CDE y Servel se oponen a que personas privadas de libertad puedan votar en próximas elecciones

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Servicio Electoral hizo una inédita presentación a la justicia, con el fin de que los presos no puedan votar en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, la Corte de Santiago suspendió una audiencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se resolvería hoy el asunto, a cargo del magistrado Daniel Urrutia.

En el escrito, firmado por el titular del organismo Sergio Urrejola, se revela que todo comenzó el 7 de junio pasado, luego de una vista de rutina al penal Santiago 1 del magistrado Urrutia. Este último, terminada la revisión, envió un oficio al jefe del penal, solicitando información respecto de cuál sería el mecanismo para que las personas que se encontraban en prisión preventiva pudieran sufragar en las próximas presidenciales, siempre y cuando no estuvieran ni acusados ni condenados.

El 13 junio Urrutia envió un segundo oficio al director nacional de Gendarmería y al entonces presidente del Servicio Electoral (Servel), el general (R) Juan Emilio Cheyre, el mismo que a fines de agosto renunció a su cargo por el eventual conocimiento que tuvo de los delitos cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973, en la ciudad de la Serena, donde estaba destinado en ese año.

Decisión

Con esos documentos enviados y respondidos, Urrutia convocó a los mencionados y sumó al Ministerio Público y al Instituto de Derechos Humanos (INDH) para el 22 de agosto pasado, a una audiencia donde todos emitieron su opinión.

Urrutia resolvió que el Servel debía arbitrar las medidas necesarias para que los presos que mantienen vínculo penal con el Séptimo Juzgado de Garantía ejerzan sus derechos políticos en las presidenciales y parlamentarias próximas.

Al Servel el asunto le gustó poco y envió los antecedentes al CDE que hace unas semanas asumió el patrocinio de le entidad y presentó un duro escrito ante el pleno de la Corte Suprema pidiendo las penas del infierno para Urrutia, apuntando a la falta de constitucionalidad de la decisión del magistrado.

De acuerdo a la presentación, los presos no pueden sufragar, no porque carezcan de derechos políticos, sino porque no es posible instalar mesas especiales en los centros de reclusión, comparándolo con el voto de los chilenos que no pueden ejercer en el extranjero ni en los hospitales.

“Pues bien los hechos antes descritos constituyen una abierta infracción a las normas constitucionales y legales que establecen la separación de poderes y el principio de juridicidad”, señala el escrito del CDE, no sin antes pedir que aplique las sanciones que la autoridad “estime del caso adoptar”.

La Suprema acogió la presentación del escrito, pero remitió el documento a la Corte de Apelaciones de Santiago que esta mañana suspendió la audiencia convocada para permitir el sufragio de personas privadas de libertad.

Hay que recordar que hace algunas semanas la ministra de Justicia, Patricia Pérez reveló un proyecto para permitir el voto de los reos que no están ni acusados ni condenados. Sin embargo, desde La Moneda fue desautorizada y todo quedó en nada.

Hasta ahora no hay claridad cuál será la decisión que adoptará el pleno del tribunal de alzada capitalino con el juez Urrutia. Por lo pronto el procedimiento indica que le solicitará al magistrado una explicación por escrito, de los fundamentos que tuvo para adoptar la decisión recurrida y luego evaluará si inicia un sumario en su contra.

Vea la presentación completa