La Corte Interamericana de DDHH condenó al Estado por la ausencia de justicia para un torturado durante la dictadura

Los abogados de la ONG británica, REDRESS informaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno por el caso de un hombre, de hoy 80 años, víctima de una de torturas y exilio forzoso durante el régimen militar.

Según los abogados Karinna Fernández y Juan Pablo Delgado la Corte acogió la demanda de Leopoldo García Lucero, un chileno de 80 años, quien argumentó que 40 años después, nadie ha sido acusado formalmente o castigado por la tortura y detención arbitraria que sufrió y que Chile no inició una investigación sobre su caso hasta el 2011.

García Lucero vive en Londres con su esposa y sus tres hijas desde que fuera expulsado de Chile en 1975 y asegura que la pensión que ha estado recibiendo de Chile, como consecuencia de la pérdida de su trabajo durante la dictadura, es insuficiente para cubrir sus necesidades en el exilio.

Además, argumentó que él y su familia no han podido beneficiarse de los programas de reparación en materia de educación y salud disponibles para víctimas en Chile.

En el fallo, la Corte ordenó a Chile continuar y finalizar una investigación criminal “dentro de un plazo razonable” sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos que García Lucero sufrió entre su arresto en 1973 y su expulsión, así como compensarle con 20 mil libras por los daños morales ocasionados por la “excesiva demora” en iniciar una investigación sobre los hechos y su imposibilidad de acceder a ciertas reparaciones en Chile.

También exhorta al Estado a otorgarle una cantidad razonable de fondos para cubrir los gastos de su tratamiento en el Reino Unido por los problemas médicos y psicológicos que sufre, donde la Corte recuerda que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas exhortó a Chile a establecer acuerdos de cooperación con países que albergan sobrevivientes de tortura chilenos, de forma que éstos puedan recibir tratamiento médico adecuado.

Según los juristas, la Corte señala que “el Estado incurrió en una demora excesiva para iniciar la investigación” en el caso del Sr. García Lucero, debido a que pasaron “más de 16 años” desde que Chile supiera de los hechos en 1993 hasta que empezara a investigar en el 2011.

Los abogados agregaron que la Corte señaló que la víctima ha estado esperando a que se haga justicia en su caso durante 40 años, y que es una persona de avanzada edad con una incapacidad permanente, por lo que su situación de “especial vulnerabilidad” hace que las autoridades, que de por sí tienen la obligación de investigar actos de tortura de forma inmediata, tengan que actuar con mayor urgencia en estos casos.

La Corte también reiteró la necesidad de proveer una reparación “adecuada, efectiva y pronta” a las víctimas y señaló que Chile debe posibilitar que las víctimas interpongan reclamos sobre las medidas de reparación que hay ahora disponibles en Chile, si así lo desean.

“Nos sentimos satisfechos por el fallo, ya que reconoce que los sobrevivientes de tortura en el exilio, como el Sr. Leopoldo García Lucero, tienen el derecho a la justicia y a la reparación a pesar de estar fuera de su país y del paso de tiempo”, dijo Carla Ferstman, Directora de REDRESS.

“El fallo ofrece una esperanza a muchas personas que pueden encontrarse en la misma situación. Estas son víctimas que son particularmente vulnerables y a las que se les ha negado justicia durante muchos años” dijo la activista.

En una comunicación que exhibieron los abogados, Leopoldo García Lucero agradeció el fallo, aunque aseguró que “ninguna cantidad de dinero podrá compensarnos nunca a mi familia ni a mí por lo que hemos sufrido, pero me siento contento de que la sentencia reconozca que Chile podría haber hecho más por víctimas como nosotros. También espero que el fallo sirva para prevenir que vuelvan a ocurrir hechos como éstos en el futuro, así como que Chile encuentre y castigue a aquellos que fueron responsables de mi tortura y exilio antes de que muera, para poder ver en vida que se hizo justicia en mi caso” dijo el ex prisionero político.

Asimismo, la Corte reiteró su posición en relación al Decreto-Ley No. 2.191, conocido como Ley de Amnistía, asegurando que no debería constituir un obstáculo para investigar los hechos en el caso de este hombre o para prevenir el acceso a la justicia de otras víctimas.

Chile dispone ahora un año para cumplir con la sentencia. La Corte también ordenó a Chile publicar un resumen del fallo en su diario oficial y pidió que el fallo íntegro se publique en un sitio web oficial, accesible desde el extranjero, por un período de un año.

García Lucero era funcionario del Hipódromo de Chile, vivía en un barrio de clase media en Santiago con su mujer y sus tres hijas, y estaba ahorrando para comprarse una casa. Era miembro activo del Partido Socialista del Presidente Salvador Allende.

El 16 de septiembre de 1973 García Lucero fue arrestado y llevado al Estadio Nacional, el mayor centro de detención en Santiago, tras lo cual pasó más de un año en otros campos de concentración.

Durante su encarcelamiento fue torturado, sufriendo graves secuelas físicas y psicológicas que le dejaron permanente discapacitado. Entre ellas, perdió gran parte de sus dientes, su cara quedó desfigurada y su columna dañada.

El 12 de junio de 1975, este hombre fue expulsado de Chile por un decreto ministerial. Desde entonces vive en el exilio en Londres, junto a su esposa y sus tres hijas.