dejar una huella de que el ministro de Interior de la época había negado una detención y entonces poder interrogarlo, aunque fuera 20 años después.

EL HORROR
Hay una rutina que Caucoto instaló cuando el horror cotidiano no lo dejaba dormir: los viernes en la noche eran para una pichanga, los sábados y domingo para ir a la feria y estar con la familia. “Era la única forma de no volverse loco. Respirar un poco fuera de toda esa maldad. Era difícil desconectarse porque uno, además, queda vinculado para siempre a la familia de un detenido desaparecido aunque deje las causas y las tome alguien más. En lo del Comando Conjunto llevo ya 37 años. Recuerdo que en 1976 una señora llegó con sus dos niñitas declarar al Comité. Fui hace poco alegar con ellas dos, ya mujeres, y dije: miren, estas dos señoras eran niñas cuando desapareció su papá y siguen esperando saber qué pasó. Verlas crecer en esa espera provoca necesariamente cierta intimidad”.

¿No tenías miedo del trabajo que hacías? Estabas en una trinchera especialmente incómoda para la dictadura.

– No teníamos conciencia del riesgo. Éramos una especie de comunidad, donde todos remábamos para el mismo lado. Creía también que estábamos seguros, porque éramos de alguna manera parte de la iglesia Católica, hasta que nos dimos cuenta que la dictadura tampoco le tenía respeto a la iglesia. Creo que Pinochet subestimó a los abogados de derechos humanos. En otros países los mataron simplemente, atentaron en contra de ellos, y aquí, salvo José Zalaquett, que estuvo preso; a Garretón, que le lanzaron animales muertos, no nos acorralaron tanto. Y eso que nosotros portábamos la voz visible judicial contra la dictadura. Fuimos un instrumento de los derechos humanos. Cada vez que alegamos fue porque los familiares tenían cifradas esperanzas en nosotros. Con esta actividad judicial, se le hizo mucho daño a la dictadura, porque dejamos huellas de las desapariciones. Si hubiéramos tenido apoyo del poder judicial…

La justicia no estuvo a la altura.
No, para nada. Tengo un caso en Casablanca. Pasaron 10 años, 20 años. Ni un avance. A los 30 años recién se supo la verdad y los asesinos pudieron dejar de brindar por haber zafado. La pregunta es por qué un juez, a 30 años, logró algo que por décadas no se pudo. La tarea para que existen los jueces, es para resguardar los derechos humanos, si no lo hacen, traicionan su misión. Y eso pasó, con contadas excepciones como Jorge Dahm. El poder judicial recién comenzó a lavar su deshonra a fines de los ´90 y en especial con los jueces de dedicación exclusiva. Ahí también surgen personajes como Hugo Llanos Mansilla que les enseña a los ministros a aplicar en las causas de derechos humanos el derecho internacional, más allá de la amnistía. Pero hubo demasiado tiempo de injusticia: En el primer informe Retting de 1250 desaparecidos había 70 menores de 20 años, niños en la época. En el informe Valech hay 200 niños torturados, se usaron además armas químicas, como el gas sarín. Se usó la botulimia, se explosionó a personas, se quemaron personas, hubo una violencia sexual atroz contra mujeres y hombres, de lo que no se habla por pudor, por dolor, pero son cosas que ocurrieron, y las secuelas son espantosas. Tenemos 1400 procesos vigentes. De esos hay 40 mil procesos por tortura, y los torturados fueron muchos más.

Caucoto asegura que “todos los crímenes de la dictadura pueden ser investigados y esclarecidos, que el gran problema para conocer la verdad es la falta de la colaboración de quienes conocieron de los asesinatos y torturas y han decidido callar y de las Fuerzas Armadas “que tienen toda la información de lo que pasó y han decidido no entregarla”

– Una vez en el caso Víctor Jara no teníamos nada, nada, y yo dije frente a la prensa: me parece absurdo que no sepamos quien era el oficial a cargo del Estadio Chile. Ahí empecé a recibir llamados: ‘Abogado, yo estuve ahí, el gallo a cargo era tal’. Ese proceso, por ejemplo, se ha hecho con la omisión absoluta del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Nunca han colaborado en nada. Cuando Andrés Allamand era ministro de Defensa nos reunimos con él y nos dijo que él iba a solicitar colaboración. Al mes nos llegó la respuesta: Nadie tenía ningún antecedente. Eso es imposible.

Según Cheyre no hay más información en el Ejército sobre violaciones a los derechos humanos.
Sí la hay. Deben existir esos archivos. Sabes, yo tuve una buena relación con Juan Emilio Cheyre. Él hizo un tremendo aporte a este país. No sé si otro comandante podría reconocer que el Ejército mató a 200 personas y los tiraron al mar. Hizo el compromiso republicano de no volver a violar los derechos humanos, con todo el costo que a él le significó eso. Pero en el tema de Lejderman…

Estuvo pésimo.
Sí, no se ha manejado bien. Me dejó estupefacto que él haya dicho que no leyó el informe Retting y que no haya tenido inquietud alguna por saber qué pasó con un niño cuyos padres fueron asesinados.

La derecha tampoco ha salido bien parada: muy pocos han tenido gestos de arrepentimiento.
Sería deseable que hicieran algo. La complicidad de la derecha con la dictadura no fue pasiva, fue activa, porque justificaron las violaciones a los derechos humanos con aquello de “algo habrán hecho”. Si la derecha hubiera hecho un gesto de protesta a la dictadura, que demostrara su preocupación, los asesinatos podrían haberse terminado. No lo hicieron y esa culpa los persigue.